José Wilfredo Molina Castrillón fue directivo de la línea aérea salvadoreña VECA que recibió fondos de más de más de US$90 millones de la cooperación petrolera venezolana, Pdvsa,. Las operaciones de la aerolínea, declarada en quiebra luego de apenas dos años de existencia, todavía no son investigadas.

El empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta de los millonarios fondos petroleros de cooperación originados en ese país, que hoy se encuentran bajo lupa de las autoridades en El Salvador por la presunción de lavado de dinero.

Su nombre es José Wilfredo Molina Castrillón. Tiene 60 años y es socio y representante legal de Nawasaka Resources, una compañía de servicios para la industria petrolera registrada en Panamá y que presumía en su página web de las contrataciones que recibió entre 2010 y 2017 de Pdvsa, corporación estatal que estuvo entre las empresas más importantes del mundo, pero que ha visto erosionada su reputación por los múltiples casos de corrupción que proliferaron en su seno, especialmente ligados a millonarios esquemas de pago de sobornos y legitimación de capitales.

Cuando aún era beneficiado por los contratos con la petrolera pública venezolana, Molina Castrillón también formaba parte de la directiva de la aerolínea salvadoreña Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) y llegó incluso a ser el administrador único propietario de la compañía. Es decir: el encargado de gestionar, representar y responder por las actividades de la empresa, tal como demuestran documentos en el Registro de Comercio de El Salvador a los que se tuvo acceso para esta investigación.

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VECA fue declarada en bancarrota en 2017, apenas dos años después de iniciar sus operaciones con una inversión de casi 100 millones de dólares entregados por Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), compañía controlada por Pdvsa y por una asociación local de alcaldes que gestionó en el país centroamericano más de 1.100 millones de dólares en préstamos petroleros procedentes de Venezuela realizados durante los gobiernos del fallecido Hugo Chavéz y su sucesor Nicolás Maduro.

La aerolínea recibió directamente de Albapes 60 millones de dólares y otros 29,3 millones fueron canalizados a través de una empresa offshore con sede en Curazao llamada El Día Corporation y cuyo accionista mayoritario, Manuel de Jesús Durán Melgar, también aparece con su firma en documentación formal de la aerolínea. La firma curazoleña tuvo como directora a Yanet Cornejo, quien fue apoderada legal de Albapes en 2015. Así lo había revelado el periódico digital El Faro en marzo de 2017.

La millonaria inyección de dinero y la rápida declaratoria en bancarrota de la empresa de transporte aéreo no han supuesto todavía para el Ministerio Público de El Salvador datos suficientes para incluir el caso de VECA en la investigación que realiza a Albapes y a otras 23 empresas favorecidas con sus préstamos bajo la presunción de que formaron parte de una elaborada red de legitimación de capitales. De acuerdo con la Fiscalía, todas las compañías en conjunto realizaron transacciones por un aproximado de 3.243 millones de dólares, un monto que encendió las alarmas de las autoridades. Sobre la aerolínea, la única investigación abierta refiere a las deudas laborales de 150.000 dólares que todavía no ha honrado a extrabajadores, según confirmaron fuentes consultadas para el presente reportaje.

Investigaciones de periodistas de medios como El Faro y La Prensa Gráfica han logrado documentar que personas ligadas a José Luis Merino, asesor de Albapes y dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, partido que estuvo en el poder en El Salvador hasta 2019, estaban al frente de sociedades que recibieron préstamos o estuvieron ligados a transacciones inmobiliarias especulativas. Las actuaciones de Merino son una pieza del rompecabezas que armó Venezuela con El Salvador, que incluyó millones de dólares en transferencias desde Pdvsa al país centroamericano.

Merino fue sancionado en mayo de 2019 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que le atribuye haber desviado más de 400 millones de dólares a empresas off shore. Periodistas asentados en ese país han afirmado que las autoridades estadounidenses sospechan que entre Molina Castrillón y Merino existe una relación próxima y por ello le consideran persona de interés.

Chavismo INC. buscó a Merino para consultarle sobre los temas mencionados en el presente trabajo y se le envió un cuestionario a través del correo electrónico de su asistente personal. Sin embargo, al cierre de este reportaje no hubo respuesta alguna de su parte. Dirigentes de la organización fueron interrogados sobre las relaciones entre el partido, VECA, Albapes y el venezolano: no accedieron a brindar comentarios o dijeron que no lo conocían. A Molina Castrillón también se le buscó en la oficina que su empresa, Nakasawa Resources, tiene en El Salvador, pero nadie atendió el número telefónico provisto en su página web. También se le mandó un correo electrónico con un cuestionario de preguntas, pero al cierre de este reportaje aún no había dado respuesta a ellas.

