Las limitaciones impuestas a la prensa en Venezuela son parte de una estrategia gubernamental que incluye el silenciamiento de voces críticas y opositoras, profundizada por Maduro, dice Ramón Cardozo en su columna.

Paola Bautista de Alemán, política y periodista venezolana con doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Rostock, recuerda que en el año 2020 fue entrevistada en varias emisoras de radio de Caracas acerca de una investigación que acababa de publicar.

“En todas las entrevistas, minutos antes de comenzar, se me pedía, de manera muy afable y con cierta vergüenza, que evitara utilizar ciertos términos polémicos -el glosario de lo prohibido- para describir la realidad venezolana. Incluso en una de las entrevistas se me solicitó que no diera al aire el nombre del libro que recogía mi investigación”. El libro en cuestión se titula “Autocracias del siglo XXI: caso Venezuela”.  

Este tipo de situaciones, que ya son cotidianas en el país, enmascaran bajo un velo de aparente normalidad la autocensura: “En Venezuela hay un silencio mantenido por el miedo. Las voces de los trabajadores de la prensa suenan entrecortadas, como consecuencia del hostigamiento físico, verbal y judicial, entre otras acciones de criminalización hacia periodistas y medios, que se dictan desde el poder”, destaca en su portal web el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela). 

El silencio autoimpuesto en buena parte de los medios de comunicación de Venezuela es el resultado de una política diseñada e implementada desde el poder por el Estado venezolano. En enero de 2007, Andrés lzarra, exministro de Comunicación e Información del gobierno de Hugo Chávez y, en ese momento, presidente de la cadena televisora multiestatal TeleSUR, declaró: “El socialismo necesita una hegemonía comunicacional.

La hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución”. A juicio de Teodoro Petkoff, político opositor y director fundador del periódico Tal Cual, esta política consistía básicamente en el desarrollo de un desmesurado aparato comunicacional del Estado y en el aplastamiento de los medios de comunicación independientes, a través de los cuales se expresaban las voces disidentes u opositoras al régimen de Hugo Chávez. 

Nicolás Maduro, en sus ocho años en el poder, ha continuado e incluso profundizado la política de hegemonía comunicacional iniciada por Hugo Chávez. Doce años después de la declaración de Izarra, en junio del 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, dejó constancia en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno venezolano “ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios independientes”.

Reputados investigadores venezolanos de las ciencias de la comunicación reconocen que, hoy en día, el gobierno venezolano ha logrado imponer su hegemonía comunicacional en el país.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 del mes de mayo, se realizó en Caracas el foro “¿Libertad de Prensa en Venezuela?”. En ese evento, Andrés Cañizales, periodista, investigador y director fundador de Medianálisis, afirmó: “Hoy en día en Venezuela se logró la hegemonía comunicacional. Vivimos el resultado de una política de Estado pensado para un proyecto político que se quiere perpetuar en el poder”.

Esta apreciación fue corroborada por Luisa Torrealba, periodista e investigadora docente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO-UCV): “Desde hace 20 años, en Venezuela se vienen sofisticando y agudizando los mecanismos gubernamentales para restringir la libertad de expresión. Hoy en día la sociedad venezolana tiene menos opciones de acceder a la información”, señaló Torrealba. 

Reducción y colonización estatal del espacio público

Algunas cifras que dan cuenta de los resultados de esta política de estado son las siguientes.

En el campo del periodismo impreso, según datos del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de 142 periódicos que existían en Venezuela en el año 2002, hoy en día sólo quedan 20. 

En el campo de la radiodifusión, de acuerdo con los datos recabados por la ONG Espacio Público, entre el año 2009 y el año 2020, cerraron 180 emisoras de radio por instrucciones del gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

En cuanto al campo televisivo, Luisa Torrealba destaca que, de los 22 canales de televisión a nivel nacional en Venezuela, 13 de ellos pertenecen al sector público y son utilizados fundamentalmente para fines ideológicos y propagandísticos. A ello habría que agregar, según Cañizales, que el control que ejerce CONATEL sobre la televisión nacional ha llevado a que en las televisoras privadas impere la autocensura y que en ellas haya desaparecido la labor informativa casi por completo. 

Protesta de trabajadores de medios en Caracas, en 2016.

El espacio digital, al cual ha migrado el periodismo independiente, tiene un impacto muy limitado en la población venezolana debido a su limitada penetración en los sectores populares y al atraso tecnológico del servicio de internet en Venezuela.

