Tres meses después de denunciar que el sistema electoral venezolano está plagado de «deficiencias estructurales» que ponen en entredicho la confiabilidad y transparencia de cualquier proceso comicial, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que presenció las «megaelecciones» del 21 de noviembre de 2021 ofreció a las autoridades la receta para revertir esta situación y recuperar la fe de los electores en el voto.
RL / Idaed / Accesoalajusticia
«Reforzar la separación de poderes». Esta es la principal recomendación que figura en el informe final que el grupo que siguió el proceso en el que se escogieron los 23 gobernadores de estado, 335 alcaldes, decenas de diputados regionales y miles de concejales presentó el 22 de febrero en Bruselas (Bélgica). El Gobierno de Nicolás Maduro ignoró las peticiones de los observadores de que les permitiera presentar su reporte en Caracas, tal y como habían pactado previamente.
La instancia no se limitó a lanzar enunciados, sino que sugirió acciones concretas. Así, entre las veintitrés propuestas que figuran en el informe se insta a las autoridades a tomar medidas para asegurar la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se plantea aprobar
«una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del Poder Electoral».
Tanto en su informe preliminar como en el definitivo, la MOE-UE cuestionó la actuación del máximo juzgado durante los comicios regionales y municipales. En el primer documento se refirió a los fallos de la Sala Constitucional en los que intervino a los principales partidos políticos de la oposición; y en este último reporte se critica la decisión de la Sala Electoral de anular las elecciones en el estado Barinas y ordenar su repetición, bajo el argumento de que el ganador, el opositor Freddy Superlano había sido inhabilitado por la Contraloría General sin conocimiento siquiera del Consejo Nacional Electoral (CNE). La MOE-UE denunció estas decisiones del TSJ por estar dirigidas a favorecer las posibilidades del oficialismo en las urnas.
No se puede obviar que veintinueve de los treinta y dos magistrados del actual TSJ se desempeñaron antes como ministros, embajadores, diputados o tienen alguna relación familiar o nexo con miembros del Gobierno de Nicolás Maduro.
Menos para unos, más para otros
La MOE-UE no solo considera necesario limitar las potestades del máximo juzgado para evitar que invada las competencias del CNE, sino que también pidió hacer lo mismo con la Contraloría General de la República.
«Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa», se lee en el reporte, en el cual se denuncia las inhabilitaciones políticas previstas en el artículo 105 de la ley que regula al organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.
Previo a las elecciones, el despacho ahora dirigido por Elvis Amoroso impidió participar en ellas a veintisiete miembros de la AN electa en 2015, así como a algunos abanderados del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Por último, como ya se dijo, una supuesta sanción de esta naturaleza no notificada previamente fue la razón argüida por el TSJ para despojar a Superlano de la Gobernación de Barinas.
Estas sanciones administrativas van a contracorriente de la Constitución, que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Asimismo, las inhabilitaciones violan el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto indica que los derechos políticos solo pueden restringirse mediante una condena dictada por el juez competente en un proceso penal; por ello, en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó a Venezuela a derogar esa norma.
Además de limitar al TSJ y a la Contraloría, con miras a hacer más confiables, justos y transparentes los comicios futuros, la MOE-UE también abogó por reforzar los poderes del árbitro electoral, en especial sus «facultades sancionadoras (…) mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña».
Los observadores denunciaron lo siguiente:
«Los candidatos del partido gobernante se beneficiaron de una amplia red de activistas y del extendido uso de los recursos del Estado, incluido el transporte público y la distribución de bienes y servicios. Los observadores de la MOE-UE reportaron indicios de que se presionaba o pagaba a la gente para que asistiera a los actos del partido, mientras que la libertad de movimiento de la oposición se vio limitada por la falta de recursos financieros y materiales, incluido el racionamiento de combustible. El acceso a los medios de comunicación tradicionales y sociales también fue más difícil para los partidos de la oposición. El CNE no sancionó las infracciones de las normas de campaña ni el uso de recursos del Estado, a pesar del despliegue de 2.000 fiscales. El control de los fondos de los partidos políticos sigue siendo una importante laguna del sistema electoral venezolano».
No obstante, la sugerencia no es nueva: ya en 2006 otra Misión de la Unión Europea que presenció las elecciones presidenciales celebradas ese año había hecho un planteamiento similar. En el informe publicado ese año se lee:
«La suspensión de la publicidad institucional, ya sea de nivel nacional, estadal o local, y una más clara limitación de las actividades públicas de todos los funcionarios y cargos electos durante el período de la campaña electoral, acabaría con los riesgos de ventajismo y con el uso de los recursos públicos en beneficio de ciertas candidaturas. Tanto la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política como las buenas prácticas internacionales prevén estas limitaciones. Por otra parte, el CNE y el Ministerio Público deberían hacer uso de los mecanismos sancionatorios de los que disponen para combatir las infracciones, que también pueden ser denunciadas por cualquier ciudadano o los representantes legales de los partidos políticos».
Acceso equilibrado a los medios
El oficialismo no solamente recurrió a los recursos y fondos del Estado para mejorar sus posibilidades en las urnas el pasado 21 de noviembre, sino que de paso buscó limitar las posibilidades de que sus adversarios pudieran difundir sus ideas por los medios de comunicación. Así lo denunciaron los observadores de la UE, quienes reportaron «autocensura en 21 estados, y el cambio de la línea editorial de algunos medios de comunicación como resultado de presiones políticas en 13 estados».
La MOE-UE consideró necesario derogar la cuestionada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, pues esta «Supone una grave amenaza para la libertad de expresión en línea y tiene un efecto amedrentador sobre la conversación en internet», y se agrega que «los observadores de la UE desplegados por toda Venezuela informaron de que muchos interlocutores, en su mayoría periodistas y candidatos, no se sentían libres para expresarse en línea».
Si bien saludó que no hubiera cadenas presidenciales durante la campaña, el grupo de observación denunció que la cobertura a las actividades de Nicolás Maduro por parte de los medios públicos fue desproporcionada.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe de la Misión de la UE hace un nuevo diagnóstico sobre las fallas que aquejan al sistema electoral venezolano. Un diagnóstico que no es novedoso sino, por el contrario, altamente conocido por los electores, quienes han decidido responder a estas fallas absteniéndose masivamente de participar en los comicios celebrados después de 2015. Sin embargo, al provenir de un órgano con tan alta credibilidad y ser tan concretas, es fundamental para tener una hoja ruta clara hacia la democracia.
