Los pagos ilícitos a funcionarios de Petróleo de Venezuela, Pdvsa, para facilitar trámites y accesos a contratos millonarios con esa empresa del Estado venezolano representan la mayoría de los casos que han sido investigados en cuatro jurisdicciones de EEUU, específicamente en Texas, Connecticut, Arizona y el Distrito de Columbia.

RL / Idaed / Supremainjusticia

EEUU es el país en América más afectado por la corrupción proveniente de Venezuela, porque el dinero sucio penetró su sistema financiero y su mercado inmobiliario desde los inicios de la autodenominada Revolución. Son casos que involucran, además, conexiones con países de Europa, especialmente España, Suiza o Reino Unido.

El análisis de los procesos judiciales en EEUU es complejo, pero a partir de la revisión de información abierta de fuentes oficiales se puede establecer un acercamiento. Así, en Florida se instruyen al menos 16 causas, que se suman a los 12 procesos adelantados en Nueva York, mientras que el resto de la jurisdicciones completan el registro de 39 conspiraciones investigadas en todo EEUU, según el registro de Transparencia Venezuela hasta mayo de 2021: Texas con 6 casos, Connecticut con 1 causa, 1 en Arizona y 3 en el Distrito de Columbia.

En los 3 casos adelantados en el Distrito de Columbia (Washington) hay ya 4 sentenciados y 1 fugitivo, en la causa que se instruyó en Connecticut hay 3 sentenciados, mientras que en Arizona hay 1 caso con 2 sentenciados y 1 fugitivo. Texas, que es la jurisdicción que tiene más causas con 6 en total, hay 16 sentenciados, 8 que esperan condena y 6 personas declaradas como fugitivos.

Causas que avanzan

Una trama de corrupción en la filial Citgo que se investiga en Texas está activa y se esperan nuevos fallos en 2021. Para agosto fue fijada la sentencia de dos involucrados en esta conspiración, si no se registran diferimientos.

Era un esquema de sobornos a funcionarios de Pdvsa, perpetrado entre 2011 y 2018, en la misma línea de otros fraudes, esta vez para ganar contratos de suministro de equipos y servicios con la estatal venezolana, según una denuncia presentada en una Corte Federal en el Distrito Sur de Texas. Eran pagos directos en efectivo y transferencias electrónicas, así como viajes de recreación y alojamiento en hoteles, entradas al reconocido Super Bowl y boletos a otros eventos deportivos, comidas, entretenimiento, obras de arte originales y bienes de consumo de lujo, como joyas y relojes. Los señalados son:

Tulio Aníbal Farías Pérez: un venezolano residente de Texas que fue socio en varias compañías en los EEUU y en Venezuela que contrataban con Pdvsa. Se declaró culpable el 19/02/2020 y espera sentencia para agosto de 2021. Para el momento de publicar esta nota está en libertad tras pagar una fianza de USD 25.000.

José Luis De Jongh Atencio: venezolano, exjefe de Adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, se declaró culpable el 22/03/2021 y espera sentencia para agosto de 2021. Tuvo que pagar una fianza de USD 2.000.000 para quedar en libertad provisional.

En el Distrito de Columbia se instruye la causa que denominaremos Tránsito de aeronaves sospechosas relacionada con una acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, en la que se alega que, desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, el militar «conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos». De acuerdo con la información del Departamento de Justicia, el alto funcionario militar habría recibido soborno para permitir que otras aeronaves transitaran en condiciones de seguridad por el espacio aéreo venezolano.

El 25/9/2018 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EEUU incluyó a Padrino López en su lista, de conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros y se prohibió a los estadounidenses realizar transacciones financieras con él.

También en la jurisdicción de Texas se instruye una de las causas que ocasionó un serio daño al patrimonio de Venezuela porque involucra nada menos que un fraude de USD 1.000.000.000. Se trata de la red de sobornos y blanqueo de capitales que se tejió alrededor de Bariven y Pdvsa Services Inc, filiales de la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, que se convirtió en una verdadera feria de contratos obtenidos en forma fraudulenta y en la cual se han tomado decisiones y se tienen previstos otros fallos en 2021.

Son más de 20 personas señaladas, en su mayoría venezolanos, de los cuales dos fueron sentenciados en mayo de 2021: el exfuncionario de Pdvsa Services, Inc, Iván Alexis Guédez, fue condenado a 18 meses, más 2 años de libertad supervisada al término del lapso de reclusión y una multa de USD 20.000, y José Orlando Camacho, exsupervisor de ventas de Pdvsa, que deberá cumplir 12 meses de prisión, más 2 años de libertad supervisada al término de la sentencia. Ambos colaboraron con la justicia para desarticular la red.

