El canciller Yván Gil indicó que el personal adscrito a la referida oficina tiene 72 horas para abandonar el país hasta tanto rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista y abusiva
El canciller de la República, Yván Gil, ofreció una rueda de prensa para anunciar la decisión del Gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.
El canciller, quien leyó el comunicado oficial que explica las razones del Ejecutivo para tomar la decisión, manifestó que la oficina “ha sido instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del Gobierno Bolivariano y en contra del pueblo de Venezuela”.
Venezuela seguirá cooperando
Por lo tanto, -dijo- se llevará a cabo, en los próximos 30 días, una revisión integral de los términos de cooperación suscritos específicamente con la oficina y se solicita al personal adscrito que abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
“Es una decisión administrativa que suspende la colaboración y funcionamiento de esta oficina, porque se ha desviado de su mandato”, dijo el canciller al destacar que Venezuela seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.
Asimismo, dijo que “Venezuela seguirá interactuando con todas las instancias internacionales que se dedican verdaderamente a la protección de los derechos humanos, seguirá cumpliendo sus compromisos como miembro de Naciones Unidas y como promotor de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en todas sus partes, sin titubeo, Venezuela no tiene doble rasero”.
Bufete de grupos golpistas y terroristas
El comunicado leído por Gil señala que la decisión “es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Asimismo, el texto destaca el llamado de Venezuela a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, y reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Oficina en Caracas
Previamente, Gil recordó que la cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos comenzó el 20 de septiembre del 2019, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, tras la cual se acordó instalar en Caracas una oficina para mostrar al mundo los avances de los derechos humanos en Venezuela y mostrar también el estricto cumplimiento del respeto de Venezuela a los derechos humanos.
La oficina cuenta con trece funcionarios, a quienes -explicó el canciller- se les ha brindado la mayor de las colaboraciones. “Acceso a las instancias del Poder Público, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la justicia, a la Fiscalía, sin restricciones de ningún tipo”.
Resolución 48-141
Precisó que uno de los puntos violados en repetidas ocasiones por la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, es el referido al respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados, establecido en la Resolución 48-141.
En este sentido, Gil dijo “es público y notorio” a través de muchos comunicados, declaraciones y opiniones de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU en el país, de presiones que “buscan crear una especie de tutela en instituciones del poder público, como la Fiscalía, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional y los tribunales.
“Esto sencillamente en ningún Estado es tolerable, porque nosotros somos parte de Naciones Unidas, y esta oficina sigue un mandato de los Estados que forman parte de Naciones Unidas”, señaló el canciller.
Al respecto, dijo que la oficina “no puede ampararse en opiniones personales y subjetivas sobre hechos determinados que pongan en tela de juicio el correcto accionar de las instituciones”.
Cuestionó el doble rasero de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU, “que solo apoya a la extrema derecha y protege a personas que han intentando subvertir el orden constitucional y generar violencia generalizada en Venezuela”.
El canciller aseguró que el país demostrará ante el mundo que las acciones de la extrema derecha atentan directamente contra los derechos humanos de los venezolanos.
Estado en defensa de los derechos del pueblo
Gil recordó que en nombre de la bandera de los derechos humanos se han desarrollado campañas en contra del Gobierno de Venezuela, que no han dado tregua desde 1999.
“Venezuela en estos 25 años ha consolidado un Estado revolucionario en defensa de los derechos del pueblo, y ese Estado da garantías totales a la protección de todas y todos los venezolanos en sus derechos integrales” añadió.
A continuación el texto íntegro del comunicado
La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.
Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad.
Frente a este impropio actuar, las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la Oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional, que sin condenar estos hechos ni solicitar un alto al fuego inmediato, se mantiene pávida e inerte ante el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.
En cambio, esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones.
Con este desempeño, propio de las fórmulas de colonialismo judicial, la Oficina del Alto Comisionado no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino, además, incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de “respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados”.
Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.
Caracas, 15 de febrero de 2024
