Casi de la noche a la mañana, las detenciones de la Guardia Costera de Estados Unidos se triplicaron. De 2012 a 2018, la Guardia Costera interceptó 1.066 toneladas de cocaína y detuvo a 3.277 personas sospechosas de tráfico, 700 de ellas procedentes de Ecuador.
En 2013, después de que una inundación arrasara la casa de Bexy Guerrero Salmiento, su marido desapareció. Pocos días antes, Manuel, Bexy y sus cinco hijos habían abandonado los restos de su destruida casa en Manta, una ciudad portuaria de 200.000 habitantes en Ecuador, para buscar refugio donde sus parientes.
Manuel se embarcó en un viaje de pesca con el objetivo de ganar dinero para reconstruir su casa. Pero nunca regresó.
Durante meses, Bexy buscó desesperadamente pistas sobre la desaparición de Manuel. Quizá su bote se había hundido en las turbulentas olas. Tal vez había sido presa de los piratas que merodean las aguas para robar los motores de los barcos, dejando a los pescadores varados a kilómetros de la costa. Los vecinos de Bexy le aconsejaban que siguiera adelante, que lo más seguro es que su marido estuviera muerto.
Ocho meses después de la desaparición de Manuel, el teléfono de Bexy sonó.
“Mi amor, perdóname”, dijo la voz de un hombre. A través de la línea, Bexy tuvo dificultad para reconocer la voz de su marido. Su corazón se detuvo.
“No me lo vas a creer”, dijo Manuel. “Pero estoy en Estados Unidos. En la cárcel”.
Antes de que la llamada terminara, Bexy conoció los pormenores del peligroso viaje de Manuel. Desesperado por encontrar dinero para reconstruir su hogar, había acordado transportar cocaína a Estados Unidos en su barco. Los traficantes de drogas colombianos le habían prometido US$10.000 por el viaje de dos semanas.
Manuel había navegado hasta Colombia con otros dos hombres para recoger la carga y luego de salir al mar. Pero la Guardia Costera de Estados Unidos, que patrulla las costas del Pacífico de Sur y Centroamérica, interceptó su barco frente a las costas de Guatemala y capturó a los hombres.
Durante cuatro meses, Manuel estuvo recluido a bordo del barco de la Guardia Costera, que se desplazaba lentamente hacia Estados Unidos, deteniendo otras personas a su paso.
Durante el día, bajo el sol abrasador y las lluvias violentas, los detenidos permanecían encadenados en cubierta, con poca alimentación y obligados a defecar en cubetas. Por la noche son encadenados por debajo de cubierta y arrojados al interior del barco. Cuando el barco atracó en Florida, Manuel había perdido la noción del tiempo.
En Florida, los fiscales federales acusaron a Manuel y a los demás acusados de intentar traficar cocaína a Estados Unidos. Lo condenaron a 14 años de prisión.
Conocí a Bexy cerca de su casa en Manta seis años después de la captura de Manuel. Nos reunimos en la sala de una vecina junto con otra docena de mujeres cuyos esposos o hijos están cumpliendo condenas en Estados Unidos por violaciones a las leyes de drogas. En los últimos años, la Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido a cientos de pescadores ecuatorianos y los ha encarcelado en Estados Unidos.
La Ley Marítima de Drogas, promulgada en 2006, declara que es un delito contra Estados Unidos transportar drogas en aguas internacionales —incluso si no hay pruebas de que los barcos se dirigen a dicho país—. Estados Unidos ha firmado acuerdos con docenas de países, entre ellos Ecuador, que les permiten a los funcionarios estadounidenses abordar buques extranjeros, detener a los presuntos traficantes y enjuiciarlos en Estados Unidos.
Al principio, la Guardia Costera de Estados Unidos capturaba cerca de 200 extranjeros en el mar anualmente. Pero en 2012, bajo la dirección del general John Kelly, exdirector de gabinete del presidente Trump, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó la Operación Martillo para controlar el contrabando de drogas en la costa del Pacífico.
