Cuando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no se las escucha, y más aún, se les ignora, todos somos los afectados, pues la injusticia no es materia de un país, una raza o ideología, sino que afecta las bases esenciales de la naturaleza humana.

Por ello, cuando en un país no se imparte justicia y se violan masivamente los derechos humanos, esa situación involucra a la comunidad global, pues no se puede ser indiferente a la injusticia, y cuando esto tiene las dimensiones de la crisis humanitaria venezolana es obligatorio hacer algo al respecto.

Es consecuencia de lo anterior que, luego de un ingente esfuerzo por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana y otras entidades de derechos humanos de rango internacional, el Grupo de Lima presentó una resolución aprobada hoy, 27 de septiembre, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se establece una Misión internacional independiente de determinación de los hechos para Venezuela.

Que el largo nombre de este mecanismo no nos engañe, pues no se trata de otro medio para generar un informe destinado al polvo de los escritorios, sino que busca la rendición de cuentas respecto de los crímenes relacionados con los derechos humanos, en particular los vinculados con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el país a partir del año 2014.

En este caso, la rendición de cuentas implica la determinación de los responsables de estas atrocidades y, en particular, de la cadena de mando involucrada, pues al tratarse de crímenes cometidos dentro de una política de estado, la responsabilidad personal de quienes los cometen apenas se inicia con los autores materiales y luego escala a los supervisores y jefes de las instituciones en las que se cometieron. He ahí la trascendencia de esta resolución.

Para ello, la Misión, que se espera esté conformada por tres miembros nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tendrá un lapso de un año para presentar en septiembre de 2020 las resultas de su investigación, lo que también es un buena noticia, pues tendríamos resultados a corto plazo y no como en el caso del examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), que no tiene límite de tiempo para pasar a la siguiente fase.

A los efectos de ilustrar un caso en el que se utilizó este mecanismo, debemos hacer referencia a Myanmar, país en el que se ha denunciado la comisión de crímenes de enorme gravedad. En esa situación, la Misión destinada al efecto presentó sus resultados en septiembre de 2018 y concluyó que las fuerzas de seguridad de ese país habían cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, y propuso al Consejo de Derechos Humanos que remitiera el caso a la CPI o incluso, si así lo consideraba, creara un tribunal especial para juzgar estos crímenes. Asimismo, la Misión concluyó que el comandante en jefe, general Min Aung Hlaing, junto con su alto mando, debían ser juzgados por dichos crímenes, enfatizando que la cadena de mando era responsable de esos hechos.

Igualmente, la Misión redactó una lista de presuntos perpetradores de estos crímenes, además de los ya mencionados, destacando entre ellos, los comandantes de las zonas militares donde ocurrieron los hechos, con lo que la investigación no se limitó a la autores materiales sino que se extendió a los responsables finales de estas atrocidades.

Todo lo anterior fue la base de la conformación de un mecanismo de investigación independiente para continuar las pesquisas, el cual llevó a que el 26 de junio de este año la Fiscalía de la CPI solicitara a la Corte el inicio de la fase de investigación contra los responsables de los crímenes antes mencionados.

Con lo expuesto se pone de manifiesto que cuando instrumentos como las misiones de determinación de hechos son conducidos con la imparcialidad, independencia y diligencia del caso, es posible acercar la justicia a las víctimas.

Por ello, aunque quizás para algunos estos mecanismos son lentos y fatigosos, la aprobación de esta misión es un éxito para las víctimas de Venezuela en la medida en que finalmente podrán ser oídas en su búsqueda de una justicia que aquí se les niega.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando se ignora a quienes padecen violaciones de derechos humanos, se ultraja la dignidad de todos y cada uno de nosotros; por ello, todos estamos llamados a levantar nuestra voz exigiendo justicia y garantías de que esos atroces hechos no se repitan.

Por ello, la creación de una Misión internacional independiente de determinación de los hechos para Venezuela es una victoria contundente para las víctimas de crímenes atroces, para la sociedad civil y, sobre todo, para todo aquel que crea en la dignidad esencial del ser humano.

Cortesía de Accesoalajusticia