Para agosto el 19 de agosto de 2021 fue fijada la sentencia de José Manuel González Testino, un empresario venezolano-estadounidense que controlaba varias empresas de energía en EEUU y Panamá, que proporcionaban equipos y servicios a Pdvsa. Se declaró culpable en mayo de 2019. Para el momento de esta publicación estaba en libertad bajo fianza tras pagar USD 5.000.000.

Hay 6 señalados que tienen estatus de fugitivos en el caso de Bariven y Pdvsa Services Inc., entre ellos los exviceministros Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, también investigados en España y Andorra.

En el estado de Arizona se instruye un caso por contrabando de armas que aún está abierto, en el que es mencionado un militar venezolano:

Oscar Rafael Colmenárez Villalobos: un exoficial de la Fuerza Aérea venezolana que fue acusado en el Distrito de Arizona por violar la Ley de Control de Exportación de Armas. Presuntamente conspiró con individuos asociados a una compañía de aviación en ese estado para pasar de contrabando motores de aviones militares T-76 utilizados en aviones OV-10 Bronco, desde EEUU a Venezuela. Su estatus, de acuerdo al tribunal es de fugitivo.

Convictos y confesos

Otro caso instruido en el Distrito Sur de Texas es el que involucró también a la empresa petrolera venezolana que denominaremos Proveedor de equipos industriales de Pdvsa. Fiscales de EEUU señalaron a 2 personas que conspiraron, ya están confesos, para sobornar a tres funcionarios de Pdvsa, a cambio de negocios con la petrolera entre 2009 y 2013. Cuando la empresa recibía un pago de Pdvsa, los funcionarios venezolanos emitían facturas ficticias a nombre de una compañía fantasma panameña, que le cobraría al proveedor de equipos industriales el 3% de cualquier pago que la compañía recibiera de la estatal venezolana. El dinero iba a parar a cuenta bancaria en Suiza a la que ingresaron más de USD 3.000.000. También es un proceso ya cerrado con sentencia a los involucrados:

Rafael Enrique Pinto-Franceschi: venezolano, residente en los EEUU, quien fue representante de ventas de una empresa proveedora de equipos industriales a la estatal Pdvsa. El 20/08/2019 se declaró culpable y el Tribunal del Distrito Sur de Texas le ordenó entregar USD 985.416. El 12/5/2021 fue sentenciado a 24 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada.

Franz Herman Muller-Huber, encargado de la empresa. Fue sentenciado a 20 meses de prisión en un fallo emitido el 12/5/2021, más 3 años de libertad supervisada, y fue obligado a que entregar USD 263.402.

Otra causa relacionada con los contratos con Bariven fue la adelantada por separado también en Texas por un fraude fue perpetrado entre 2009 y 2014 a través de sobornos a funcionarios de Bariven, filial de Pdvsa. Los señalados en este caso ya cerrado son:

Darwin Enrique Padron-Acosta: empresario, residente permanente de los EEUU, quien controlaba una serie de compañías estadounidenses que se utilizaron para asegurar contratos con Pdvsa. Padrón-Acosta conectó sus cuentas bancarias con las cuentas de los empleados petroleros y sus familiares para que recibieran el dinero, regalos y viajes recreativos. El 19/11/2019 fue sentenciado a 18 meses de prisión, más 3 años de libertad supervisada y se le ordenó entregar más de USD 9.000.000. Esta en libertad por cumplimiento de sentencia.

José Luis Ramos Castillo: exfuncionario de Pdvsa. Se declaró culpable el 3/12/2015 y fue condenado a 18 meses de prisión, más 2 años de libertad supervisada el 29/8/2019.

Tan temprano como 2003, cuando la situación política de Venezuela estaba en uno de sus momentos políticos más complejos, desde la empresa de perforación de petróleo Pride International, Inc, una de las una de las compañías de perforación costa afuera más grandes del mundo, se gestionaban sobornos a favor de funcionarios de Venezuela, México y la India, según la acusación que en 2010 impulsó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, y que fue instruida también en el Distrito Sur de Texas. 

Los señalamientos oficiales indicaban que entre 2003 y 2005, Joe Summers, responsable de Pride International en Venezuela, autorizó el pago de USD 414.000 a funcionarios de Pdvsa, para lograr que extendieran tres contratos de perforación que tenía la compañía y para asegurar una ventaja indebida en la obtención del pago de ciertas cuentas por cobrar. Los involucrados son:

Joe Summers: responsable de administrar las operaciones de Pride International en Venezuela, fue sentenciado el 11/08/2010.

Bobby Benton: exvicepresidente de Pride International, sentenciado el 9/8/2010.