Casi de la noche a la mañana, las detenciones de la Guardia Costera de Estados Unidos se triplicaron. De 2012 a 2018, la Guardia Costera interceptó 1.066 toneladas de cocaína y detuvo a 3.277 personas sospechosas de tráfico, 700 de ellas procedentes de Ecuador.
La Operación Martillo ha tenido fuertes repercusiones en la humilde costa ecuatoriana. Me reuní con una docena de mujeres de Manta cuyos seres queridos se encuentran encarcelados, pero su grupo de apoyo, Organización de Mujeres de Pescadores en el Extranjero (OMPE), cuenta con más de 200 integrantes.
Exterior de la casa de Elena Vélez
Nos reunimos en la casa de Elena Vélez, quien fundó OMPE en 2017 después de que su hijo Johony fuera capturado. Al principio me dio dificultad encontrar su casa. En Manta, tras una franja de unidades residenciales ricas, cercadas con alambre de púas y con vigilantes armados, uno se encuentra con un laberinto de caminos polvorientos y casas de bareque, cuyas estructuras endebles parecen hechas de cerillas. Deambulé por las calles sin nomenclatura preguntando direcciones, pero afortunadamente todo el mundo en el barrio conocen a Elena Vélez.
Elena Vélez hace contactos, resuelve asuntos y es una voz de aliento. Entra a las habitaciones hablando, planeando, abrazando, reuniendo a las demás, llenando cada rincón con su presencia. Con una personalidad que compensa con creces su baja estatura, a sus 63 años tiene la energía de una niña, la compasión de un santo y un vozarrón más fuerte que los ladridos de sus dos queridos perros.
A través de OMPE, organiza talleres para que las mujeres que han perdido a sus maridos, proveedores de sustento, puedan aprender nuevas habilidades económicas. Viaja en buses del transporte público hasta ciudades a horas de distancia para instar a los funcionarios a que tomen medidas contra las desapariciones. Cada día recibe unas doce llamadas de hombres encarcelados en Estados Unidos, quienes le piden ayuda o respuestas.
La casa de Elena está hecha de bloques, lo que significa que es una de las afortunadas, aunque las habitaciones todavía están separadas por cortinas: las puertas son un lujo en este barrio. Convocó a mi reunión a las otras mujeres en su sala de estar, mientras se sentaba, se ponía de pie, caminaba, gritaba y contestaba llamadas telefónicas de hombres encarcelados.
Mi primera pregunta para las mujeres fue sobre la vida antes de la captura de sus seres queridos. María Chávez Cedeno, cuyo rostro, a sus 69 años, está curtido por las penurias y la pobreza, me dijo que su hijo Vicente ganaba entre US$50 y 100 por cada viaje de pesca, que normalmente duraba de 15 a 25 días. A menudo no ganaba nada.
“A veces [él] volvía a casa sin siquiera dinero para lavar su ropa de pescar sucia”, recuerda. En 2016, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a Vicente con cocaína en su barco. Ahora cumple 10 años en una prisión privada en Pensilvania.
Bexy Guerrero vive en una casa de bareque con suelo de tierra y sin tuberías. Cuando le pregunté cómo sobrevivió con cinco hijos y sin esposo, me respondió: “A veces como y a veces no”.
La renta per cápita de los pescadores de esta zona es de US$132 al mes. Según las mujeres, los viajes de contrabando de drogas, llamados “vueltas”, les pueden generar a los pescadores entre US$10.000 y 30.000 por viaje, sumas que pueden cambiar su vida y permitirles trasladar a su familia a una casa en una de la unidades residenciales de Manta, inscribir a los hijos en una escuela privada, poner un negocio o mudarse a un región más rica.
Shirley Salto Cedeno, de 27 años, cuyo esposo Emiliano cumple condena en una prisión privada en Georgia, dijo que Emiliano quería correr el riesgo de proveer el sustento de sus tres hijos. Antes de irse, la pareja había discutido. Shirley pensó que el viaje era demasiado riesgoso.
