La misión de la OEA en Colombia promueve un diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN, según un informe divulgado que señaló mayor violencia entre los grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano.
RL / Idaed / Elnacional
En su último reporte semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA dijo que «continúa acompañando las iniciativas de búsqueda de acercamiento y diálogo» entre el Estado y el guevarista Ejército de Liberación Nacional, en armas desde 1964.
«En este contexto, la misión alienta a las partes a no cesar en los esfuerzos para alcanzar… una paz completa» tras el acuerdo de 2016 con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, agregó.
El presidente Iván Duque rompió en 2019 los diálogos de paz que había iniciado el ELN con su antecesor, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, luego de un ataque con coche bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.
El 31º informe de la MAPP/OEA, que abarca el primer semestre de 2021, señala que «el ELN incrementó las acciones ilegales de control social y hechos de violencia en la región del Catatumbo y el departamento de Nariño», fronterizos con Venezuela y Ecuador, respectivamente.
También destacó acciones del ELN en los departamentos de Antioquia, Arauca y Norte de Santander, estos dos últimos también limítrofes con Venezuela, donde de acuerdo con el gobierno de Duque se refugian grupos armados colombianos con el beneplácito de las autoridades venezolanas.
El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 integrantes armados, según Indepaz, un centro de estudios independiente, y 5.000 entre miembros armados y milicias, según fuentes oficiales.
Pero el ELN no es el único grupo armado ilegal que opera en Colombia, un país sacudido por un conflicto interno que por más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, grupos paramilitares, bandas criminales y agentes estatales.
«Persisten enormes desafíos»
La MAPP/OEA dijo que «observó con preocupación» el «fortalecimiento» del ELN, así como de grupos disidentes de las FARC y del Ejército Popular de Liberación, desmovilizado en 1991, y de bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo y Los Caparros.
«Persisten enormes desafíos» por la pugna de estas organizaciones por controlar «corredores» para las rentas del tráfico de drogas, el contrabando y la extracción ilícita de yacimientos mineros, sostuvo.
Además, dijo que la población civil sigue siendo víctima de hechos violentos perpetrados por los grupos armados ilegales, «ya sea por enfrentamientos entre ellos que generan desplazamientos forzados o confinamientos, o por acciones ligadas al interés de estos grupos por mantener su control territorial, económico y social».
La MAPP/OEA subrayó que persiste el reclutamiento forzado de menores, y los casos de violencia contra las mujeres, como feminicidios, desapariciones forzadas, tortura, trata y persecución.
También destacó que, aprovechando el duro impacto económico de la pandemia de covid-19, grupos armados ilegales financiaron en algunas zonas del país la producción de cultivos ilícitos. Esto lo hicieron, por ejemplo, el ELN en Norte de Santander y disidentes de las FARC en FARC en Nariño.
«Dicha estrategia ha implicado un mayor control social de los grupos armados ilegales sobre las comunidades», advirtió el informe.
Los narcocultivos han alimentado desde hace décadas el conflicto armado en Colombia, principal productor de cocaína del mundo según la ONU.
Por otra parte, la MAPP/OEA alertó sobre «amenazas» en Colombia para la participación ciudadana, llamando a las autoridades a reforzar las garantías electorales y de seguridad.
El gobierno de Duque renovó en octubre hasta 2025 el mandato de la MAPP/OEA, creada en 2004 para monitorear y acompañar la implementación de la paz en Colombia.
