Con niveles de producción históricos de cocaína, el auge de la minería ilegal, además de la generalización de la extorsión, las ex-FARC mafia tienen todos los recursos necesarios para reconstruirse como fuerza nacional.
Antes de su desmovilización, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no solo mantenían el control sobre zonas estratégicas, como parte de su guerra contra el estado, también ejercían un férreo control sobre las actividades criminales en dichas zonas. Eso les permitió llegar a ser uno de los grupos guerrilleros mejor financiados de Latinoamérica.
*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en toda Colombia. Lea la serie completa aquí.
Las FARC tenían influencia en todos los eslabones de la cadena de producción de cocaína, incluida la protección de los cocaleros, la regulación del mercado de pasta base de coca y el cobro de un impuesto (gramaje) a los productores. Varias unidades guerrilleras, como los frentes 10, 16, 29, 30, 33, 48 y 57, estaban asentadas en zonas de narcotráfico vitales y en áreas fronterizas, lo que les reportó grandes ganancias derivadas de su participación en el tráfico transnacional de narcóticos.
Además de sus operaciones de narcotráfico, las FARC cobraban “impuestos de guerra”, también conocidos como “vacunas”, a los habitantes en las áreas bajo su control. Según cálculos de InSight Crime, al momento de su desmovilización, el grupo cobraba alrededor de US$75 millones anuales por concepto de esos impuestos. La renta anual de las FARC en esos días superaba los US$200 millones anuales.
En 2018, la producción de clorhidrato de cocaína se situaba alrededor de las 1.120 toneladas, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), mientras que cerca de un 80 por ciento del oro exportado por Colombia era extraído ilegalmente. Dado su conocimiento del narcotráfico y la minería ilegal, así como el actual panorama de seguridad en Colombia, las ex-FARC mafia ahora tienen acceso a amplias fuentes de financiamiento.
Narcotráfico
Cocaína
Por décadas, el tráfico de cocaína fue uno de los pilares más importantes de financiación para las FARC, y actualmente es la economía criminal más lucrativa para las ex-FARC mafia. Desde el cobro de impuestos a la producción y el transporte de cocaína, así como su trasiego a otros países, las FARC obtenían ingresos de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Esas ganancias han sido tan importantes que las disidencias de todos los frentes de las FARC mencionados anteriormente han resurgido, con excepción del 57.
Los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana son regiones importantes para el tráfico de drogas. El Frente Primero, disidente de las FARC, controla el cultivo, la producción y el transporte de cocaína en gran parte de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Vaupés. Los insurgentes también cobran un impuesto (“gramaje”) a terceros que quieran adquirir pasta base de coca o cocaína, según entrevistas a funcionarios locales. Los cargamentos de drogas se envían por rutas estratégicas hacia Venezuela y Brasil, para lo cual las ex-FARC mafia mantienen alianzas con grupos narcotraficantes en ambos países.
Las rutas de droga hacia Venezuela muchas veces pasan por el cruce fronterizo de San Fernando de Atabapo, o se dirigen a Arauca, tierra adentro, según un reportaje del International Crisis Group y entrevistas a representantes del gobierno local. Al cruzar la frontera, la mayoría de esos cargamentos prosiguen hacia Centroamérica. En el sur de Colombia, se dirigen hacia Brasil por el departamento de Vaupés. Aquí, los disidentes del Frente Primero controlan los puntos de salida y muchos laboratorios, conocidos como “cristalizaderos”, donde también se transforma pasta base de coca en cocaína. Este grupo también supervisa la compra y venta de base de coca en los departamentos de Guaviare y Caquetá, así como su procesamiento en cocaína y su salida del país por vía fluvial. El Frente Primero ahora se asienta sobre corredores de droga claves, desde Miraflores, Guaviare, y conecta a Vaupés con Brasil.
La investigación de campo en el municipio de Leticia, Amazonas, reveló que el cruce fronterizo de Tarapacá es un cuello de botella por donde salen de Colombia la mayoría de los cargamentos de cocaína y marihuana procedentes de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca, al sur del país. En torno a la triple frontera, los cargamentos de drogas que vienen de Perú y Colombia se envían por lo general a la ciudad de Manaus en Brasil.
El departamento de Nariño sigue siendo el mayor cultivador de coca en Colombia pese a una reducción de las hectáreas informadas para 2018. De 41.903 hectáreas de cultivos de coca en Nariño, 16.046 se encuentran en el municipio costero de Tumaco, donde varios grupos de ex-FARC mafia se disputan el control del legado narcotraficante. El primero, el Frente Óliver Sinisterra, un grupo de disidentes de las FARC que abandonaron el proceso de paz en 2017, combaten a las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Los Contadores, grupo criminal dirigido por alias ‘Contador’, quien alguna vez fuera operador financiero de la columna Daniel Aldana y del Frente 29 de las FARC.