Mujeres y niños de Manta. En este grupo se encuentran Elena (a la izquierda), Bexy (de rosado), Shirley (a la derecha de Bexy) y María (en la esquina de la derecha).
“Una vuelta no más”, le había suplicado Emiliano. “Y podremos hacer una vida nueva”.
Según las personas que entrevisté, “Una vuelta no más” podría ser el lema de las familias pobres de Manta. A casi todos los pescadores les han propuesto hacer una vuelta. Los operadores locales, que suelen tener conexiones con traficantes colombianos, ofrecen recompensas a quienes estén dispuestos a llevar cocaína hasta la costa Pacífica de México o California.
De los que aceptan, muchos tienen éxito. Los vecinos pobres ven cómo los pescadores que han hecho la vuelta pasan de abarrotados apartamentos con piso de tierra a grandes casas de bloques con servicios como internet. Algunos hacen ruidosas fiestas en el vecindario y ofrecen bebidas para todos, lo que llama la atención de la policía y puede traer graves consecuencias.
“Todo el mundo sabe de dónde viene el dinero”, dice Shirley, la integrante más expresiva del grupo. “El dinero de las drogas es el secreto sucio de Manta”.
Muchos pescadores, conociendo los riesgos del contrabando, se niegan a hacer vueltas. Pero las catástrofes pueden llevarlos a reconsiderar la propuesta. Casi la mitad de las familias que entrevisté dijeron que su ser querido había hecho una vuelta en 2016, el año en que un terremoto de magnitud 7,8 sacudió a la costa de Ecuador, dejando a miles de familias sin hogar.
El marido de Shirley, Emiliano, hizo una vuelta después de que la pareja perdiera su casa tras el terremoto. Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos que volaba sobre el océano identificó su barco y disparó al motor para que no pudiera escapar. Después de ser capturado, Emiliano pasó dos meses a bordo del barco, detenido sin un abogado y sin ser enjuiciado, bajo retención legal hasta que el barco terminó de patrullar la costa centroamericana y dejó a los hombres en Florida.
La mayoría de los extranjeros retenidos en el mar son procesados en Florida. Geográficamente, esto no tiene mucho sentido porque Florida está mucho más lejos del océano Pacífico que los estados del oeste de Estados Unidos, y llegar allí requiere más tiempo y recursos. Pero el distrito judicial federal del Noveno Circuito, que abarca el oeste de Estados Unidos, ordena que los fiscales demuestren que los traficantes se dirigían a Estados Unidos para condenarlos. El Undécimo Circuito, que abarca a Florida, no requiere tal prueba. Por lo tanto, Florida es el estado preferido para enjuiciar a los traficantes de drogas.
Entre las mujeres que entrevisté, las sentencias de sus hombres oscilan entre nueve y 14 años. Su ausencia es devastadora financiera y emocionalmente para las familias. Varias mujeres hablan con dificultad en medio de las lágrimas.
Una mujer, que había dado a luz a una hija pocos días antes de la captura de su marido, estaba tan angustiada que no podía cuidar de la niña y tuvo que enviarla a sus parientes. Otra me dice que su hijo menor, un niño de dos años, dejó de hablar después de que su padre desapareciera.
Cuando todas las mujeres habían contado sus historias y regresado a sus casas, Elena Vélez y yo nos quedamos solas. Cuando yo estaba entrevistando a las otras mujeres, Elena había mostrado fortaleza mientras se apuraba a prestar atención a sus necesidades. Pero una vez que nos quedamos solas y fue su turno de hablar, vi un lado diferente de ella.
El hijo de Elena, Johony, fue capturado en 2016, un año antes de fundar OMPE. Como muchos otros, hizo una vuelta después de que Elena perdiera su casa en el terremoto. Nunca se ha perdonado por el hecho de que Johony hiciera el viaje para comprarle una casa nueva.
Elena con las cartas de Johony
Elena me mostró dibujos y cartas que él le ha escrito, en las que pide perdón por el sufrimiento que ha causado.
