El titular del Juzgado 41 de Madrid, juez Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano.
Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a miembros del ejecutivo actual y del anterior como a colaboradores de todos ellos que residen en la península ibérica desde hace años y que habrían facilitado a sus compatriotas las vías para devolver los fondos de la empresa estatal PDVSA al curso legal a través de diferentes inversiones inmobiliarias y de todo tipo.
La investigación, que aún se encuentra en un momento incipiente y bajo secreto de sumario, supone la mayor causa que emprende el mencionado juzgado de instrucción desde que está al frente el juez Peinado y, según fuentes judiciales consultadas, este magistrado dedica la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento. No en vano, incluso durante estos días de Semana Santa el instructor ha estado practicando diligencias para hacer avanzar el asunto, en el que hay decenas de personas investigadas, apuntan las mismas fuentes consultadas, que hablan de más de 40 imputados.
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En concreto, el juez rastrea más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal PDVSA con empresas de la trama. Parte de ellas estarían vinculadas a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento aún no ha venido a España para declarar. Estos convenios, muchos de ellos obtenidos tras un soborno previo, habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantiles, explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa.
Rodríguez ejerce como vicepresidenta del país desde el pasado junio, cuando abandonó su cargo al frente de la Asamblea Nacional Constituyente para pasar a ser la mano derecha de Maduro. Anteriormente había sido canciller de la República Bolivariana y ministra de Información, puesto este último que luego pasó a ocupar su propio hermano Jorge Rodríguez, hoy vicepresidente de Comunicación y también investigado en la causa que dirige el Juzgado 41. Con Chávez, Delcy también tuvo un alto cargo, el de ministra del Despacho del Presidente nada menos. Su trayectoria política la convierte en una de las personas más influyentes del país, pues ha permanecido en puestos de responsabilidad con los dos últimos jefes de gobierno.
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El procedimiento que instruye el Juzgado 41 comenzó en España después de que a lo largo de la investigación realizada en otra causa abierta por un juzgado de Houston las autoridades norteamericanas descubrieran que la trama contaba con una derivada en Europa. En concreto, la justicia vinculó la organización con mercantiles en Portugal. La colaboración internacional permitió posteriormente descubrir que los fondos derivados a este último país pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Cuando las autoridades de Estados Unidos descubrieron esta circulación del dinero, se lo comunicaron a la justicia portuguesa, que abrió las correspondientes diligencias por blanqueo de capitales, y ésta a la española.
No en vano en 2017, a petición de las autoridades lusas, la Audiencia Nacional coordinó una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de PDVSA a actividades en España con el fin de ser blanqueados. Sin embargo, la red era de tal magnitud que era necesario iniciar una nueva causa coordinada por un juzgado español para investigar la derivada de la trama. La Fiscalía Anticorrupción la puso en marcha y ahora se encuentra en el citado Juzgado 41 de Madrid. Los investigadores estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que los venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.
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El Gobierno de Maduro está preocupado por la causa y por eso tiene la intención de personarse en la misma a través de un bufete de abogados francés con el que ya ha entrado en contacto. El magistrado Peinado, sin embargo, aún no ha resuelto sobre este extremo, que permitiría al ejecutivo acceder a toda la información sobre investigación que no esté bajo secreto de sumario a través de la figura de la acusación particular o popular.
El juez ya ha tomado declaración a varios investigados, como Luis Carlos de León -exresponsable financiero de Electricidad de Caracas, empresa pública dependiente de PDVSA- o Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y una persona cercana a los ministros Rodríguez. Ambos fueron detenidos hace más de un año en España en relación con la trama que dirige el juzgado de Houston, dado que se encuentran también en el centro de esa causa, que sigue procedimiento contra otras personas igualmente imputadas en España, como Rafael Reiter -exjefe de seguridad de PDVSA- o Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández, entre otros.
La Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ya detuvo el pasado junio a Rincón Bravo en el marco de un procedimiento que inició el Juzgado 27 de Madrid, que posteriormente derivó su investigación al 41. Su padre Rincón Fernández confesó su implicación en el pago de sobornos a PDVSA a cambio de contratos de la petrolera con empresas ubicadas en Estados Unidos y otros países, entre los que parece ahora que estaba España. Según apuntó un escrito del juzgado de Houston en agosto de 2017, Rincón Fernández y su socio Abraham José Shiera pagaron 27 millones de dólares a funcionarios del Gobierno bolivariano y a directivos de la petrolera para asegurarse contratos para sus empresas.
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La causa estadounidense comenzó después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición al régimen de Maduro, denunciara en 2016 que entre 2004 y 2014 desaparecieron 11.000 millones de dólares de PDVSA. Un año antes de esta denuncia pública, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a un banco de Andorra de blanquear 2.000 millones de dólares que habían sido sustraídos de la petrolera estatal. La operación para lavar el dinero en España se basaba en la adquisición de inmuebles y en la inversión en las empresas de la trama, que se dedicaban a un amplio abanico de sectores, como el inmobiliario o el industrial, entre otros.
