El referendo revocatorio murió al nacer. En solo dos semanas la alternativa que para muchos simbolizaba una esperanza para sacar del poder a Nicolás Maduro —o demostrar al menos en las urnas su impopularidad— feneció en medio de trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su mayoría de directivos pro Gobierno.

RL / Idaed / TalCual

Con las condiciones que impuso el CNE la historia se repitió. Desde que la posibilidad de revocar el mandato presidencial se introdujo en la Constitución de 1999 se ha intentado en tres ocasiones. Solo en 2004 pudo ejecutarse y Hugo Chávez venció a la coalición de partidos de oposición Coordinadora Democrática.

En 2016, entre la convocatoria y su aborto mediante medidas judiciales, el revocatorio fue motivo para la movilización, marchas y protestas de la oposición durante seis meses. Ahora, en 2022, el CNE se aseguró de sofocar el intento en apenas pocos días.

Las organizaciones promotoras del revocatorio 2022 exigieron un cronograma con condiciones para el elector. La respuesta del CNE fue un lapso de 12 horas (6:00 am a 6:00 pm) para recoger 20% de apoyos, es decir, 4,3 millones de huellas dactilares mediante 1.200 máquinas en un contado número de localidades. Todo, calificado por expertos consultados por TalCual como «imposible».

El director de la asociación civil Súmate Francisco Castro dice que, aunque las trabas impuestas por el CNE podían parecer diferentes, tienen similitud con las anteriores.

En 2016, rememora Castro, el «artilugio» que usó el CNE contra el revocatorio fue dilatar el proceso y reglamentarlo sobre la marcha para hacerlo engorroso. «En 2022, la estrategia del CNE fue agilizar de tal manera el proceso que no existiera ninguna posibilidad de respuesta, en términos de organización política, social o electoral, para enfrentar las trabas que se estaban poniendo», recalca.

Por su parte, el politólogo Luis Salamanca explica que el hecho de que el CNE hubiera aceptado de forma rápida las solicitudes para activar un revocatorio contra Nicolás Maduro no significaba nunca receptividad ni que Maduro estaba interesado en medirse.

Para Salamanca operó la «demagogia provocadora» de Maduro hacia la oposición. «Esto pasará a la historia por ser una cachetada a la ciudadanía», y asegura que había un plan para abortarlo de forma rápida.

Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), argumenta que al no haber una legislación específica sobre el revocatorio de mandato, el CNE se aprovecha de ese vacío normativo y aprueba reglamentos convenientes que impiden a los promotores, por ejemplo, reclamar sobre la cantidad de puntos de recolección de firmas, como ocurrió en 2022. «No hay posibilidad de exponer violaciones al reglamento».

Agrega Lander que en 1999, cuando se aprobó la Constitución vigente, una de las novedades fue el revocatorio de mandato como mecanismo de participación directa, en concordancia con su preámbulo sobre «una democracia participativa y protagónica».

Pero la Asamblea Nacional sigue en mora con la Ley de Referendos y quedó congelada en primera discusión en la legislatura de 2016, cuando los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática tenían la mayoría.

Lander insiste en que al no existir parámetros, los intentos de activar un revocatorio se hacen vulnerables, «porque ocurre que el CNE termina siendo juez y parte».

 Alineados contra el revocatorio

Salamanca, exrector suplente del Poder Electoral, recalca que legalmente si no se recogen las firmas se da por finalizado el procedimiento, desde el punto de vista del CNE.

Aunque se intenten interponer recursos para no dejar morir el revocatorio, Salamanca no cree que arrojen frutos. «A eso llamamos un régimen político, porque todo está alineado desde el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y el Poder Judicial. Todos están alineados en torno a negar el derecho a los ciudadanos de revocar».

Destaca que pudo haber oportunidad si las organizaciones que impulsaban el proceso retiraban su solicitud, pero el tiempo se agotó. Recuerda que el recurso que introdujo Mover para alargar los tiempos no fue respondido favorablemente.

Luis Salamanca razona que en 2004, 2016 y ahora se buscó, desde el Poder Ejecutivo, impedir y obstruir la expresión de la voluntad política de los venezolanos. Este año, explica, la necesidad de liquidar el revocatorio fue mucho más acuciante porque la base electoral oficialista es minúscula. Por eso, el CNE lejos de coadyuvar, tuvo todo previsto para que quedara fuera del juego.

«Lo liquidaron (al revocatorio) con la propuesta de recolección de firmas en menos de un día; eso, sin tomar en cuenta que por lo general la rutina de los centros de votación en manos del chavismo, dependiendo de sus intereses, llega tarde o temprano», menciona.

Salamanca afirma sobre el intento de 2016 que para Maduro era necesario paralizarlo porque venía de la derrota en la Asamblea Nacional y sabía que el elector venezolano se había desplazado desde el chavismo hacia la oposición y estaba en búsqueda de un cambio político.

