El coronavirus ha puesto de cabeza al crimen. Pero medir su efecto no ha sido sencillo, y predecir el impacto que tendrá puede ser aún más complejo.

El virus ha tenido efectos muy distintos en toda la región. Por un lado, el crimen bajó. Las estadísticas regionales durante el confinamiento muestran una caída global de la criminalidad en toda Latinoamérica.

Además de los homicidios, con estadísticas menos claras, los casos de robos, atracos y asaltos parecen tener un descenso abrupto. La capital de Argentina, Buenos Aires, reportó una caída de 90 por ciento en los delitos callejeros a mediados de abril, por debajo de un promedio de 225 casos a solo 30 diarios.

Pero aunque el crimen pueda haber bajado de manera general, la iniciativa criminal ha logrado aprovechar la menor presencia policial, pues los agentes están ocupados haciendo frente a otras consecuencias del coronavirus.

En Ecuador, por ejemplo, casi 250 agentes de policía y soldados se habían infectado con el virus a mediados de abril, mientras muchos de sus compañeros se ocupaban en atender los cientos de muertos en un país devastado.

A nivel regional, la imposición de las medidas de cuarentena ha monopolizado numerosos recursos de seguridad de los estados.

Al mismo tiempo, algunos traficantes han mantenido su actividad. Decomisos en Ucayali, Perú, indican que los cargamentos de cocaína siguen moviéndose a lo largo de las fronteras de Perú con Brasil y Bolivia.

Grandes incautaciones en abril muestran también que aún se mueven toneladas de narcóticos por mar y aire, aun cuando las fronteras terrestres tienen mayor vigilancia.

Las tasas de homicidios —barómetro tradicional en épocas normales para medir la actividad criminal predatoria— son aún más difíciles de estimar. En algunos países de Latinoamérica, los homicidios se han mantenido constantes. En otros, se han reducido considerablemente.

 Coronavirus y crimen organizado

Solo después de una caída registrada de los homicidios en marzo en Honduras, los residentes del centro industrial de San Pedro Sula, al norte del país, presenciaron dos masacres en menos de 24 horas, el 13 de abril, supuestamente por una guerra por el control territorial entre las pandillas.

En todo México, las autoridades registraron 105 víctimas de homicidio el 19 de abril, la fecha más violenta de 2020 hasta el momento.

En el vecino El Salvador, las autoridades registraron dos días consecutivos sin un solo homicidio, el 24 y 25 de marzo, antes de una avalancha de por lo menos 76 asesinatos entre el 24 y el 27 de abril. Las autoridades de Rio de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, también han documentado una considerable reducción de los homicidios en medio de las órdenes de confinamiento del gobierno estatal.

Los grupos criminales han respondido de diferentes maneras al coronavirus desde que la pandemia arribó a la región a finales de febrero. Por ahora, es demasiado pronto para decir cuál será el impacto exacto de la pandemia global en las tasas de homicidios, aunque las cuarentenas nacionales ordenadas para intentar protegerse del virus parecen estar disminuyendo los índices de criminalidad debido a la menor circulación de personas.

Lo que se sabe es que la falta de condiciones de higiene y la sobrepoblación significan que el coronavirus podría regarse como pólvora en muchas prisiones de Latinoamérica. Los presos preocupados reaccionaron en consecuencia, con motines en Brasil,  Colombia, Venezuela, Argentina y Perú, entre otros.

Varios países han dictado prisión domiciliaria para miles de presos que pertenecen en su mayoría a poblaciones en riesgo y que no cometieron delitos violentos.

Dada la violencia causada por el hacinamiento, los sistemas carcelarios pueden optar por no devolver a esos detenidos a la prisión después del brote de coronavirus, aunque vigilar a tantas personas en prisión domiciliaria pueda resultar desafiante.

Los desórdenes por el coronavirus también han sido respondidos con represión brutal. Recién en la última semana de abril, se abrió una investigación luego de que se encontrara a un preso muerto por arma de fuego en una prisión de Buenos Aires, Argentina, mientras que otros tres reclusos resultaron muertos durante una confrontación con las fuerzas de seguridad en una cárcel peruana. 

Sin embargo, aun en este caso, se desconoce cómo las pandillas carcelarias sacarán provecho de esta situación.

En Brasil, grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho) han tratado de imponer medidas para contener el virus, pero eventualmente podrían usar esto como forma de presión con el gobierno para asegurarse mayor control dentro de los centros penitenciarios.

Más aún, parte de lo que sucede en las prisiones tiene relación con lo que pasa con los sistemas judiciales en general. El gran porcentaje de detenidos en prisión preventiva en muchas cárceles latinoamericanas ha contribuido a la extrema sobrepoblación y generado problemas de seguridad.

Como consecuencia del coronavirus, algunos gobiernos han suspendido la mayoría de casos judiciales e impuesto otras restricciones en su intento de combatir la propagación de la enfermedad, sin ofrecer alternativas a quienes aún no tienen condenas en firme ni a quienes se encuentran privados de la libertad por delitos menores o no violentos.

El coronavirus y la gobernanza criminal en América Latina

Por ahora no puede medirse el impacto de estos cambios en el sistema, pero los procesos, en algunos casos de alto perfil, se han aplazado. En Estados Unidos, por ejemplo, al exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández se le aplazó por cuarta vez el pronunciamiento de su sentencia, hasta el 29 de junio. En octubre de 2019, fue declarado culpable de tráfico de drogas.

Otros países como Ecuador, Bolivia y Argentina experimentan con audiencias judiciales virtuales para detenidos en prisión preventiva, pero la falta de acceso a la tecnología para quienes enfrentan cargos y otras barreras hacen de esta una solución difícil de implementar a gran escala.

Queda por ver cómo seguirán reaccionando los gobiernos de la región, pero las demoras judiciales pueden llevar a que un sistema penitenciario ya incapacitado se desborde y reviente.

Insightcrime