Este martes el Poder Legislativo aprobó por unanimidad la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, propuesta que surge desde la Asamblea Nacional (AN), con el objetivo de promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de los estudiantes de liceos y escuelas a los fines de defender, proteger y garantizar la formación como derecho humano.
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Además, garantiza el derecho de la juventud estudiantil a organizarse en los consejos estudiantiles, sin menoscabo de otras formas organizativas.
“Queda aprobada por unanimidad esta Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, en consecuencia se declara sancionada la ley y se remite al Ejecutivo Nacional, a los fines de su promulgación según el Artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “, expresó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras la discusión punto por punto del articulado.
Asimismo, el presidente del Poder Legislativo felicitó a los millones de estudiantes de educación básica que participaron activamente en la consulta, discusión y ordenación del articulado para la inclusión, participación y enaltecimiento de la vida estudiantil.
Posteriormente, hizo entrega de la nueva legislación a estudiantes de educación media que estaban como invitados de honor “servirá para asignar espacios de participación y organización de cada estudiante de escuelas y liceos”.
Previamente, el presidente de la AN recibió a los invitados especiales, estudiantes de todos los niveles y la Coral de la U.E. Francisco Pimentel en el Palacio Federal Legislativo, quienes celebraron la aprobación unánime de esta nueva legislación que protege los derechos de los alumnos y alumnas de Venezuela.
La ley consta de 22 artículos y fue aprobada tras la consulta pública realizada en todo el país. Inicialmente, el proyecto fue presentado en su oprotunidad por la diputada Eirimar Malave “esta ley busca defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano y deber, así como en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de educación, de conformidad con lo establecido en la Carta Magna”.