Uno de los casos contra quien dirigió por más de una década Pdvsa, Rafael Ramírez, comenzó y terminó en Texas. Se trata del proceso que inició la empresa Harvest Natural Resources, Inc, que acusó a este cercano colaborador de Hugo Chávez, quien además de ser el presidente de la petrolera era el ministro del sector, por presuntamente haber intentado cobrar un soborno de USD 10.000.000 para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela. Los demandantes aseguraron que Ramírez y sus socios presuntamente obstaculizaron las diligencias para que la compañía concluyera la venta, lo que los llevó a perder USD 472.000.000 aproximadamente.

Aunque en febrero de 2019 un tribunal ordenó a Ramírez pagar una indemnización por USD 1.400.000.000, más de un año después, en junio de 2020, se declaró improcedente la sentencia contra el llamado zar del petróleo, porque no se le había notificado adecuadamente. De acuerdo con una nota de prensa enviada por el propio Ramírez, el juez descartó la sentencia porque «no pudo defenderse» tras su renuncia como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, en diciembre de 2017, y salir al exilio. Dos meses después, el 26 de agosto de 2020, la empresa Harvest Natural Resources retiró la demanda contra Ramírez.

En el Distrito de Connecticut se procesó uno de los primeros fraudes conocidos, perpetrado con dinero del Fondo de Pensiones de Pdvsa, estimado en USD 380.000.000. Los señalados fueron:

Francisco Illarramendi: venezolano, exasesor del Ministerio de Finanzas (1999) y Pdvsa (2004), que luego se instaló en EEUU, donde constituyó la corporación Michael Kenwood Group (2006), que según un documento publicado el 14/1/2011 por la Comisión de Valores de EEUU, no estaba en sus registros. El 7/3/2011 Illarramendi firmó acuerdo de culpabilidad y el 29/01/2015 fue sentenciado en EEUU a 13 años de prisión, más 3 años de libertad supervisada, por una operación piramidal en la que pagó sobornos a funcionarios de Pdvsa, falsificó documentación, manipuló información y desvió dinero para sus gastos personales. Fue obligado a restituir USD 330.000.000. Aún está preso.

Juan Carlos Guillén Zerpa: venezolano y contador público. Suministró una carta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, certificando activos de la corporación Michael Kenwood Group, MKG, por USD 275.000.000, que las autoridades norteamericanas determinaron como fraudulenta. El 5/5/2011 Guillén Zerpa firmó acuerdo de culpabilidad y el 14/12/2011 fue sentenciado a 14 meses de prisión, más 2 años de libertad supervisada y fue obligado a pagar una multa de USD 10.000 más USD 315.000. El 24/1/2013 Guillén Zerpa fue liberado de la prisión federal.

Juan Carlos Horna Napolitano: venezolano y administrador de bienes raíces. El 27/01/2012 fue sentenciado a 14 meses de prisión, seguidos por 2 años de libertad supervisada y obligado al pago de una prenda de USD 935.000. En Venezuela, ha estado solicitado desde 2010 por el Ministerio Público acusado de fraude en las entidades financieras Baninvest y Central Banco Universal. Está en libertad. 

En el Distrito de Columbia, de acuerdo a la información del Departamento de Justicia de EEUU, se instruyó el caso Siemens, una investigación también por pago de sobornos a funcionarios venezolanos, entre 2001 y 2007, a través de supuestos consultores comerciales a cambio de obtener y retener proyectos para el diseño y construcción del Metro de Valencia y el Metro de Maracaibo.

El contrato del Metro Valencia fue de unos USD 240.000.000 y el del Metro Maracaibo fue de al menos USD 100.000.000. De acuerdo a la justicia estadounidense, Siemens Venezuela pagó más de USD 18.700.000 a los «consultores comerciales» para que transfirieran el dinero a funcionarios del gobierno venezolano.

El 15/12/2008 Siemens firmó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia que cubría sus propios cargos y los de sus filiales. Siemens Venezuela acordó pagar una multa penal de USD 500.000 y se comprometió implementar políticas y procedimientos de cumplimiento anticorrupción en su sede central y sus subsidiarias.

En Distrito de Columbia también se investigó y se cerró el caso Helmerich & Payne de Venezuela, C.A.(H&P), una contratista internacional de perforación, que involucraba a empleados y representantes de sus filiales de Argentina y de Venezuela que pagaron a funcionarios de aduanas de esos países para ser favorecidos en la importación y exportación de bienes y equipos. También los empleados de H&P también hicieron un presunto registro falso de la naturaleza y el propósito de estos y otros pagos indebidos en sus respectivos libros y registros.

El 29/7/2009 H&P celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia. Según los términos del acuerdo, H&P acordó pagar una multa de USD 1.000.000 y continuar implementando y mejorando sus políticas y procedimientos de cumplimiento anticorrupción.