Un operativo impulsado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina reunió testimonios “contundentes” de venezolanos radicados en el país que denuncian presuntos crímenes de lesa humanidad producidos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Han sido manifestaciones muy contundentes respecto a la violación de los derechos humanos, que es lo que nosotros justamente queríamos determinar: si estábamos ante delitos de lesa humanidad o no, y en principio toda la información que hemos recabado va en ese sentido”, declaró a Efe en Buenos Aires la directora general del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), Natalia Figueroa.
La finalidad de la recogida de testimonios es realizar un “informe de victimización”, explicó Figueroa, y presentarlo a la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales habilitados para que inicien una investigación a partir de dichas pruebas y otras que posiblemente también aporten otros países latinoamericanos.
“Lo que veníamos previendo es que íbamos a recibir testimonios de gente atravesada por la crisis humanitaria (…) y la realidad es que lo que venimos recibiendo es una flagrante violación de derechos humanos desde los encarcelamientos sin justificación vinculados a temas políticos, hasta situaciones de torturas, de asesinatos”, expresó Figueroa, y admitió que el equipo, formado por psicólogos y abogados, está “conmovido” por las historias.
La organización garantiza la protección de la identidad de los declarantes, así como una atención psicológica especializada, y afirma seguir los estándares de la CPI en la recogida de testimonios.
“Hemos detectado a muchas personas que están muy traumatizadas (…). Algunas de ellas han manifestado temor, aún estando en nuestro país, respecto a las posibles consecuencias que puedan sufrir sus familiares en Venezuela y también se sienten perseguidos, (tienen) miedo a que la Interpol los venga a buscar”, añadió.
Es por eso que pocos son los que dan un paso adelante para presentar sus testimonios ante la Justicia argentina o dar a conocer públicamente sus experiencias a los medios.
Marcelo Crovato, abogado argentino-venezolano que escapó en marzo de 2018 de Venezuela, donde llevaba cuatro años arrestado, fue la primera persona que “denunció” en este operativo las presuntas violaciones de derechos humanos en el país.
“Es bastante amplia la lista de violaciones de derechos humanos” por parte del Gobierno de Maduro, expresó Crovato, ya que a su juicio “no es solamente el hecho de estar preso, sino también las persecuciones”.
“Persecuciones laborales, hostigamientos, persecuciones en la calle cuando son identificados como opositores, son agredidos, son escrachados por partidarios de oficialismo”, aseguró tras compartir diversos ejemplos de compatriotas.
Crovato huyó de Venezuela el año pasado después de que el Tribunal venezolano no atendiera la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que dictaminó que él debía ser “liberado e indemnizado” porque era un “perseguido político” y “había sido detenido por razones de conciencia” y por ejercer su trabajo como abogado, explicó.
El abogado fue detenido en una protesta antigubernamental en 2014 por delitos de instigación pública, obstaculización de la vía pública, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir.
Tras pasar 10 meses en una cárcel común de alta peligrosidad, y por graves problemas de salud (un cáncer de piel), le dieron prisión domiciliaria, donde estuvo los tres últimos años antes de lograr escapar a través de la frontera con Colombia gracias a un descuido de los policías que lo vigilaban.
Crovato considera que su vida “corre peligro” si en las próximas elecciones argentinas gana la coalición de Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, ya que “es defensora del Gobierno de Nicolás Maduro” y entonces no habría “ninguna razón para favorecer a la comunidad de exiliados”, opinó.
“No hay ninguna duda de que yo sería devuelto a Venezuela ya que, a pesar de que legalmente no puede hacerse porque soy argentino, de alguna forma me llevarían secuestrado, como ya lo ha hecho el Gobierno de Venezuela, que le importa muy poco la legalidad y actúa según sus propias conveniencias”, aseveró.
El equipo encargado de la recepción de denuncias valorará con varios referentes de la comunidad venezolana en Argentina si prorrogan el tiempo de recopilación de testimonios, que empezó el 24 de julio y en principio termina el 31 de julio, y se desplazan a otras provincias del país, además de seguir atendiendo víctimas vía telefónica las 24 horas del día.
Esta iniciativa, para Crovato, “es importante no solo porque las denuncias puedan remitirse a La Haya (CPI), sino porque hay que dejar constancia” para que dentro de “50, 70 o 80 años (…) no nos vayan a decir (que esto) ‘nunca paso’”, aseveró.
