De existir alguna operación entre la petrolera venezolana y alguna empresa norteamericana rezagada; cualquier compañía correrá el riesgo de recibir sanciones por Estados Unidos si mantiene relaciones con PDVSA.
El domingo 28 de abril entraron en vigencia las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos (EEUU) al gobierno de Nicolás Maduro.
Las restricciones a la compra de crudo de PDVSA forman parte de una batería de sanciones que la Casa Blanca adjudicó a Maduro e instituciones políticas y financieras en el marco de su campaña de apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramentó como presidente encargado del país, Juan Guaidó.
“El 28 marca la entrada en vigencia de las sanciones, sin embargo, desde que fueron anunciadas, la realidad es que el comercio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela ha estado absolutamente limitado, ha caído abruptamente”, explicó Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional.
Doble Filo
El especialista advirtió que de existir alguna operación entre la petrolera venezolana y alguna empresa norteamericana rezagada tras la entrada en vigor de las sanciones el 28 de abril cualquier compañía correrá el riesgo de también ser castigada por el gobierno de los Estados Unidos.
Antes de las sanciones anunciadas en enero, Venezuela exportaba 500.000 barriles de petróleo ultra pesado a Estados Unidos, donde operaba Citgo, una filial de Pdvsa cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus finanzas a Guaidó.
Para de Alba, si todavía quedaba alguna operación entre PDVSA y cualquier empresa estadounidense o con compañías que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos, “a partir del 28 no cabe duda de que las sanciones están en vigencia y cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha”.
En busca de nuevos compradores
El petróleo es el pulmón de la alicaída economía venezolana, a la que aporta el 96% de los ingresos.
Con la caída de producción, estas entradas de caja están en descenso en un momento en que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes, con una hiperinflación prevista por el FMI de 10,000,000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2.7 millones de personas desde el 2015, según la ONU
Una consecuencia clave de las sanciones es que Caracas tiene que encontrar quién le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción.
La consultora Rapidan Energy Group, basada en Estados Unidos, calcula en un informe que la producción de la estatal PDVSA podría perder temporalmente unos 200,000 barriles por día. El bombeo, que era de 3.2 millones de barriles diarios en el 2008, bajó a unos 840,000 en marzo pasado.
Para eludir la sanción de Estados Unidos, el gobierno venezolano se ha volcado hacia India, China y Rusia, aunque las inminentes penalizaciones han ahuyentado a muchas empresas indias.
Un castigo colectivo
“Las sanciones han infligido, y cada vez infligen más, daños muy serios a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de 40,000 muertes entre el 2017 y el 2018”, determinaron Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un estudio publicado esta semana por el centro de estudios progresista CEPR, con sede en Washington.
Para estos expertos, que pronostican una caída de los ingresos procedentes del petróleo de un 67% en 2019, las sanciones entran en la definición de un “castigo colectivo contra la población civil”.
Según la ONU, siete millones de venezolanos (24% de la población) tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección y un 22% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica.
Las sanciones de Estados Unidos comenzaron en diciembre del 2014, durante el gobierno de Barack Obama con una ley que apunta a personas responsables de violaciones de los derechos humanos en el país caribeño.
En julio del 2017, ya bajo el gobierno de Trump, el Tesoro sancionó a Maduro, días después de la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con miras a imponer lo que denominó “un régimen autoritario”.
Maduro ubica en $30,000 millones los daños de las sanciones a la economía venezolana, pero Washington sostiene que el colapso del país con las mayores reservas de crudo es fruto de la “corrupción y el mal gobierno”.
ALD/Elnuevoherald