Del 11 al 23 de mayo en Lara han resultado detenidos 32 personas por protestar ante las fallas de los servicios públicos y por hambre, entre las que se encuentran 5 adolescentes.

En detalle son 14 en Carora, 13 en El Tocuyo y 5 aprehendidos en Iribarren según el conteo que realiza la organización de derechos humanos Foro Penal en el estado.

Tanto abogados defensores como la Red de Derechos Humanos (DD.HH), coinciden en que las detenciones fueron arbitrarias, se aplicó tortura y los delitos imputados carecen de pruebas suficientes para mantenerlos privados de libertad.

El caso más reciente ocurrió el 20 de mayo en la urbanización Antonio José de Sucre, conocida como «La Sucre», en Barquisimeto. Cinco jóvenes fueron sacados de su residencia a las 3 de la tarde sin orden de allanamiento.

Fotografías y videos que se hicieron viral en redes sociales, captaron el momento en que funcionarios de las FAES, se llevaron a los hermanos Naudy (33) y Aaron Atacho (23), Fabricio Ojeda (21), Pedro Zambrano (38) y Giovanny Meza (23), descalzos y sin camisas, ante la mirada aterrada de sus vecinos.

«Violaron su residencia. Las fotografías y videos que circularon dan muestra de eso y en el expediente colocaron que fueron detenidos en flagrancia porque cerraron una vía pública, pero no hay prueba visual de que se haya dado ese cierre.

Presumir que van a manifestar no es un delito», afirmó Abrahán Cantillo coordinador de Foro Penal en Lara.

En esta zona sus habitantes tenía una semana protestando con cacerolas por los cortes eléctricos de hasta ocho horas que aplican todas las noches.

«Uno de los detenidos fue torturado (Meza), y así lo denunció en la audiencia de presentación. El joven es una persona con discapacidad, le falta su mano izquierda y es paciente epiléptico.

Cuando fue sacado de La Sucre a la sede de las FAES en Santa Rosa, contó que los funcionarios comenzaron a golpearlo, él les dijo que no lo golpearan en la cabeza porque convulsiona, y se ensañaron a pegarle en las costillas. Eso lo relató en la audiencia donde convulsionó frente al juez.

Tras revisión en medicatura forense se determinó que Giovanny tiene cinco costillas fracturadas», informó Henderson Maldonado abogado de Movimiento Vinotinto, una de las organizaciones que lleva el caso.

A Meza y los otros cuatro jóvenes le imputaron los delitos de instigación a delinquir, detentación de objetos incendiarios, obstaculización de vías públicas y asociación para delinquir y los mantienen encarcelados las FAES.

«El gobierno en cuarentena ha aplicado políticas represivas de magnitudes desproporcionales por exigir servicios públicos caceroleando o en redes sociales, pero el patrón de comportamiento del régimen es que cada día se vuelve más violento.

Le ha declarado la guerra al pueblo», expresó Nelson Fréitez, coordinador de la Red de DD.HH en el estado cuando define esta nueva forma de represión.

Fréitez destaca que el expediente de los detenidos de La Sucre, las FAES aplicó las detenciones porque «patriotas cooperantes», denunciaron a los jóvenes de participar en hechos delictivos, sin una investigación previa para determinar tal acusación.

«El gobierno ha activado la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) contra los vecinos de La Sucre, donde la figura de «los sapos de la cuadra» o los patriotas cooperantes, buscan fracturar a la comunidad, desencadenando un sentimiento de odio que de no controlarse puede ocasionar una escalada violenta por venganza», manifestó.

En La Sucre desplegaron más de 200 funcionarios con equipo antimotín y sometieron a la gente a la tortura de unas sirenas mientras ejecutaban el procedimiento», aseveró.

Alfonso Maldonado, sacerdote y coordinador de la Vicaría de DD.HH, catalogó de «abominable», los hechos en «La Sucre», y las otras 27 detenciones que se han aplicado en municipios foráneos de la entidad larense.

«Incurren en abuso de autoridad, no es posible que desplieguen a un ejército contra los ciudadanos, pretenden aplicar un toque de queda, pero hacen que las comunidades actúen como una olla de presión, porque los problemas por las fallas en el servicio de electricidad no es solucionado.

No pueden culpar a las sociedad por protestar en cuarentena cuando los principales culpables son quienes detentan el poder, quienes no han invertido en recuperar el Sistema Eléctrico», mencionó.

Maldonado cuestionó el «ensañamiento«, que a su juicio han tenido contra los habitantes de La Sucre.

«Ha sido una acción ejemplar, porque los han venido atacando, acosando y torturando desde 2017 por protestas políticas, pero siguen denunciando, esto evidencia que la gobernadora Carmen Meléndez no vela por espacios de diálogo», dijo.

Idaed