Un empresario acusado por la justicia de Estados Unidos de corrupción bajo sospecha de que pagó sobornos para obtener contratos inflados de PDVSA murió en Venezuela tras recibir varios impactos de bala, en lo que las autoridades policiales sospechan fue un asesinato profesional.

El empresario italo-venezolano Leonardo Santilli, quien enfrentaba cargos en la corte federal del Distrito Sur de Florida, fue ultimado cuando se encontraba dentro de una camioneta Toyota 4Runner en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la ciudad de Lecherías, estado Anzoátegui, en el oriente del país.

Según versiones de prensa local, el homicida se trasladaba en una motocicleta y tras detenerse cerca de la camioneta efectuó ocho disparos contra el empresario, antes de darse a la fuga. Personas en las inmediaciones intentaron en vano brindar asistencia al malherido empresario, trasladándolo hasta un centro de salud.

El homicidio está siendo investigado por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sin que hasta el momento hayan declarado las causas del crimen. Las características del asesinato, sin embargo, apuntan a que Santilli fue víctima de un sicario, dijeron fuentes policiales a la prensa local.

El empresario venezolano había sido acusado de corrupción bajo sospecha de que pagó sobornos para obtener contratos inflados de filiales de Petróleos de Venezuela y de luego lavar millones de dólares en ganancias a través de bancos y propiedades del Sur de Florida.

Según las investigaciones, Santilli obtuvo al menos $146 millones tras presuntamente pagar sobornos para obtener contratos inflados de las filiales de PDVSA por productos a ser adquiridos en Estados Unidos.

Las investigaciones determinaron que Santilli, a través de compañías registradas en Estados Unidos, cobraba un sobreprecio de hasta 300 por ciento por los productos comprados a firmas norteamericanas legítimas.

“Los registros bancarios muestran que las compañías del acusado utilizaban menos de un tercio de los fondos (obtenidos de las filiales) para realizar las compras”, explica la acusación presentada en la corte federal de Miami.

“El resto de los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales, o corporativas, o de su familia, o a cuentas de fideicomiso o de compañías de maletín o a las cuentas de varios individuos venezolanos sin una conexión obvia con los negocios de las compañías del acusado.”

En una de las operaciones citadas en la acusación, Santilli obtuvo un contrato de $9.3 millones de la filial de PDVSA Petropiar para adquirir diez equipos petroleros conocidos como hawkjaw que el acusado adquirió pagando solo $2.5 millones.

“Las compañías del acusado le cobraron a Petropiar casi cuatro veces el precio básico. Los investigadores contactaron al fabricante que suministra los hawkjaws y la compañía indicó que ellos habrían suministrado los equipos directamente a PDVSA”, agregó el documento.

El acusado tenía dos compañías en Estados Unidos, SGO Group Corp y A&M Support Group Inc. La primera tiene como dirección una oficina virtual ubicada en Weston y la segunda una vivienda en el sur de Miami.

En Venezuela, el empresario controlaba las compañías Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A.

Las autoridades estadounidenses han confiscado o congelado más de $450 millones derivados de los casos de corrupción o lavado de dinero presentados en la corte federal de Miami contra magnates venezolanos o contra socios del régimen de Nicolás Maduro, según datos de la propia fiscalía.

Los fondos confiscados han ido a parar a una cuenta bancaria controlada por el gobierno de Estados Unidos. Washington se ha comprometido a ayudar al pueblo venezolano a salir de la dictadura de Maduro, pero aún no está claro si los fondos de la corrupción chavista serán devueltos al país sudamericano una vez que este recupere su democracia.

elnuevoherald