El caso de Molina Castrillón y sus conexiones con VECA, Albapes, Pdvsa y Merino han sido documentados por Chavismo INC., investigación colaborativa realizada en alianza entre Transparencia Venezuela y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga. En el proyecto han participado periodistas de Venezuela, Estados Unidos, España, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Argentina, Uruguay y El Salvador. El trabajo ha dejado como resultado una base de datos construida con la recopilación internacional de investigaciones judiciales, ejecutivas, parlamentarias y denuncias relacionadas con personas y entidades de interés que han tenido conexión con el manejo de fondos originados en Venezuela durante los últimos 20 años de gobiernos ligados al chavismo.

Un hombre de bajo perfil

La empresa de Molina Castrillón, Nakasawa Resources, está registrada en Panamá y tiene domicilio en la primera calle norte 94 de Bella Vista, en Ciudad de Panamá, desde el año 2001. Su rubro es el diseño, ingeniería, manufactura e instalación de equipos para la producción de petróleo, lo que le ha abierto las puertas en varios países que se dedican a esta labor.

Además de esa dirección tiene registrada en su página web otras cuatro oficinas alrededor del mundo, incluyendo una para Latinoamérica que funciona en la Torre Futura, un importante edificio de oficinas en una zona exclusiva de San Salvador, en El Salvador. También declara tener una oficina en Miami, Estados Unidos, para Norteamérica; otra en China, para Asia; y una en Omán, para el Medio Este.

Molina Castrillón figura como presidente ejecutivo de Nakasawa en la página web de la empresa. Un año antes, según los registros en Panamá también se quedó con el cargo de apoderado legal de la compañía y depositó en su esposa, la salvadoreña Carmen Elena Clautier Laínez, tres cargos importantes en la junta directiva: presidenta, secretaria y tesorera. Además, Clautier fue añadida recientemente como encargada relaciones públicas y comunicaciones de la empresa.

Hasta los primeros días de septiembre la empresa exhibía la información de sus contratos con Pdvsa en la versión en español de su página web. Después de que Molina Castrillón fue contactado por Chavismo INC. la relación de proyectos fue borrada. Los documentos eliminados dejaban constancia de que los primeros contratos de Nakasawa con Pdvsa databan de 2010. En su mayoría fueron para la venta, instalación e inspección de calderas y generadores de vapor, conocidos también como “steam generator”, además de tuberías y otra maquinaria para proyectos petrolíferos en el lago de Maracaibo y en la Faja Petrolífera del Orinoco, que es la mayor reserva petrolera del mundo. El contrato más reciente con Pdvsa era de 2017. Consistió en la venta de 28.000 pies de “vacuum-insulated pipes”, una tubería que aísla gases al vacío y los traslada a tanques donde son refinados.

Molina Castrillón también aparece como propietario de una empresa llamada Giusseppe Molinari Entreprises LLC que declara haber realizado exportaciones para empresas privadas y para el gobierno de Venezuela. En su descripción dice que desde 2001, mismo año en el que surgió Nakasawa, se dedica a la comercialización de materias primas alimentarias como pasta de tomate, azúcar, pollo congelado, leche entera en polvo y aceita de oliva extra virgen.

Molina Castrillón también aparece registrado ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador como importador de autos usados, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. Aunque está avalado para la importación de vehículos, el registro no especifica el tipo de automotores que ingresa al país ni brinda datos del empresario, como dirección de negocio propio. Únicamente detalla que durante 2017 se importaron 40,124 vehículos a nivel nacional.

El equipo incluye a la esposa de Molina Castrillón, Claudia Clautier.

Su esposa también aparece como representante legal de otras empresas en El Salvador, como Holi S.A. de C.V. y Karmensa S.A. de C.V., ambas dedicadas a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles. Esta última incluso ha declarado ante el Registro de Comercio la misma dirección de la oficina de Nakasawa en El Salvador, es decir, el espacio en Torre Futura, en San Salvador.

Se le envió un cuestionario por correo electrónico para este trabajo, pero no respondió al cierre de la publicación.

De volar alto a la ruina

Molina Castrillón llegó a la aerolínea VECA en 2015, según la documentación en el Registro de Comercio de El Salvador. La empresa nació en 2013 aunque formalmente no inició operaciones hasta finales de 2014.