Estos tres grupos, junto con el Frente Estiven González, facción disidente del Frente 29 de las FARC, están asentados en los municipios a lo largo de la costa Pacífica del departamento de Nariño. Desde este punto, ejercen control sobre los sembradíos de coca y el procesamiento de cocaína, además del trasiego de la droga a Ecuador, Centroamérica y Estados Unidos.
En las zonas rurales de Nariño, hay laboratorios de cocaína convenientemente ubicados cerca de los puntos de salida, del océano Pacífico y Ecuador. Dado que gran parte de la cocaína se transporta por vía fluvial, los laboratorios se ubican a lo largo de las orillas de los ríos más importantes de Nariño. Alrededor de 2,4 toneladas de cocaína pasan cada mes por los ríos del departamento, según una autoridad local de Tumaco.
Aunque se encuentra ubicado justo al este de Nariño, el departamento de Putumayo alberga una variedad de actores criminales. Disidentes del Frente 48 supervisan las zonas cocaleras a lo largo de la frontera con Ecuador, y los laboratorios a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, según declararon milicianos de las FARC entrevistados por InSight Crime.
Como relató la misma fuente, el Frente 48 de las ex-FARC mafia llegó a un acuerdo con un grupo criminal conocido como La Constru para dividirse el narcotráfico en Putumayo. Mientras que los disidentes de las FARC prestan seguridad para los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento de cocaína, La Constru se encarga de los contactos internacionales, entre ellos varios carteles mexicanos, además del manejo de la logística para las rutas de droga hacia Europa y Centroamérica.
En el norte del Cauca, el control de los ríos Naya y Micay es crucial para el trasiego de los cargamentos de droga hacia el océano Pacífico. En esta región, el río Naya conduce al puerto de Buenaventura, el mayor sobre el Pacífico y uno de los puertos de salida de más tráfico de drogas en Colombia.
Según las autoridades de la zona, estos grupos “mueven todo por el río, aguas abajo del río Naya”. Los grupos armados tienen 200 mulas que transportan la droga en caravanas. Mueven la pasta base de coca con estas mulas hasta que llega a los laboratorios de procesamiento. Luego, la cocaína cristalizada viaja por río, por lo general hasta Buenaventura, desde donde pueden enviar lanchas rápidas hasta Centroamérica o en contenedores en el puerto.
En la actualidad, un grupo disidente aliado al Frente Primero, denominado Columna Jaime Martínez controla el narcotráfico en una región del Naya. Cauca tiene la tercera superficie más extensa de sembrados de coca en Colombia y, al igual que Nariño, es escenario de constantes salidas de submarinos cargados de droga y lanchas rápidas que salen de su costa Pacífica, principalmente con destino hacia Centroamérica. Varias de estas naves han sido confiscadas a grupos de ex-FARC mafia.
Al otro lado del país, en el departamento de Norte de Santander, el antiguo Frente 33 de las FARC también participa en el narcotráfico junto con otros grupos criminales. Con base en municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, estos elementos ex-FARC mafia tienen acuerdos con el ELN acerca de cómo dividirse las rutas de droga. También transportan cocaína a los estados venezolanos del Táchira y de Zulia, donde se cree que tienen relación con los carteles mexicanos que compran cargamentos.
Marihuana
La marihuana, especialmente de la variedad conocida como “cripy”, se ha convertido en una fuente importante de ingresos para el crimen organizado en Colombia. Ahora abastece el mercado interno y se exporta a otros países, como Brasil, Chile, Venezuela y al Caribe, y, según halló la investigación de campo de InSight Crime, a Trinidad y Tobago.
Muy rentable, la marihuana es ahora uno de los financiadores de varios grupos ex-FARC. Los precios de exportación pueden ser tres veces más altos que en Colombia. En Cauca, por ejemplo, un kilogramo de marihuana cripy cuesta alrededor de US$25, pero alcanza un precio cercano a los US$75 en cuanto cruza la frontera a Brasil, como lo señaló el personero de Leticia en entrevista con InSight Crime.
El cultivo de marihuana a mayor escala se da en el “Triángulo Dorado”, en el departamento de Cauca, formado por los municipios de Miranda, Caloto y Corinto. Hasta 60 por ciento de la marihuana ilegal procedente de Colombia tiene su origen en el Triángulo Dorado. Según fuentes del gobierno local, solo Corinto tiene una cosecha anual de 750 toneladas de marihuana cripy, por valor de unos US$50 millones en el exterior.
En estos municipios, el Frente 6 de las ex-FARC mafia, también conocida como la columna Dagoberto Ramos, que se enfrentó con los disidentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) a comienzos de este año por el control de la zona, mantiene estrecha vigilancia sobre los invernaderos de marihuana para impedir que las autoridades les corten el suministro de energía.