PDVSA ha sido la principal fuente de financiación de los gobiernos de Chávez y Maduro. La denominada gallina de los huevos de oro financió los programas sociales de los dos mandatarios. Sin embargo, la mala gestión de la petrolera y, como comienzan a demostrar las investigaciones judiciales, el desvío de fondos a los bolsillos de sus saqueadores provocaron la catastrófica situación que sufre la empresa pública, una crisis que potencia el desplome de los precios de los hidrocarburos. En este contexto, el ejecutivo de Donald Trump ha incrementado las sanciones contra PDVSA para darle la puntilla al Gobierno de Maduro al tiempo que el líder de la oposición Juan Guaidó ha anunciado una reforma a fondo del sector petrolífero venezolano que regulara las ofertas de licitación y persiguiera la corrupción, según contó S&P Global.
QUIÉN ES QUIÉN
Delcy Rodríguez es la actual vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y mujer de absoluta cercanía a Nicolás Maduro. Ha ocupado varias carteras ministeriales en los Ejecutivos de Chávez y Maduro, entre ellos, estuvo al frente de Exteriores entre 2014 y 2017. En septiembre pasado, Delcy Rodríguez fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU e incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). En una reciente visita a Moscú, la vicepresidenta afirmó que “Venezuela vive un momento particular donde es víctima de una agresión multiforme dirigida desde los Estados Unidos”.
Jorge Rodríguez es hermano de Delcy y actual ministro de Comunicación e Información de Venezuela. Entre 2008 y 2017, fue el alcalde de Caracas. Al igual que su hermana, está incluido en la lista negra de la OFAC. Jorge y Delcy son hijos del guerrillero y fundador de la Liga Socialista de Venezuela, Jorge Antonio Rodríguez, quien murió en 1976 cuando se encontraba bajo custodia de la policía en el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se le acusaba de haber secuestrado a un empresario estadounidense.
Nervis Villalobos, alias ‘Enano’, fue viceministro de Energía (2002-2006) en el primer Gobierno de Hugo Chávez. Fue detenido en Madrid en octubre de 2017 a petición de Estados Unidos por su supuesta implicación en una trama que habría desviado fondos de la estatal petrolera PDVSA. Desea ser extraditado a Estados Unidos para colaborar con la Justicia norteamericana, pero tiene causas pendientes también en España, Andorra, Portugal y Venezuela. El auto de acusación del tribunal de Houston de 2017 describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en asegurarse la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía. Entre sus colaboradores estaban Luis Carlos de León Pérez y Rafael Reiter, también investigados por el Juzgado 41 de Madrid. Tiene diversas cuentas en bancos suizos y maneja sociedades en al menos 5 países: España, Portugal, Estados Unidos, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. Disfruta ahora de la libertad provisional en su lujosa casa de La Moraleja. En 2018, Villalobos declaró en sede judicial lo siguiente: “El presidente de la República, por ese entonces el presidente Chávez, tenía el control absoluto de todo. Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.
Luis Carlos de León, que goza de doble nacionalidad venezolana y estadounidense, fue director financiero de la empresa estatal de electricidad de Corpoelec. Detenido en España a petición de Estados Unidos en 2017, fue extraditado a este último país, donde firmó un acuerdo con un tribunal de Houston que lo investigaba. En el pacto admitió su culpabilidad por haber recibido sobornos de empresarios como Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos afincados en EEUU. Las coimas abonadas a De León les abrieron las puertas a obtener contratos en el sector energético de Venezuela. Parte de ese dinero recibido lo blanqueó De León en bancos suizos.
Rafael Reiter fue el jefe de seguridad de PDVSA. Su misión principal consistía en detectar posibles irregularidades en la gestión de la petrolera estatal. Es investigado en EEUU por el mismo caso que Villalobos y De León, por lo que fue extraditado desde España a ese país. Con el dinero obtenido por los sobornos de empresarios que consiguieron contratos con PDVSA, entre otras adquisiones, compró una casa de lujo en San Cugat del Vallès (Barcelona). El FBI lo investigó también por haber sido uno de los ‘valijeros’ que llevó millones de dólares en 2007 a Argentina para financiar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner.
Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera, empresarios venezolanos afincados en Florida, fueron acusados por la Justicia de Estados Unidos en 2015 de pagar sobornos a altos funcionarios de PDVSA con el fin de adjudicarse contratos de forma privilegiada entre 2009 y 2014. Ambos se declararon. Rincón y Shiera desviaban una gran parte de sus ganancias a sociedades en paraísos fiscales, entre ellos, las Islas Cook o Barbados. En julio de 2019, un juez de Houston dictará sentencia por la causa de Roberto Rincón y Abraham José Shiera por haber participado en esquemas de corrupción al pagar coimas de al menos 27 millones de dólares en negocios cuya suma se eleva por encima de los 1.000 millones de dólares. El hijo del primero, José Roberto Rincón, y su mujer, María Lila Bravo, están siendo investigados en España por blanqueo de capitales