Fue presentada oficialmente el 8 de abril de 2015 en un acto al que asistieron altos funcionarios del gabinete económico y el propio Merino en representación de Albapes. Tan solo 24 meses más tarde se fue a la quiebra. Para el momento cuando se declara en bancarrota ya el dirigente del FMLN era presentado, sin rodeos, como un asesor comercial de la empresa.

Ninguno de los exempleados olvida el rol de Merino, pero el de Molina Castrillón lo recuerdan de manera más difusa. “En persona nunca lo conocimos. Algunos solo escuchábamos de él como un directivo que vivía en Miami”, manifestó una de las fuentes consultadas que no quiso que se publicara su nombre porque aún espera que VECA le pague salarios adeudados desde la quiebra en 2017.

Una cuñada de Molina Castrillón, María Eugenia Clautier Laínez, también ejerció responsabilidades en la línea aérea. Ocupó hasta agosto de 2016 el cargo de administradora única suplente de la empresa, un cargo al que renunció entonces. Su presencia tampoco es muy recordada por los trabajadores.

La historia de VECA no ha dejado de generar atención por el destino en el que terminaron millones de dólares que fueron invertidos en el proyecto y por el hecho de que ni siquiera las deudas con más de 200 trabajadores han sido honradas. Chavismo INC. contactó a algunos de estos exempleados de la aerolínea, quienes aseguraron que hasta agosto de este año todavía siguen en la espera del pago de sus salarios e indemnizaciones. Varios incluso ya dieron ese dinero por perdido.

Cuando se conoció de su existencia, los pronósticos eran más halagadores. Edgar Hasbún, el primer presidente ejecutivo que tuvo la compañía, declaró a El Diario de Hoy en octubre de 2013 que la inversión inicial para crear la empresa fue de 100 millones de dólares, todos de “capital propio” y que se obtuvo “a través de un fondo creado por inversionistas extranjeros y locales”, de los cuales Hasbún no reveló ningún nombre. Después de Hasbún la presidencia de VECA recayó en el venezolano German Campos, un profesor universitario con perfil público en su país por haber sido director de una firma de estudios de opinión pública. Después aparecerían nombres como el de Molina Castrillón y Durán.

Los primeros vuelos de VECA fueron con aviones arrendados, dos Airbus 319. Sus trayectos eran cortos, todos dentro de Centroamérica, y sus precios eran los más bajos del mercado en ese entonces, entre los 150 y 250 dólares, lo cual le convirtió en una dura competencia para aerolíneas más grandes y de mayor trayectoria, que han sido criticadas por cobrar tarifas muy altas.

Aunque Hasbún negó en un primer momento que Alba Petróleos de El Salvador estuviera ligada al proyecto de VECA, con el correr de los meses el conglomerado comenzó a recibir dinero a través de paraísos fiscales como lo demostró El Faro en sus investigaciones. Todo el dinero recibido por VECA no impidió que se fuera a la quiebra dos años después de su lanzamiento oficial. “VECA enfrentará un proceso de reestructuración en su modelo de negocio. Hay problemas financieros que debemos de resolver. Por eso ya se devolvió un avión y lo mismo se hará con la otra unidad”, dijo Merino a los medios de comunicación el 17 de enero de 2017, al anunciar las razones por las cuales VECA cerraba operaciones.

VECA salió del mercado con deudas que oscilaban los 800 mil dólares solo por alquiler de los aviones con los cuales operaban y sin pagar salarios, prestaciones laborales e indemnizaciones de empleados. Solo en cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social la aerolínea retuvo a sus empleados un total de 151.238 dólares que nunca trasladó como debía. Además, los informes contables de la empresa durante su funcionamiento revelaron que la aerolínea nunca fue rentable.

“Empezaron un montón de vicios dentro de esta empresa que no permitieron que se desarrollara. Por el contrario, fueron dando indicios de que aquí estaba pasando algo grave”, fueron las explicaciones que Manuel Durán, como accionista de VECA, ofreció a los empleados durante el cierre de operaciones, según cita La Prensa Gráfica en una nota del 7 de marzo de 2017.

En esa misma nota periodística se revela que en 2015 VECA tuvo pérdidas de 16,2 millones de dólares y que nunca logró encontrar un punto de equilibrio para funcionar. “Técnicamente, financieramente hablando, somos una empresa quebrada. La idea aquí es ver cómo salimos de eso, ¿se puede? Sí, pero no está para mañana ni está para fines de este mes”, dijo Durán.