Gran parte de esa marihuana se envía a Brasil en colaboración con la pandilla brasileña Familia del Norte (Familia do Norte). Fuentes de las fuerzas de seguridad le confirmaron a InSight Crime que “los ríos son autopistas que usan no solo para transportar el clorhidrato de cocaína o pasta base de cocaína, sino también para transportar alijos de marihuana”.
Desde Cauca se envían toneladas de marihuana hacia la ciudad de Manaus en Brasil a lo largo del río Caquetá al norte de Amazonas. Otra ruta de salida cada vez más popular para la marihuana pasa por el departamento de Vichada. Esta se envía a Puerto Gaitán, Meta, antes de cargarse en barcos y bajarse por el río Meta hasta Vichada. Al llegar a Puerto Carreño, la marihuana sale por el río Orinoco por Venezuela, donde hay menos controles.
Minería ilegal
Con la continua alza del precio global del oro desde 2010, la minería ilegal de oro ha crecido en forma paralela. Las FARC edificaron esta economía criminal alrededor de un sistema de extorsión o “impuestos” a la extracción. Cobraban alrededor de US$7.000 por cada draga o equipo de maquinaria pesada que ingresara a su territorio, y cobraban a los dueños de máquinas un impuesto sobre la cantidad de oro extraído, que por lo general oscilaba entre US$1.000 y 4.000 mensuales.
La relativa facilidad con la que puede legalizarse el oro lo convierte en una economía criminal privilegiada para los grupos armados en Colombia. La minería ilegal de este metal precioso está presente en varias zonas del país, especialmente a lo largo de los ríos en zonas rurales, donde hay poca presencia y aún menos control de las autoridades. Las ex-FARC mafia han mantenido el sistema de tributos implementado por el ejército insurgente con la extorsión a mineros e incluso con la posesión de las dragas y excavadoras mecánicas para extraer el oro.
Ejemplo de esto es la disidencia del Frente 36 en Antioquia. Su lucha por el control de la minería de oro en Antioquia y en la población de Yarumal, por la que pasa buena parte del mineral, dio lugar al asesinato de tres geólogos de la multinacional canadiense Continental Gold en 2018. El delito presuntamente fue perpetrado por el Frente 36 y aliados del ELN, que también tienen intereses criminales en la zona.
En el Pacífico colombiano, la minería ilegal genera ganancias importantes en las zonas de Timbiquí, Guapi y López de Micay, en el departamento de Cauca, y de Tumaco, en el departamento de Nariño, aunque con un alto costo ambiental.
Tumaco, uno de los municipios más violentos de Colombia, además de uno de los que más altos volúmenes de cultivos de coca tiene en el país, también reporta ingresos de la minería ilegal. Según la Defensoría del Pueblo, en Tumaco se extrajeron alrededor de 587 kilogramos de oro en 2017, los cuales generaron US$1,8 millones en extorsión para los grupos ilegales, incluyendo el Frente Óliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico.
Más al norte en Cauca, grupos disidentes también ejercen control sobre la minería ilegal. Al mando de Léider Johany Moscué, alias ‘Mayimbú’, la columna Jaime Martínez controla una mina de oro en el municipio de López de Micay, de la cual reciben hasta 1.500 millones de pesos colombianos (cerca de US$440.000) anuales, según las autoridades.
En Timbiquí, el frente disidente Estiven González regula los horarios de trabajo de mineros ilegales y barequeros en la zona, según declaró un funcionario a InSight Crime. Extorsionan a comunidades enteras, “permitiéndoles” continuar con la extracción de oro con la excusa de brindar protección frente a otros grupos criminales y las autoridades. Esta extorsión se ha vuelto tan grave que a los “dueños de tierras no les queda nada, porque el mayor porcentaje (de la renta) va a la guerrilla y al dueño de la maquinaria”.
La mafia ex-FARC también participa en la minería ilegal de oro en los Llanos Orientales y el Amazonas colombiano. Alrededor del parque nacional natural Yaigojé Apaporis, estos grupos disidentes mantienen control de la región de Taraira, en límites con Brasil, donde regulan la explotación de minerales. Dicha actividad también se observa a lo largo del río Caquetá, donde combatientes del Frente Primero ofrecen protección a los mineros y operadores de maquinaria a cambio de dinero o parte de los minerales extraídos, como relataron varios funcionarios y policías entrevistados en Leticia.
El departamento de Guainía ha sido uno de los más afectados por la minería ilegal. Según varias denuncias, miembros del Frente Primero están implicados directamente en la minería ilegal entre Colombia y Venezuela. Líderes como Géner García Molina, alias “Jhon 40”, y alias “Julián Chollo” controlan minas, dragas y suministros esenciales para la extracción de oro en la zona rural de Guainía, especialmente alrededor de Puerto Inírida en la frontera con Venezuela.
