El Foro Penal de Venezuela, en su conteo, destaca que de las 110 personas a los que el régimen de Nicolás Maduro otorgó «indultos» sólo el 28% estaba encarcelado por razones políticas.
Alfredo Romero, director de esta ONG informó que fueron liberadas 50 personas que permanecían en centros penitenciarias o calabozos policiales o militares, lo que representa tan sólo el 13% del total de presos políticos que esta ONG contabiliza desde 2003. Es decir, de 386 privados arbitrariamente, siguen tras las rejas 336 ciudadanos.
Romero precisó que 37 personas de los 110 indultados, jamás fueron presentadas ante un tribunal o se inició un juicio para comprobar la existencia de los delitos a los que se les responsabilizaba. En este grupo se incluyen a 22 diputados que tenían su inmunidad parlamentaria allanada, están en el exilio o la clandestinidad.
Además 16 personas de los beneficiados tenían medida cautelar, y 7 ya gozaban de libertad plena. Desde el Foro Penal destacan que en la lista no hay ningún militar indultado, a pesar que existen 126 funcionarios castrenses presos, que han sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos Contra el Decoro Militar.
Los de mayor rango y quienes ostentaron altos cargos en el gobierno son el general en jefe, Raúl Baduel, arrestado el 13 de abril de 2009 y quien desde 2017 está recluido en La Tumba del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Fue ministro de la Defensa en el gobierno de Hugo Chávez, y el mayor general en jefe Miguel Rodríguez Torres, detenido el 13 de marzo 2018, encarcelado en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, fue ministro de Interior de Chávez y Nicolás Maduro.
«El indulto corresponde de acuerdo a la ley, a personas que han sido condenadas, por lo tanto el gobierno no puede indultar jamas a una persona que jamás ha estado en un tribunal», acotó Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal en Lara, quien espera que el decreto sea publicado en Gaceta Oficial para conocer con exactitud las condiciones jurídicas en las que están siendo liberadas estas personas.
Carlos Luna, internacionalista, explicó que la medida presidencial tampoco puede considerarse como un «sobreseimiento», porque según el Código Orgánico Procesal Penal, este se aplica cuando la causa se cierra por falta de pruebas. «Se da cuando no se tienen elementos de convicción para juzgar a una persona, razón por la cual la persona puede mantener sus derechos políticos.
Yo lo que siento es que esto es un intercambio de fichas, es un secuestrador que libera rehenes en función de ganar tiempo para mantenerse en el poder», argumentó, al sostener que el propósito del gobierno también es intentar legitimar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que han sido cuestionadas internacionalmente.
Idaed
