La Unión Interparlamentaria se declaró competente para revisar la denuncia por cuatro irregularidades presentadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

El alto tribunal colombiano respondió de forma agresiva ante una solicitud que le hizo la Unión Interparlamentaria.

Las denuncias las radicó Uribe por las violaciones al derecho al debido proceso, a la libertad y a otros procesos que se dieron por la investigación penal en su contra. Dicha investigación se adelantaba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hasta que él renunció al Senado, y el proceso pasó a la Fiscalía General. La investigación contra Prada —investigado por los mismos hechos de Uribe— sigue en manos del alto tribunal.

Cómo la Unión Interparlamentaria aceptó estudiar el caso, le pidió a la Corte que exponga sus argumentos sobre las acusaciones de Uribe y Prada. De paso, la entidad le hizo varios cuestionamientos sobre «las acusaciones presentadas por los querellantes».

La Corte y sus maniobras evasivas

Sin embargo, la Corte decidió evadir la solicitud y no sentó posición frente a los requerimientos. El alto tribunal, tratando de salirse por la tangente, prefirió afirmar que por parte de la Unión Interparlamentaria hay una intromisión sobre el poder judicial para no contestar. Según el tribunal, la organización no tiene competencia para hacer este tipo de consultas.

La Corte dijo que «se abstiene de entablar ese tipo de diálogo, que es ajeno a sus competencias y funciones constitucionales».

Según el alto tribunal, la Unión Interparlamentaria es una organización que representa a los poderes legislativos de los diferentes países y por ello su alcance se da en ese ámbito: el de la cooperación entre congresos y parlamentos, y en el diálogo político, no en el judicial, por lo cual no puede interferir en procesos penales ni ejercer presiones sobre funcionarios de la Rama Judicial.

«Lo solicitado en manera alguna se enmarca en una solicitud de cooperación judicial internacional ni, mucho menos, se trata de una actuación de un tribunal internacional de derechos humanos con competencia para juzgar al Estado colombiano y que, por ello, obliga a la Corte Suprema a rendir ‘descargos’ o dar explicación sobre sus actuaciones», cuestionó la Corte, con ánimo evasivo.

El significado de la postura de la Corte

Para la Corte, la Unión Interparlamentaria no puede velar por los Derechos Humanos, por lo que no debe actuar como si se tratara de un tribunal internacional, ni exigir explicaciones de organismos como los judiciales.

La Corte, al responder a la unión, invita a ese organismo a respetar la independencia de los jueces, afirmando que a una ONG internacional «no le es dable interferir en procesos judiciales en el ámbito interno, ni ejercer presiones contra los miembros de la judicatura».

A una organización internacional no gubernamental no le es dable interferir en procesos judiciales en el ámbito interno ni ejercer presiones contra los miembros de la judicatura.

Para el alto tribunal, la Unión Parlamentaria no puede pretender «bajo la creencia de adelantar un ‘caso’ por supuesta violación de derechos humanos, juzgar las actuaciones de la Corte Suprema de la República de Colombia, y bajo ese entendido, invitarla a ‘dialogar’ y ‘cooperar’ en la búsqueda de una ‘solución satisfactoria’ a sus intereses como agremiación internacional de parlamentarios», señaló la Sala Penal.

La Corte se siente amenazada

Según la Corte, esa «advertencia» de la Unión Parlamentaria es «inadmisible» porque es «una amenaza a la independencia judicial».

Por lo tanto, señaló que no responderá a la consulta que le hizo la ONG sobre las quejas de Uribe, por respeto al principio de separación de poderes públicos, y porque el alto tribunal es soberano, por lo cual dentro de sus competencias no está la de dar el tipo de respuestas y explicaciones exigidas por ese organismo internacional.

El alto tribunal le envió una copia de esta respuesta, así como de la solicitud que le hizo el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Otras acciones

La ONG, con sede en Ginebra (Suiza), también le envió al presidente del Congreso, Arturo Char, un comunicado. En dicho oficio está indagando sobre quejas presentadas por la defensa de Álvaro Uribe sobre supuestas violaciones a las garantías judiciales del expresidente.

Legislativo debe expresar su posición sobre alegaciones relacionadas con una supuesta violación al derecho al juez natural, la supuesta interceptación ilegal del teléfono del expresidente y la violación al derecho a la intimidad y la seguridad del exmandatario.

También se busca conocer la opinión del Congreso en relación con la «filtración del expediente del señor Uribe a medios de comunicación y adulteración del material probatorio por parte de funcionarios estatales».

Idaed