Una investigación paralizada

El 31 de mayo de 2019, dos años después del cierre de VECA, la Fiscalía General de la República de El Salvador realizó un allanamiento de 23 empresas relacionadas con el conglomerado de Alba Petróleos, bajo la sospecha de formar una red de lavado de dinero y activos. Ese mismo día el FMLN, el partido ligado a Pdvsa y Albapes, dejaba de ocupar el Órgano Ejecutivo después de dos períodos consecutivos y dejaba el puesto al recién elegido Nayib Bukele.

El Ministerio Público salvadoreño sostiene que entre 2010 y 2019 la sociedad Alba Petróleos de El Salvador realizó transacciones multimillonarias, lo cual encendió las alertas de indicio de lavado de dinero por dos razones principales. La primera es que las transacciones entre las empresas involucradas “no se justifican de conformidad a la naturaleza del negocio, ya que las mismas han sido concebidas con la intención de recibir y desviar fondos a personas diferentes a los beneficiarios finales”.

La segunda es el “desconocimiento que se tiene del origen de la mayoría de recursos que fueron depositados en cuentas bancarias y el destino que se les dio a los mismos”. En este último punto se destaca el hecho que Alba Petróleos realizó durante el período investigado donaciones por casi 12,8 millones de dólares, un monto que superó las utilidades generadas. “La sociedad ha regalado más dinero que el que ha generado en beneficio de la misma sociedad”, dice la Fiscalía en el informe al que Chavismo INC. tuvo acceso para esta nota.

Aunque VECA no está dentro del listado de empresas allanadas por la Fiscalía hace un año, la aerolínea sí recibió dinero de Alba Petróleos mediante triangulaciones y además enfrentó una demanda de sus exempleados por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales. Sobre esta acusación la Fiscalía allanó las oficinas de la aerolínea el 7 de marzo de 2017. Exempleados contactados para esta investigación dicen que en ese momento se puso una demanda colectiva y que se inició un proceso de negociación al que se comprometieron los representantes de VECA, pero hasta hoy, tres años después, son pocos los que han recibido el dinero adeudado.

El allanamiento del 31 de mayo de 2019 se dio una semana después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a José Luis Merino, uno de los representantes legales de Alba Petróleos, en la lista negra de funcionarios investigados por corrupción en El Salvador y en Centro América. Las autoridades estadounidenses consideraron en ese momento que Merino contribuyó en el desvío de 400 millones de dólares a través de una serie de compañías ficticias a cuentas “offshore” radicadas en Panamá y otras compañías fachadas.

Chavismo INC. buscó la versión de la Fiscalía salvadoreña para actualizar los avances en la investigación contra Alba Petróleos después de los allanamientos del 31 de mayo de 2019, pero no pudo tener información bajo el argumento de que es un caso que sigue en proceso.

Uno de los fiscales que participó en el allanamiento se limitó a decir, bajo condición de anonimato, que la unidad de lavado de dinero y activos sigue analizando todo lo incautado y que han tenido atrasos por cambios de personal en esas labores. La misma fuente no descartó que a medida se investigue lo encontrado surjan nuevos nombres de empresas y de personas ligadas al esquema de corrupción.

Un nexo más allá del dinero

Alba Petróleos nació como una sociedad de economía mixta. El 40 por ciento de sus acciones pertenecían a la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), una sociedad formada por 19 alcaldías de municipios salvadoreños que eran conducidas por el FMLN. El otro 60 por ciento le pertenecía a PDV Caribe, una filial de Pdvsa que fue creada para gestionar los acuerdos de cooperación en Centroamérica y el Caribe. Auditorías realizadas a PDV Caribe, y las cuales fueron reveladas en la investigación Petrofraude, liderada por CONNECTAS en alianza con cuatro medios de la región, mostraban desórdenes en la adminstración de los convenios Petrocaribe y el ALBA.

En la investigación también se revelaron una serie de operaciones inmobiliarias realizadas en El Salvador que involucraban a Alba Petróleos de El Salvador que se convirtió en un gran prestamista hipotecario.

La relación que terminó con la creación de la empresa mixta binacional se comenzó a gestar cerca del año 2006 con el acercamiento del gobierno venezolano, en ese entonces todavía bajo la dirección de Hugo Chávez. Tomó fuerza cuando el FMLN llegó a la Presidencia, sobre todo a partir de 2014, con Salvador Sánchez Cerén, uno de los principales dirigentes del partido de izquierda. Los nexos derivaron en un manejo empresarial hoy bajo la lupa de la Fiscalía, en una investigación de la que se conocen pocos progresos aunque sobre la materia para seguir indagando.

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