A veces parece enojada con él por haber tomado ese riesgo sin decírselo. Otras veces, el dolor se apodera de ella, la dura caparazón se agrieta y comienza a llorar. Sobre todo, parece cansada. “Venía a casa y abría la nevera y decía: ‘Mamá, ¿qué pasó en la nevera? ¿Vino la pobreza de visita?’. Y me llevaba a comprar verduras y champú”.
Mientras hablábamos y yo veía el dolor de una madre grabada en su rostro, recordé a los padres estadounidenses que también han perdido a un hijo, a menudo a causa de las mismas drogas que estos pescadores estaban tratando de llevar (particularmente si el fentanilo es introducido más adelante en la cadena de suministro). Me preguntaba si las capturas están haciendo alguna diferencia para esas familias.
¿Ha logrado la Operación Martillo frenar el flujo de cocaína a Estados Unidos? ¿Los US$8 millones que Estados Unidos invierte cada año para arrestar a extranjeros en el mar —y los millones más que gasta en su encarcelamiento— tienen algún impacto?
Tras años de cubrimiento de la política de drogas he aprendido que las intervenciones del lado de la oferta rara vez logran reducir la disponibilidad o el consumo de drogas. Sin embargo, escudriñé en los archivos de la Guardia Costera de Estados Unidos para obtener información sobre el impacto de la Operación Martillo.
Antes de 2012, año en que comenzó la Operación Martillo, la Guardia Costera de Estados Unidos detenía alrededor de 200 presuntos traficantes al año en aguas internacionales. Interceptaba alrededor de 80 toneladas de cocaína al año, o un 12 por ciento de la cantidad total de cocaína que se sospecha que ingresa a Estados Unidos por el océano Pacífico.
Después de 2012, el número de extranjeros capturados en el mar se triplicó. La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta ahora unas 200 toneladas de cocaína al año. Sin embargo, esta cantidad representa solo el 7,3 por ciento de la cocaína traficada a Estados Unidos por el Pacífico, porque desde que comenzó la Operación Martillo, la cantidad total de toneladas de cocaína que ingresa a Estados Unidos por mar se ha más que cuadruplicado.
Esto se explica mediante una razón económica simple. Dado el mayor riesgo de ser capturados, los traficantes les ofrecen más dinero a los pescadores para que se atrevan a hacer una vuelta, y por lo tanto más pescadores lo hacen. A lo largo de la costa del Pacífico, desde Ecuador hasta El Salvador, Guatemala y México, abundan las personas desesperadas por escapar de la pobreza y la violencia por cualquier medio. Para quienes se quedan con las ganancias, que nunca serían tan tontos como para traficar las drogas ellos mismos, los pescadores pobres son abundantes y prescindibles.
Irónicamente, gran parte de la pobreza y la violencia que impulsa a las personas a hacer vueltas es el resultado de las propias políticas de Estados Unidos. Nuestros acuerdos comerciales internacionales sacan a millones de agricultores del negocio y nuestras tácticas de guerra contra las drogas aumentan la rentabilidad para los carteles, lo que lleva a la violencia entre los rivales que se enfrentan por el poder.
También somos el mayor consumidor per cápita de drogas ilícitas en el mundo; sin embargo, castigamos a otros por satisfacer nuestro apetito.
Pescadores en Manta se preparan para zarpar
Los pescadores pobres y sus familias son daños colaterales en la guerra contra las drogas. Su sufrimiento es una victoria para los carteles, que logran contrabandear el 93 por ciento de sus drogas a Estados Unidos mientras sacrifican cientos de pescadores desechables. Su captura es una victoria para la Guardia Costera, que de esta manera puede solicitar más fondos para detener a los “narcotraficantes” mientras llena sus barcos de personas necesitadas.
Para personas como Elena Vélez, el mercado de especulación y de poder que existe a nivel internacional tiene consecuencias concretas.
“Hay algunos días en los que siento que me voy a dar por vencida”, admite. “Pero luego miro a mi alrededor y veo las caras de las otras mujeres y entonces sé que tengo que seguir adelante”.