«El gobierno había constatado que el chavismo había perdido su base. El madurismo buscaba, a través de control de los poderes públicos, precisamente el CNE y el TSJ, impedir que esa expresión se realizara», agrega.

Asimismo, considera que en 2004 —cuando pasó más de un año entre la recolección de firmas y la materialización de la consulta referendaria— lo que Chávez buscaba era intimidar al elector y dilatar el proceso para recuperarse en las encuestas de opinión, cosa que logró introduciendo las misiones sociales. La intención de Chávez, dice el politólogo, más que impedir el revocatorio fue modificar la voluntad política del elector.

Muy poco tiempo para motivar

Desde que fue concebido el proceso de activación del revocatorio iba con plomo en el ala. Para el presidente de la asociación civil Súmate Francisco Castro, las condiciones técnicas establecidas por el CNE hacían que, en términos matemáticos, fuese imposible recoger esa cantidad de firmas.

Activar el proceso era cuesta arriba, dice Castro a TalCual, no solo por términos de tiempo y cantidad de puntos sino porque estos no fueron ubicados en los sitios con mayor densidad poblacional, sino en espacios en los que se presentaban complicaciones en cuanto a la seguridad del ciudadano y a la libertad para ejercer su derecho de expresarse.

Castro expone que también fue escaso el lapso para informar a la ciudadanía. «Estamos hablando de que hubo muy poco tiempo para hacer una campaña informativa sobre el revocatorio, las disposición de puntos o para motivar a la gente».

«Esto, sin contar que hubo amenazas por parte de altos dirigentes del oficialismo en torno a la posibilidad de dar a conocer la identidad de las personas que solicitaron o firmaron en favor de revocar a Maduro», asevera, refiriéndose al anuncio del diputado y primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello.

El presidente de Súmate detalla que el CNE nunca informó el sistema que iba a usar para la recolección de huellas en apoyo al revocatorio. Recuerda que el CNE debe garantizar según la Constitución la igualdad del derecho a revocar versus el derecho a elegir.

Explica que la Constitución establece que el derecho a revocar tiene el mismo rango y nivel que el derecho a elegir, lo que significa que las condiciones mediante las cuales es electo un funcionario deben reproducirse para para garantizar el derecho a quienes quieren revocarlo.

El rector principal del CNE Roberto Picón dejó claro que tanto él como Enrique Márquez se abstuvieron de votar a favor del cronograma aprobado, puesto que implicaba procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error.

Además, el CNE dejaba sin tiempo para notificar a la ciudadanía sobre los puntos de recolección, que el proceso se iba a realizar sin auditoría del software que garantizara la integridad e inviolabilidad del proceso y sin tiempo para nombrar testigos en los puntos.

La matemática no falla, la logística electoral sí

Con Francisco Castro coincide el director del Observatorio Electoral Venezuela (OEV) Luis Lander. Recolectar más de 4.200.000 firmas en apenas 1.200 puntos durante 12 horas «era imposible», dice a TalCual. Eso significaba que el elector tendría escasos 12 segundos para todo el proceso, incluido verificar su identidad.

Afirma que la premura, el atropello y abuso con los que el CNE impuso reglas para activar el mecanismo no tenía otro propósito sino «matar» el revocatorio antes de que comenzara.

«Al ser estas condiciones aprobadas de manera irregular el CNE nos dirá que no se alcanzaron las firmas, la realidad es que las condiciones de infraestructura lo hacían absolutamente imposible», agrega.

Una fuente vinculada al CNE, que pide resguardar su identidad, develó a  TalCual que el lunes 24 de enero el organismo informó sobre una auditoria que se realizaría el martes 25 de enero. El informante cuestionó la forma en la que se hizo la convocatoria y cómo, con tal improvisación, hubiera sido posible que las organizaciones que promovían el revocatorio pudieran llevar a sus expertos a esa revisión.

Para elecciones presidenciales, el CNE ha dispuesto en el pasado 30.000 mesas, para un registro electoral de unos 20 millones de ciudadanos. Para recoger el 20% de apoyos para un revocatorio se requieren 6.000 puntos, en lugar de los 1.200 que se aprobaron para el intento de 2022.

Sumado a lo anterior, la fuente del CNE recuerda que nunca se habló de los electores residenciados en el exterior, alrededor de 109.000 inscritos en el Registro Electoral.

El miércoles 26 de enero el integrante del Movimiento por el Revocatorio (Mover) Nicmer Evans aseveró que el CNE solo montó una fachada. Explicó que un votante requería de 4.3 minutos para completar el trámite.

Mover, organización promotora del mecanismo, ya había dicho el sábado 22 de enero, que no tenía sentido participar en el proceso convocado por el CNE para el día 26 dadas las condiciones, pues solo podrían recoger 201.600 apoyos.