Según el Observatorio de los Servicios Públicos, el 65,5 % de la población venezolana no cuenta con acceso a internet en sus hogares. Además, según la ONG “VE sin filtro” (VSF), Venezuela tiene la segunda conexión a internet más lenta de la región y una de las más lentas del mundo.

A estos obstáculos habría que añadir la escalada en la censura digital adelantada por el gobierno de Venezuela. De acuerdo con el reporte “Sin derechos en Internet” de VSF, durante el año 2021 fueron bloqueados 68 dominios de internet en Venezuela. De ellos, 45 corresponden a medios de comunicación, 8 a portales políticos y 3 a organizaciones de derechos humanos. 

Marco legal restrictivo 

La reducción y colonización estatal del espacio público venezolano ha sido avalada y complementada con el desarrollo progresivo de un entramado de normas que, bajo un manto de “aparente” legalidad y justicia, busca impedir y coartar la libertad de prensa y de expresión en el país. Dentro de las normativas más restrictivas resaltan:

-La Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión (Ley Resorte) promulgada en el año 2004. Esta ley faculta al gobierno nacional para revocar hasta por cinco años las concesiones a los medios radioeléctricos que concurran en faltas progresivas.

Cuando esta ley fue promulgada, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron sobre su peligroso alcance. Por ejemplo, José Miguel Vivanco, entonces Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, alertó: “Esta legislación amenaza severamente la libertad de prensa en Venezuela…la vaguedad de sus restricciones y las graves sanciones que la ley establece, constituyen un mecanismo de autocensura contra la prensa y un medio para la arbitrariedad por parte de las autoridades gubernamentales”.

-La Ley de Reforma del Código Penal, promulgada en el año 2005. En esta reforma legislativa se aumentaron las sanciones y las penas de cárcel por los delitos de opinión, estableciéndose una protección especial para los funcionarios públicos y sus familiares.

Este tipo de regulación es rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aduciendo que “la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”.

-La Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, promulgada en el 2010. En esta reforma se facultó al gobierno nacional para revertir licencias de estaciones de radio y televisión por motivos de seguridad nacional. 

-La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada en el 2017. De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, esta norma permite castigar a las personas que emitan opiniones que, a juicio del gobierno, inciten al odio. Además, faculta al gobierno para revocar la licencia a aquellos medios de comunicación que emitan mensajes de odio, pero sin especificar ni tipificar el tipo de mensajes considerados como tales.

En su informe del 2021, la organización Reporteros sin fronteras, señaló que “durante estos primeros cuatro años de aplicación de la ley, diecisiete periodistas y medios, y varias decenas de venezolanos han sido sancionados, y muchos otros, amenazados, incluidos particulares que comparten contenidos en redes sociales”.

Los efectos de la hegemonía comunicacional en Venezuela se ven reflejados en los resultados que para el año 2021 arrojan el “Índice de Reporteros Sin fronteras” y el “Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”. Según ambos barómetros, Venezuela aparece junto a Nicaragua y Cuba con los índices más bajos respecto a la libertad de expresión y prensa dentro de América Latina.  

Consecuencias para el ciudadano

Las severas limitaciones que tienen los venezolanos para disponer de información y de medios para expresar su opinión constituyen un obstáculo evidente para su participación en la vida pública. Ellas afectan, además, el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a protestar y a reclamar por mejores servicios públicos. 

En cuanto al ejercicio democrático, la hegemonía comunicacional altera los modos regulares del debate político y de la elección justa de los gobernantes. Paola Bautista, consultada al respecto, sostuvo que “para el ejercicio de la política en Venezuela, el cerco comunicacional impuesto por el régimen de Maduro representa un enorme obstáculo a vencer.

No solo por la persecución y riesgos de cárcel a los cuales estamos sometidos los políticos de oposición por emitir nuestros pareceres sobre la realidad del país, sino también por las grandes dificultades que enfrentamos para lograr la articulación de la sociedad en torno a nuestras posiciones políticas. Como resultado de la invisibilización mediática a la que estamos sometidos, parte del país tiene la sensación de que la oposición democrática no existe o no esta en pie de lucha, lo cual puede conducir a la desesperanza y a la resignación”. 

Acaso, y de manera paradójica, la enfermedad de la hegemonía comunicacional producirá los anticuerpos necesarios para superarla pues, según concluye Bautista, “esta realidad ha obligado a los políticos de oposición a depender más del contacto personal y directo con el ciudadano, a mejorar nuestras organizaciones de base y a trabajar más de cerca con la sociedad civil organizada. A la larga, esto nos va a fortalecer”.