El diputado Julio Montoya solicitó a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela abrir una investigación sobre varios casos de corrupción entre ellos uno vinculado al Barnett Capital Bank, propiedad de los venezolanos Rodrigo Fernando Tinoco y Carlos René Colomidio Finol, cuya sede está en la isla Dominica.
El parlamentario indicó que la información se desprende de un trabajo de investigación realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativo, conocida con sus siglas en inglés como ICIJ.
Montoya señaló que la entidad bancaria Barnett Capital Bank fue socia del Banco Davos, con sede en Antigua. Afirmó que en ese banco, Juan Méndez, ejecutivo de PDVSA, recibió $5 millones para facilitar el manejo del Fondo de Pensiones de los extrabajadores de la empresa petrolera a Francisco Illarramendi, “caso que ya conoce este parlamento”, acotó.
“En este pequeño banco, PDVSA mandaba a depositar dinero, por ejemplo, de la demanda que hizo Energy Coal Spa, empresa italiana que trato de vender el Coque a cambio de la construcción de viviendas en Los Valles de Tuy, pero esta se encarga es de la extracción y venta de carbón y de energía sólida”, señaló.
Otro de los casos expuesto por el diputado, fue el referente al banco Meinl Bank en la isla Antigua, “un banco extraño que compró Odebrecht para pagar sobornos y es donde se llega al nombre de Luis Eduardo Roche, que a través de su testimonio se demuestra la participación en la corrupción venezolana.
Gracias a esa investigación, se descubre el pago de comisiones que le hace Luis Delgado al exministro Haiman El Troudi o para su grupo familiar en Suiza, a través de este banco”, indicó.
Una ley que permite “seguir robando”
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela discutió este martes un proyecto de acuerdo en rechazo a la llamada “ley anti bloqueo”, que el régimen de Nicolás Maduro pretende imponer a los venezolanos.
El diputado Alfonso Marquina señaló que “la ley dice, usted puede saquear a Venezuela, puede seguir robando a los venezolanos y no tiene la obligación de rendirle cuenta al pueblo de Venezuela, ni a este parlamento, ni a ningún poder constituido, esto tiene que ser rechazado”.
Agregó que la ley desconoce el artículo 150 de la Constitución de Venezuela cuando establece que se puede “contraer cualquier contrato de interés público sin el control parlamentario”.
Además, Marquina alertó que se echa por tierra el principio constitucional de la unidad del Tesoro al permitir la creación de “especies de cuentas” adicionales al Tesoro nacional “para manejar lo que él llama los ingresos adicionales, de manera discrecional”.
Asimismo, el diputado sostuvo que se quiere “liquidar la garantía constitucional” del artículo 314 de la Carta Magna, que establece que en Venezuela “no se puede emitir ningún gasto que no esté previsto en nuestra ley de presupuesto y todo esto, dentro de un marco que llama confidencialidad”.
