El 20 de febrero el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antes conocido como Policía Técnica Judicial (PTJ) y en sus orígenes como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), celebró el Día del Investigador del Crimen por la función de ser el encargado del esclarecimiento científico de los delitos con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes.
RL / Idaed
Los funcionarios de dicho cuerpo especial, son formados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Su actual director es el comisario general Douglas Rico., quien dijo: “Celebramos el día del Investigador del Crimen, para enaltecer la labor de nuestros funcionarias y funcionarios que a diario salen a entregar su vida por la seguridad y el amor a nuestra patria”,
La historia de este organismo se remonta a mediados del siglo XX. El 20 de febrero de 1958 el presidente de la Junta Cívico-Militar de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal, decidió la creación de un cuerpo policial dedicado a la investigación de los diversos crímenes mediante el decreto N° 48 de la Junta, además de establecer su función como auxiliar del Poder Judicial, con el nombre de Policía Técnica Judicial. La Ley de Policía Judicial del 8 de julio de 1975 estableció su estructura y organización institucional, pero fue posteriormente sustituida por la Ley de Policía de Investigaciones Penales del 11 de septiembre de 1998.
Eventualmente se promulgó de la constitución de 1999, que estableció en su Artículo 332 la necesidad de crear un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Tal denominación pasó a sustituir a la de Policía Técnica Judicial. En 2001 comenzó una reforma a la estructura y organización del organismo, el cual se delimitó finalmente en 2003.
Principios
En el capítulo tercero de la Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina Forense3 se establece una serie de principios generales, los cuales deben orientar a los funcionarios en el desarrollo de las investigaciones, a saber: celeridad, eficiencia, cooperación con otros organismos de seguridad del Estado, igualdad, imparcialidad, proporcional, legalidad, participación ciudadana, apego a los derechos humanos y al debido proceso.
