A propósito de la campaña internacional aplicada contra Venezuela por la actuación del Estado contra los actos terroristas perpetrados por sectores de la extrema derecha, resulta pertinente revisar los procedimientos que algunos de estos países contemplan para contener y castigar la violencia pública.
Un nuevo capítulo de acciones vandálicas y terroristas fueron promovidas por la derecha venezolana que no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Miles de personas salieron a las calles, la mayoría de ellos financiados por el sector derrotado y bajo los efectos de fuertes drogas, a quemar hospitales, derribar estatuas, atacar sedes de partidos políticos y centros de distribución de alimentos, así como la destrucción de la vialidad y el transporte público.
A diferencia de los episodios violentos llamados “guarimbas”, de 2014 y 2017, esta vez el Ministerio Público resolvió aplicar las leyes y proceder con fuerza y justicia contra estos grupos delictivos. Esta actuación, ha sido condenada por algunos países y organizaciones de Derechos Humanos tuteladas por Estados Unidos, un país que cuenta con sanciones mucho más duras para quienes incurran en delitos incluso más leves que los que han cometido los enviados de la derecha venezolana.
¿Cómo castiga EEUU la destrucción de propiedad pública?
La legislación del estado de Washington, donde está la capital de Estados Unidos, establece sanciones bastante duras contra la destrucción de propiedad pública, y hace diferencia entre el valor de dicha propiedad y la forma en la que sea destruida. A partir de la evaluación de estas condiciones, la condena será mayor o menor.
Según el código criminal 22-4040 de Washington, si el valor de la propiedad dañada es superior a 1.000 dólares, se considera un delito grave y se le puede imponer una multa de hasta 5.000 dólares y/o una pena de prisión de hasta diez años.
Por otra parte, el código criminal 22-3571.01 establece que la persona que maliciosamente incendie o intente incendiar cualquier vivienda, o cualquier iglesia, casa de reuniones, escuela o edificio público del Distrito que pertenezca a los Estados Unidos o al Distrito de Columbia, será castigado con una pena de prisión no inferior a 1 año ni superior a 10 años.
En el caso de que se produzca alguna agresión a un policía o se exista resistencia al arresto en Washington DC, el código criminal 22-405 establece un mínimo de 180 días en prisión o una multa de 1000 dólares (o ambos). Pero si la lesión contra el oficial es grave o le ocasione lesiones de importancia, puede ser condenado hasta 10 años de prisión y una multa de $25.000 o ambas cosas.
Todas estas sanciones se agravan y multiplican si se le imputa al acusado el delito de terrorismo que, como se sabe, en Estados Unidos es un tema muy delicado. Sin embargo, sus funcionarios no se toman tan en serio cuando estas acciones terroristas son cometidas en países con gobiernos no complacientes con Washington.
Leyes antiterroristas en América Latina
Chile es uno de los países que con más vehemencia ha condenado la actuación del Estado venezolano contra los terroristas que volvieron a poner en vilo la paz nacional tras los resultados electorales del 28 de julio. Pero justamente esa nación austral, es una de las que tiene las condenas más duras contra el terrorismo, que usualmente aplica contra la población mapuche, que reclama la propiedad de sus territorios ancestrales.
En Chile se considera terrorista a aquellas personas que cometan los delitos de homicidio, lesiones, secuestro, envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento siempre que ocurran en circunstancias que produzcan temor e la población, que causen gran poder destructivo, que presione decisiones de la autoridad o les imponga exigencias, atacar autoridades, edificios públicos y una larga lista de delitos que alteren la paz nacional.
Entre las sanciones, se establecen penas acumulativas que exceden los 120 años de prisión, y penas mínimas de 10 años en los casos en los que no se consigan pruebas graves en contra del acusado o que colabore para capturar a sus cómplices.
En Argentina, el Código Penal en su reformado artículo 183, establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”. En este último caso, se suman condenas por daño a personas, propiedad pública y privada y amenazas a funcionarios públicos.
También los argentinos condenan a quien “destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños”, tal como sucedió en Venezuela con el ataque al sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral.
En Perú, la asociación Amnistía Internacional ha objetado su ley antiterrorista por violar varios derechos humanos. Como muestra de ello, basta decir que en ese país los civiles que cometan actos relacionados con el terrorismo o alteración de la paz nacional, serán declarados como traidores a la patria y serán juzgados por tribunales militares.
Condenas y silencio
Estados Unidos es el campeón en condenas a civiles por la realización de acciones violentas, agresiones a policías o intentos de subvertir el orden de la nación.
Según reporto Associated Press, el 6 de mayo del 2023 Peter Schwartz, de Kentucky, con un amplio historial delictivo, fue condenado a una pena récord de 14 años de prisión por atacar a agentes de policía con aerosol pimienta mientras irrumpía en el Capitolio en Washington DC.
También un agente jubilado del Departamento de Policía de Nueva York fue condenado a 10 años de prisión por agredir a un policía activo frente al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Durante los disturbios en Washington DC, en los que el expresidente Donald Trump incitó a la violencia a sus seguidores, más de mil personas fueron arrestadas, incluidas más de 320 que fueron acusadas de agredir a policías o impedir que hicieran su trabajo, según el Departamento de Justicia.
En ese procedimiento, más de 1.230 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios, desde delitos menores como allanamiento de morada hasta delitos graves como agresión a agentes de policía y conspiración sediciosa. Alrededor de 730 personas se declararon culpables de los cargos, mientras que aproximadamente 170 fueron condenadas después de declararse inocente y fueron a un juicio decidido por un juez o un jurado, según una base de datos de Associated Press.
Alrededor de 750 fueron condenadas, y casi dos tercios fueron a prisión. Las condenas fueron desde una semana, a varios meses, o años.
La pena más larga se impuso a Enrique Tarrio, ex presidente nacional de los Proud Boys, (un grupo paramilitar) condenado a 22 años de cárcel por conspiración sediciosa.
Cabe destacar, que ningún país del mundo dudó por un segundo condenar estas acciones y acompañaron silenciosamente el proceso de juicio a los que fueron hallados culpables.
