La sentencia, redactada por el magistrado Maikel Moreno, indica que “se evidencia el incumplimiento del contrato de venta ocasional de hidrocarburos, el suministro de varios cargamentos de Merey 16 y Special Hamaca Blend celebrado entre la Sociedad Mercantil (Supraquimic), presuntamente propiedad de los imputados y la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en fecha 20 de diciembre de 2020”.
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Los despachos, realizados entre el 26 de diciembre de 2020 y 22 de enero 2021, sumaron un total de 6.335.223 barriles, por los cuales Supramquimic debió cancelarle a Pdvsa $226.373.592,39 “que dejó de percibir la estatal petrolera”.
Por ese hecho fueron procesados José Alfredo Llamozas González y Jean Carlos Foliaco Ardila, denunciados por la Consultoría Jurídica de Pdvsa.
Las investigaciones comenzaron el 31 de marzo de 2021 por funcionarios adscritos a la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes detuvieron a Llamozas y Foliaco en la sede de Pdvsa La Campiña.
Estas personas fueron presentadas ante el Juzgado Especial 2° de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, donde el Ministerio Público les imputó peculado doloso propio y agavillamiento. El Tribunal acogió los delitos y decretó privativa de libertad el 2 de abril del año 2021.
Tal decisión fue revocada el 2 de julio de 2021 por la Sala Especial 1 de la Corte de Apelaciones, cuyos jueces le otorgaron a los dos procesados una medida cautelar consistente en presentarse cada ocho días al tribunal antiterrorista.
Veinte días después, el expediente es enviado a la Sala Penal del TSJ por solicitud de sus magistrados quienes analizaron el asunto y acordaron que el proceso se siguiera pero por un tribunal de control ordinario, desplazando así al juzgado antiterrorista.
En ese avocamiento ejercido por la Sala, sus magistrados también decidieron que la Fiscalía Superior del Ministerio Público, correspondiente a Caracas, “designe el representante fiscal que continuará conociendo de la presente causa”.
Lo actual
El viernes 17 de marzo pasado, la Policía Nacional contra la Corrupción emitió un comunicado informando que solicitó al Ministerio Público el procesamiento penal de funcionarios públicos pertenecientes a Pdvsa, quienes pudieran estar incursos en hechos delictivos. Ese mismo día detuvieron a Joselip Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) así como Antonio Pérez Suarez, vicepresidente de Pdvsa.
Al día siguiente, Últimas Noticias publicó un reportaje donde se informaba la existencia de ventas de crudo cuyas divisas no ingresaron al Estado, lo cual arrojaba una cifra de 3 mil millones de dólares, de acuerdo a fuentes ligadas a la industria petrolera.
Siete días después, concretamente el sábado 25 de marzo, el fiscal general, Tarek William Saab, informó al país la detención de 11 empresarios y 10 funcionarios públicos como presuntos participantes de lo que el Ministerio Público denominó la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
Ese día, el Fiscal General describió un esquema que implicaba “operaciones paralelas a Pdvsa” mediante el uso de criptomonedas, lo cual significó la desviación de los recursos monetarios provenientes de la venta del petróleo. Saab no precisó a cuánto ascendía el daño patrimonial causado a Venezuela.
