La Subcomisión de la Familias, adscrita a la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, celebró este miércoles el primer año de la Reforma Parcial de la Ley para la Protección de las Familias, La Maternidad y la Paternidad, sancionada por la Asamblea Nacional (AN) el 8 de febrero de 2022.

Idaed / AN

La información la suministró la presidenta de la subcomisión, diputada María Rosa Jiménez (PSUV/ Dtto.Capital), durante la reunión ordinaria de la instancia, donde indicó que la norma cuenta con más de 500 promotoras y promotores en el territorio nacional, con el objetivo de darla a conocer en el marco de parlamentarismo social de calle.

Indicó que han desarrollado más de 200 actividades para ese propósito, y que harán un mayor esfuerzo en el proceso de seguimiento, control y evaluación para la materialización de este instrumento jurídico.

Jiménez explicó que la ley tiene por objeto garantizar la protección integral a las familias, así como a la maternidad y paternidad, para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos, garantías y deberes. Asimismo, a todas las personas y familias, sin discriminaciones fundadas en el sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura o idioma.

La diputada dijo que con la ley se reconocen las diferentes formas de relaciones familiares y se logra la inclusión, protección, el reconocimiento cultural y el desarrollo de una sociedad.

Señaló que a través del texto legal se insta a la creación del Centro Venezolano de Estudios de las Familias para la investigación y formación especializada en esta materia, en su diversidad, en las relaciones familiares, la igualdad de género, la participación del núcleo familiar y la cultura de paz.

Añadió que el Centro Venezolano de Estudios de las Familias estará integrado al órgano rector en materia de protección integral a las familias, y su organización y funcionamiento se regirá por instrumento que se dicte a tal efecto.

Entretanto, la integrante de la subcomisión, diputada Imaru González (PSUV/Amazona), refirió que la norma establece que el Estado reconoce las diversas formas de organización familiar y sistemas de parentesco de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con su cosmovisión, usos, prácticas, costumbres, tradiciones, valores, idiomas y formas de vida de cada pueblo y comunidad indígena.

Agregó que el Estado, a través de los entes y organismos con competencia en la materia, apoyará estas formas de organización familiar originaria a través de programas dirigidos a la preservación de sus usos y costumbres y al fortalecimiento de su calidad de vida familiar.

La parlamentaria manifestó que todos los planes, proyectos, programas y actividades dirigidos al bienestar de las familias, la maternidad y la paternidad indígenas, deben ser consultados con los pueblos y comunidades indígenas a los fines de que ejerzan su participación protagónica.