Con estas cifras, el 2021 acumula 189 violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año, pertenecientes a 99 casos, entre las que destacan al menos 19 detenciones.

EB / Idaed / albertonews

En mayo se registraron 36 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 23 casos, entre los que resaltan la intimidación, censura y amenazas. La mayoría de las víctimas son periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general; y los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios.

Con estas cifras, el 2021 acumula 189 violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año, pertenecientes a 99 casos, entre las que destacan al menos 19 detenciones, números que evidencian una escalada en los niveles de violencia que buscan silenciar a los ciudadanos en el disfrute de su derecho a buscar, recibir y difundir información.

Impedir las coberturas es un patrón frecuente que dificulta la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener información veraz sobre lo que sucede en las calles. En Caracas, un grupo de colectivos armados robaron e intimidaron al reportero de Caraota Digital, David Rodríguez, y a su motorizado, cuando intentaban cubrir una protesta por abastecimiento de gasolina en la bomba Texaco en la parroquia Caricuao.

Rodríguez llegó al sitio con su compañero y posteriormente fueron abordados por unos cinco motorizados con sus respectivos parrilleros, quienes los conminaron y quitaron el teléfono, el cual pudo recuperar tiempo después con algunos daños.

También en Caracas, un grupo de adeptos al gobierno robaron a la periodista de Testigo Directo, Rosalí Hernández, luego de la cobertura de la protesta en el Consulado Colombiano, en Caracas, el viernes 7 de mayo.

Durante la protesta, Hernández registró un enfrentamiento entre las personas que manifestaban en la sede consular. Un grupo de aproximadamente diez personas la rodearon preguntándole para qué medio hacía la cobertura y que en dónde lo publicaría. Mientras eso sucedía, sustrajeron sus documentos personales y todo lo que estaba dentro de su bolso.

En el estado Zulia, un efectivo de la Guardia Nacional (G) intimidó a los periodistas Edwin Prieto de Todos Ahora; y a Madelyn Palmar de Unión Radio, cuando intentaban cubrir una protesta del Movimiento Estudiantil Zuliano en la avenida La Limpia el lunes 24 de mayo.

El secretario de Gobierno del estado Carabobo, Jesús París, impidió que la prensa tomara declaraciones durante una protesta de maestros ocurrida en la sede de la Gobernación, el pasado 11 de mayo.

La agresión ocurrió cuando El Carabobeño, TV Venezuela y Vivo Play entrevistaban a Luis Guillermo Padrón, el vocero del Sindicato Maestros del estado Carabobo, a propósito de la entrega de una carta a las autoridades regionales en la que exigían el respeto a sus derechos laborales.

Limitaciones en internet
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro, advirtió la caída del servicio de Internet en los estados; Táchira, Guárico y Miranda el pasado 4 de mayo. Un apagón de más de 12 horas fue la causa de la falla en el servicio.

Los estados más afectados por la falta de conectividad fueron Táchira en 41%, Guárico en 68% y Miranda en 69%. Sin embargo, otros estados también se vieron afectados en menor medida: Mérida, Aragua, Carabobo, Miranda e incluso, la Gran Caracas.

Estas pérdidas de conexión implican la imposibilidad de acceder a la información, buscarla, o comunicarse a través del servicio que presta esta empresa del Estado y también configura violaciones a la libertad de expresión; pues afecta numerosos derechos humanos en un contexto de pandemia con cuarentena impuesta por el Gobierno.

Persecución contra los medios
El pasado 14 de mayo, el Tribunal Cuarto del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida de embargo ejecutivo contra la sede de El Nacional.

Funcionarios de la GN tomaron la sede del diario ubicada en Los Cortijos, Caracas, y pegaron la orden de embargo en una de las ventanillas de la caseta de vigilancia que permanecía vacía al igual que el resto del lugar.