Lo ocurrido tras las elecciones presidenciales de Venezuela es la crónica de un nuevo golpe de Estado mediático que había sido anunciado teniendo como antecedentes históricos el golpe de 2002 contra Hugo Chávez, y en 2019 la aparición de Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente encargado” con el aval de EEUU.

El chavismo llevaban semanas explicando, con precisión matemática, qué iba a suceder: la divulgación en grandes medios de encuestas de encargo que daban la victoria a la oposición, ignorando las de signo contrario; el bombardeo triunfalista en redes sociales de estas proyecciones, para fanatizar a sus bases; la divulgación, durante el domingo electoral, de encuestas a pie de urna, igualmente de encargo opositor, pero presentadas en los medios como “independientes y autónomas”; tras los resultados, la narrativa del fraude; actos de violencia en las calles, la guerra inclemente de bulos en las redes sociales y la presión de algunos gobiernos y fuerzas internacionales.

Las primeras palabras de Maduro fueron: “Pido respeto a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones se atreve a convocar elecciones”.

La base (única) del relato es la versión globalista impuesta –convertida en verdad de facto- de la lideresa opositora María Corina Machado: “Ganamos y todo el mundo lo sabe”. Y punto pelota, no hay más pruebas, leemos en los grandes medios internacionales casi sin excepción, que hubo un “fraude masivo”, un “fraude grotesco”, el “más colosal fraude de un régimen corrupto”, “robo consumado”. Todo apoyado por una comunidad internacional compuesta por EEUU, la diplomacia de la UE y los gobiernos marionetas de Washington en América Latina.

Un corifeo de voces internacionales teledirigido tras las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que expresó su «seria preocupación» por la validez de los resultados anunciados por la comisión electoral de Venezuela, así como la legitimidad del proceso y la representación de la «voluntad» de los votantes. Gabriel Boric, presidente de Chile lo reiteró: “exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados»; Javier González-Olaechea, canciller peruano: «no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano»; Chaves Robles presidente de Costa Rica: «El Gobierno repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta».

Las reacciones en el entorno europeo afín al atlantismo no se hicieron esperar, en un comunicado que se plegó a la postura de la mayor parte de la comunidad internacional occidental, Josep Borrell, Alto Jefe de la diplomacia de la UE, dijo que seguía “con mucha preocupación” la situación en Venezuela después de los comicios del domingo pasado, inmediatamente el Gobierno pro OTAN del Reino de España en boca de José Manuel Alvares, ministro de Asuntos Exteriores declaró: “la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables”, por su parte Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano: “Solicitamos resultados verificables y acceso a documentos. ¿El resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo?”

Cualquier parecido con el No-Do franquista es pura coincidencia

Las páginas laudatorias de El País sobre la opositora María Corina Machado: “Una mujer al frente de las masas (…) permitía el vuelo de las esperanzas. Que los pobres y ricos se juntaran a su alrededor (…) animaba la posibilidad de una victoria”. Al autor de la nota no le importa que Machado haya estado presente en el palacio presidencial de Miraflores durante el fallido golpe cívico-militar de 2002 —aunque luego negó haberlo apoyado—. Asimismo, la dirigente nunca renegó de sus vínculos con EEUU. En 2005, una foto en la Casa Blanca con el presidente George Bush dio la vuelta al país.

Recordemos que María Corina Machado es la extremista que solicitó a EEUU más y más sanciones contra su país, las que provocaron la caída del 70 % del PIB y más del 90 % de los ingresos petroleros; que ha pedido una intervención estadounidense en Venezuela; y que, ahora, está solicitando un golpe militar, al instar a las Fuerzas Armadas a “hacer respetar la soberanía popular”.

Los medios reproducen su propio relato en bucle, con noticias que recogen las noticias de otros medios con el mismo tufo colonialista en los titulares: “La comunidad internacional tiene serias dudas sobre esa victoria”, “La comunidad internacional se muestra escéptica”, “¿Qué hará la comunidad internacional?”, dado que “la oposición necesitará de una fuerte presión internacional”. Elon Musk se sumó a la orquesta, le quitó la placa azul a Nicolás Maduro que indica en X que se trata de una cuenta de una personalidad reconocida luego de un cruce con el empresario por el fraude electoral.

Para los que dudan del desarrollo democrático conviene recordar algunos conceptos sobre el funcionamiento legal de la CNE (Consejo Nacional Electoral venezolano) que son ignorados por la prensa globalista.

1) El CNE de Venezuela es un poder independiente. El único poder constitucional habilitado, según la Ley electoral venezolana, para determinar los resultados electorales, es el único organismo oficial que “declara” ganador a un presidente o presidenta.

2) El CNE es uno de los cinco poderes independientes de Venezuela, está integrado por miembros de oficialismo y oposición votados en mayorías especiales. Solo da resultados con tendencia irreversible como hizo el último domingo declarando ganador a Nicolás Maduro por el 51% con diferencia de 7 puntos del opositor González.

3) No solo eso, el sistema electoral venezolano es el más auditado del mundo: pasa por 16 controles. Aun así, leemos una y otra vez que Venezuela, en cuyas elecciones han participado 21 partidos, es una “dictadura”.