El río Guainía también se encuentra en una zona de especial interés para el Frente Acacio Medina, el cual se estima que devenga unos 180 millones de pesos (alrededor de US$53.000) mensuales en ganancias de la minería ilegal. En Meta, este mismo grupo controla las dragas usadas en la minería ilegal en zonas como Mapiripán.
Al otro lado de la frontera, en Venezuela, las disidencias del Frente Primero, entre ellas el Frente Acacio Medina, reciben gran parte de sus ingresos de la minería ilegal. El estado de Amazonas es quizás el más afectado por esta economía criminal Según un reciente informe del International Crisis Group, el Frente Acacio Medina controla las minas ilegales de Yapacana en ese estado. También se han conocido denuncias de que este grupo obliga a niños y jóvenes a trabajar en las minas mediante intimidación y amenazas a sus familias.
Liderada por Jhon 40, esta división de las ex-FARC mafia controla entre 30 y 40 dragas en el río Negro de Guainía, y cobran un impuesto mensual de 10 gramos de oro por cada draga. Ese oro es enviado posteriormente a Colombia a lo largo de los ríos Guaviare, Guainía y Inírida.
Extorsión
Antes de su desmovilización, las FARC mantenían extensas redes de extorsión en los territorios bajo su control. Conocidos como “vacunas” o “impuestos de guerra”, estos pagos proveían un flujo de caja constante para la guerrilla. Muchos de los grupos ex-FARC que han surgido en los últimos tres años han mantenido dicha práctica, y muchas veces han subido la cuota respecto a sus predecesores. Como lo declaró un funcionario público en entrevista con InSight Crime en Guaviare, “la extorsión ha empeorado. Ahora los disidentes extorsionan a quienes no extorsionaban antes, pero ahora la gente también denuncia un poco más”.
Se sabe que las disidencias del Décimo Frente, así como el ELN, cobran el “impuesto de guerra” al otro lado de la frontera, en el estado venezolano de Apure. Además, cobran un “peaje” a los productos que se transportan por vía fluvial y cuatro por ciento del valor de los contratos de obras públicas para permitir trabajar en las zonas que controlan. Esta última modalidad se repite también en el municipio de Miraflores, en Guaviare, donde los disidentes cobran el mismo porcentaje por cualquier contrato que se ejecute, como declaró el secretario de gobierno municipal en entrevista con InSight Crime.
A los campesinos en los departamentos de Arauca, Guaviare y Meta les cobran entre 10.000 y 30.000 pesos colombianos (US$3 a 9) por cabeza de ganado al año. El transporte de productos y pasajeros por los ríos controlados por las ex-FARC mafia también está sujeto a extorsión. Un funcionario de gobierno de Miraflores en Guaviare declaró a InSight Crime que “todo barco que pase el río debe pagar”. Otra fuente en el campo dijo que los disidentes cobran 200.000 pesos colombianos (US$60) por cada tonelada de mercancía que se mueva por el río.
Con cerca de 3.000 toneladas de mercancías que se transportaron por el río mensualmente en 2017, puede inferirse que tienen un ingreso anual estimado de 600 millones de pesos colombianos (cerca de US$175.000). Hacia el centro del país, en Tolima, la columna Dagoberto Ramos también ha exigido pagos de 400.000 pesos colombianos (US$120) a los conductores de transporte público que se desplazan por la zona.
De igual forma, los comerciantes son víctimas de esta economía criminal. Estos son convocados en pequeños grupos a zonas rurales de los municipios para que hagan pagos a los grupos de ex-FARC mafia, quienes intimidan a la población para que no denuncien esto a las autoridades, como trascendió en una reunión de una organización comunitaria local.
Otra forma de extorsión usada por las ex-FARC mafia en Cauca, es mediante secuestro. Las autoridades han capturado a varios miembros de la columna Dagoberto Ramos especializados en esta economía criminal, y que fueron responsables del acopio de inteligencia y del secuestro de víctimas, además de la extorsión a familiares en todo el departamento de Cauca.
De todo esto pueden extraerse varias conclusiones. La primera es que la mayoría de las unidades de las unidades de ex-FARC mafia están obteniendo ganancias importantes, muy por encima de lo que necesitan para sostener sus actuales números de efectivos. La segunda es que no tienen reparos en enfrentarse por el control de las economías criminales.
En tercer lugar, la evidencia indica que la mayoría de ellos ahora actúan solo por el dinero, y hay poca evidencia de que se esté haciendo trabajo político en sus zonas de influencia. Pueden profesar una ideología, pero cada vez actúan más como agrupaciones puramente criminales.
