Venezuela perderá a Citgo a finales de este mes y las acciones de la refinadora estadounidense quedarán en manos de la estatal rusa Rosneft y de otros financistas del régimen de Nicolás Maduro salvo que el Departamento del Tesoro decida interceder, dijeron fuentes cercanas a la situación.
La transferencia de propiedad será provocada por el esperado incumplimiento en el pago de $913 millones de dólares de un bono de Petróleos de Venezuela que vence el 27 de octubre. Los tenedores de deuda tienen el derecho de asumir control del 50.1 por ciento de las acciones de Citgo colocados en garantía por Maduro para esa emisión (el bono 2020 de PDVSA) gracias a una licencia que les libra de las restricciones que representan las sanciones.
Esa licencia fue originalmente otorgada por el Tesoro para seguir acorralando financieramente a Maduro, pero ahora que el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó está en control Citgo, la medida solo amenaza la propiedad de una compañía vista como vital para la futura recuperación de la quebrada Venezuela, dijeron las fuentes de Citgo que hablaron bajo condición de anonimato.
“O el gobierno de Estados Unidos retira su licencia, en cuyo caso los tenedores de bono no podrán ejecutar sus remedios sobre las garantías en cuestión, o los tenedores de bonos, a partir del 28, tendrán el derecho de romper el vínculo entre Citgo y el gobierno de Venezuela”, dijo a el Nuevo Herald una de las fuentes de Citgo cercanas al caso.
“Ni el gobierno de Guaidó, ni el Gobierno de Maduro, tendrán la capacidad de controlar a Citgo en ningún respecto”, después de esa fecha.
Estados Unidos encabeza una alianza de 56 países que reconocen a Guaidó como el legítimo jefe de Estado de Venezuela y ha introducido una oleada de fuertes sanciones económicas contra Maduro, quien sigue controlando las instituciones del Estado.
El bono 2020 de PDVSA tiene como garantía el 50.1 por ciento de la compañía, pero todas las acciones de Citgo se verían afectadas por un incumplimiento el 27, dado que Maduro también otorgó como garantía el resto del capital accionario de la empresa en un préstamo de $1.500 millones que obtuvo de Rosneft.
“Si los tenedores de bonos no reciben el pago y piden el 50.1 por ciento de las acciones, eso automáticamente dispara que las obligaciones con Rosneft entren en vencimiento y sean cobrables”, dijo Russ Dallen, presidente del banco de inversión Caracas Capital Markets.
Dada la cláusula de “default-cruzado” colocada en el acuerdo de préstamo con la compañía rusa. “Si Venezuela no paga (a los tenedores de bono) entonces Rosneft tendría el derecho de tomar el restante 49.9 por ciento de la compañía”, agregó.
Expertos y fuentes internas de la compañía consideran que no hay posibilidad de que Maduro o el equipo de Guaidó pueda pagar los $913 millones que vencen a final de mes. Citgo, empresa de 110 años comprada por Venezuela en 1986, es vista por muchos como clave para que el país pueda recuperar su acceso a los mercados estadounidenses una vez que Washington levante las sanciones impuestas a PDVSA previamente este año.
Con tres refinerías y 45 terminales de almacenamiento, la compañía tiene una capacidad de refinar 749,000 barriles diarios y suministra combustible a unas 5,000 estaciones de servicio que llevan su marca. Un 25 por ciento del combustible que consume provenía de Venezuela antes de que las sanciones fueran adoptadas.
Fuentes cercanas a Guaidó dijeron sentir poca simpatía por los tenedores de bonos, argumentando que ellos decidieron financiar a un cruel régimen aún cuando habían sido advertidos por la Asamblea Nacional electa democráticamente que la operación lanzada en el 2016 era ilegal.
Según la constitución de Venezuela, es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional, y no de Maduro, aprobar contratos de interés nacional.
Pese a considerarla ilegal, la Asamblea Nacional luego procedió a ordenar el pago este año de unos $71 millones a los tenedores de los bonos de PDVSA 2020 para cubrir un tramo que vencía en abril. Las fuentes dijeron que lo hizo para evitar en ese momento la crisis que ahora se abalanza sobre la empresa.
Ese pago es ahora visto por algunos como un reconocimiento por parte de la administración de Guaidó de que la emisión de bonos es legal, pero la fuente cercana al caso de la compañía dijo que ese argumento no tiene ningún tipo de mérito legal, al menos en Estados Unidos.
“Hacer un pago de intereses vencidos no concede la legalidad de la deuda, o prohíbe que sea posteriormente cuestionada en corte”, dijo la fuente. “Realizar algunos pagos para evitar caer en default no desestima el reclamo legal de que la operación era fraudulenta”.
Maduro, que en diferentes ocasiones intentó sin éxito vender Citgo, obligó a la compañía a contraer miles de millones de dólares en deuda que luego fueron transferidos a las arcas del régimen.
La compañía, que ahora cuenta con un nuevo directorio nombrado por Guaidó, cortó los vínculos con el régimen y entró en una nueva era de buenas prácticas administrativas que le permitió este año refinanciar el 70 por ciento de las deudas adquiridas bajo su propio nombre.
