El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) ha imputado, en lo que va de año, a 533 funcionarios públicos y 20 colaboradores por violaciones a los derechos humanos, siendo la cifra más alta en comparación con años anteriores.

Idaed / Vtv

Desde la sede del MP, en la ciudad de Caracas, en rueda de prensa, el fiscal resaltó que “esta cifra habla por sí misma del esfuerzo y dedicación por parte del Ministerio Público y órganos auxiliares de justicia, para castigar estos casos lamentables”.

Asimismo, indicó que, a partir de agosto de 2017, se ha imputado a 1.403 funcionarios y 60 colaboradores para un total de 1.463 de personas, por cometer abusos y violaciones a los derechos humanos.

En tal sentido, enfatizó que, durante el año 2022, han sido acusados 398 funcionarios y 34 civiles colaboradores para un total de 432 acusados, “lo que es también las cifras más alta desde nuestra llegada a Ministerio Público”, agregó el Fiscal General de la República.

En relación a estas acusaciones, precisó que desde el año 2017 se han procesado a 1546 funcionarios y 81 civiles, para un total de 1.627 acusados.

Con respecto a los funcionarios que han sido privados de libertad en el año 2022, indicó que han sido detenidos 181 funcionarios y 8 civiles por violaciones a los derechos humanos. Y, desde 2017, las cifras de privados de libertad alcanzan los 769 funcionarios y 39 civiles para un total de 808.

En cuanto a los funcionarios condenados, comunicó que el MP ha logrado penar a 64 funcionarios y 19 civiles para un total de 83 sancionados.

En total, los condenados desde 2017 alcanzan un total de 358, de los cuales 261 eran funcionarios que violaron los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

“Estas son cifras incuestionables que revelan el trabajo, diligencia, investigación y que expresan, de manera contundente, que muchos de los informes de algunos organismos, que no vale la pena mencionar, son parte del expediente conocido como lawfare (guerra de la ley). Es decir, el uso abusivo de la ley para judicializar a autoridades que resultan incómodas para los centros de poder del mundo”, opinó.

Durante las declaraciones ofrecidas, Saab recordó que el año pasado fue creada la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos, para garantizar que aquellas personas que necesiten denunciar una presunta violación a sus DD. HH. , reciban una atención multidisciplinaria que incluye la recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial, y de ser necesario, el otorgamiento de medidas de protección.

Finalmente, felicitó la actuación de los fiscales, el trabajo de los órganos auxiliares de justicia y el Poder Judicial, por defender los DD. HH. de los venezolanos.