4) Sobre las famosas ACTAS que pide la derecha global y gran parte de los medios occidentales, según la ley electoral venezolana:

—En cada mesa de votación venezolana se emite una especie de «ticket de supermercado» para que tengamos una idea física de lo que decimos. Esa acta la tiene cada fiscal y cada partido y si observa irregularidades la puede denunciar ahí mismo.

—Importante, eso no ocurrió. No hubo denuncias de irregularidades por parte de los fiscales durante la jornada electoral.

—Por ello y por la doble verificación entre voto electrónico y comprobación física es que la Comunidad veedora internacional asegura que el sistema venezolano es uno de los más seguros del mundo.

—La derecha política y mediática responde a eso con denuncias infundadas de fraude, pedidos de invasión a Venezuela (por parte de Corina Machado), expresiones de Mauricio Macri y el gobierno argentino pidiendo intervención de fuerzas armadas.

—Todo eso sin haber presentado prueba alguna del fraude. Obviamente que tienen las actas porque todos los partidos las tienen ya que como se indica antes son entregadas en el momento de cierre de mesas.

5) Sólo el CNE es quien puede mostrar el conteo definitivo que en cualquier lugar del mundo lleva varios días (Por ejemplo en las últimas elecciones de EEUU llevó tres semanas).

6) Pedirle a Nicolás Maduro «las actas», como hizo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aparte de reflejar su ignorancia en materia electoral venezolana, es pedir que se viole la división de poderes del país.

El hecho de que un sector sigue jugando a no reconocer las elecciones, hacer un llamado otra vez a la calle y plantearse una nueva ruta, y todas las posiciones que han mostrados portavoces del Departamento de Estado de EEUU, el Comando Sur y otros personajes estadounidenses, advierten que si es posible que haya una actuación en contra de un proceso electoral que ya está encaminado.

Como apéndice reproducimos el análisis de la constitucionalista venezolana Olga Álvarez de la normativa de la Ley Orgánica de procesos electorales para salir al paso de la guerra cognitiva que intenta instaurar una «realidad manipulada” que se pretende imponer para justificar la violencia.

1. El proceso electoral venezolano está 100% automatizado.
2. El software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se auditan y certifican con participación de los partidos políticos y observadores.
3. El Voto, el Escrutinio y la Totalización son electrónicos.
4. La impresión que hace la máquina de votación al elector y en el momento del Escrutinio, son comprobantes para efectos de la auditoria ciudadana. La auditoria ciudadana se hizo sobre el 54% del total de mesas electorales.
5. La Totalización es automatizada, electrónica, y sobre esa totalización se adjudica y proclama al candidato con mayoria de votos. La Totalización se hace dentro de las 48-72 horas posteriores al evento.
6. El CNE tiene 30 días para publicar en la Gaceta Electoral los resultados.
7. EL CNE siempre ha publicado los resultados totalizados y disgregados por mesa antes de los 30 días que tiene para la publicidad definitiva en la Gaceta Electoral.
8. El CNE ha denunciado que se bloqueó su página de forma maliciosa, mediante hackeo, así como denunció incluso un ataque masivo al sistema para intentar impedir y ralentizar la totalización de resultados.
9. La totalización, adjudicación y proclamación ya fue realizada por el CNE.
10. El CNE no está obligado a publicar copias de Actas de Escrutinio porque son sólo comprobantes. Lo que se publicará es el escrutinio automatizado.
11. Las Actas de Escrutinio emitidas, comprobante del escrutinio realizado automáticamente y las otras Actas de Verificación ciudadana, instalación y constitución de mesas, quedan en resguardo del CNE y es material electoral probatorio que conforman el expediente administrativo que se entrega en caso de haber impugnaciones ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
12. Cuando se active su página con la seguridad correspondiente para no ser hackeada, publicará la Totalización de resultados y los disgregados.
13. Es falso que se haya vencido algún lapso de publicación de resultados totales o disgregados.
14. En cualquier momento del proceso quien considere que hay vicios o fraude puede recurrir al TSJ.
15. Para impugnar Actas de Escrutinio, debe solicitarse la certificación del Acta que se pretende impugnar al Consejo Nacional Electoral para que tenga legalidad ante el TSJ.
16. Nadie en lo personal ni organización alguna puede usurpar funciones del CNE como en efecto lo han hecho María Corina Machado y Eduardo Gutiérrez de la Plataforma Unitaria Democrática, lo cual puede considerarse grave delito contra la Nación porque atenta contra la Soberanía nacional.
17. La presión extrema, ilógica y no establecida en la norma electoral, sobre la publicación de Actas de Escrutinio, (que es diferente a la normal publicación de resultados disgregados por mesas como siempre son publicados), obedece al plan de generar acciones terroristas que desestabilicen la Nación. El CNE no tiene vencido ningún lapso de publicación de la totalidad de resultados de mesa.
18. La publicación de algunas supuestas Actas de Escrutinio por parte de individuos que no están certificadas, y sobre ella calcular supuestos resultados y denunciar fraude sin impugnar ante el TSJ, obedece a este plan de guerra cognitiva que pretende crear una realidad en el imaginario colectivo para generar frustración y sostener la violencia. Lo lógico e institucional en democracia, sería que quien quiera impugnar Actas de Escrutinio o la totalización, pida su certificación al CNE y con ellas impugne el proceso electoral o la fase de totalización ante el TSJ.

Artículo de Isidro Páez publicado en El Común

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