Pese a que los alcaldes y gobernadores electos en las «megaelecciones» celebradas el 21 de noviembre de 2021 ya tienen casi tres meses ejerciendo sus funciones, eso no quiere decir que todos ellos vayan a terminar sus mandatos en el tiempo previsto en la Constitución de 1999.

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¿La razón? El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido revisar los resultados de los comicios en tres municipios en los cuales presuntamente se habrían producido irregularidades tanto en las votaciones como en el proceso de totalización y adjudicación de los sufragios.

La Sala Electoral estudiará lo ocurrido en los municipios Carrizal y Guaicaipuro del estado Miranda; así como Mara, del estado Zulia. Así consta en las sentencias n.° 1, 2 y 3, dictadas el 16 de febrero, en las cuales admitió a trámite los recursos contenciosos electorales interpuestos contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las decisiones de la Sala abren las puertas a la posibilidad de que pueda anular los comicios y ordenar la repetición de estos, en el caso de que se verifique algunas de las denuncias formuladas por los accionantes.

Los alcaldes de Carrizal, el opositor José Morales; de Guaicaipuro, el oficialista Farith Fraija; y de Mara, el también chavista Luis Caldera, no son los únicos funcionarios cuyos mandatos están bajo el escrutinio del TSJ. El 21 de febrero el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral anunció que admitía otros dos recursos contenciosos electorales.

El primero lo interpuso el exgobernador de Lara, Henri Falcón, contra las elecciones en esa entidad centrooccidental, y el segundo lo presentaron dos exaspirantes a diputados regionales del estado Zulia. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas últimas decisiones ha sido publicada y solamente han sido anunciadas en la web del TSJ.

Falcón sostiene que las elecciones en Lara estuvieron viciadas, pues se presentó un «fraude al elector» similar al que el máximo juzgado afirma que ocurrió en el estado Barinas, donde uno de los candidatos (Freddy Superlano) estaba inhabilitado por la Contraloría General de la República y, por lo tanto, no podía postularse. En el caso de Lara se refiere al exdiputado Luis Florido. No obstante, el máximo juzgado desechó este argumento.

La Sala Electoral ya anuló y ordenó repetir unas elecciones, las relacionadas con el cargo de gobernador de Barinas, una decisión que en su momento Acceso a la Justicia cuestionó duramente, por considerar que violentaba la voluntad popular y buscaba arrebatarle a la oposición una entidad que fue bastión del chavismo durante las últimas dos décadas. 

Las denuncias

En los casos de los municipios de Miranda, los denunciantes (el aspirante oficialista a alcalde de Carrizal, Luis Aponte, y el opositor José Luis Rodríguez que esperaba llegar a la Alcaldía de Guaicaipuro) se quejaron de que las respectivas juntas municipales electorales no les adjudicaron los votos de los competidores que se retiraron de la contienda y decidieron respaldar sus postulaciones.

Tanto Aponte como Rodríguez sostienen que si se les adjudicaran los votos que reclaman, ellos serían los alcaldes y no sus contrincantes.

Por su parte, José Luis Ferreira, candidato a alcalde del municipio Mara del estado Zulia por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV), denuncia que el proceso de totalización no fue correcto, por cuanto en 16 mesas electorales, donde están registrados 11.854 electores, no se imprimieron las respectivas actas de escrutinio.

Una cifra que según la representación del accionante

«indudablemente incide en el caso de la Elección de alcalde, puesto que el ciudadano que fue proclamado como ganador por tener la mayoría relativa de votos (35.210 votos), supera a quien suscribe, que ocupó el segundo lugar (33.155 votos); es decir, una diferencia de apenas dos mil cincuenta y cinco (2.055) votos».

Motivos para dudar

La intervención de la Sala Electoral no debería ser motivo de angustia ni de preocupación, por cuanto ella es la última instancia a la que se puede recurrir en caso de alguna disputa relacionada con unos comicios. Sin embargo, el comportamiento que ha desplegado el organismo en las últimas dos décadas da muchos motivos para la intranquilidad.

Apenas el 10 de marzo la instancia desechó sin responder una demanda relacionada con las elecciones parlamentarias de 2015. El caso lo interpuso en diciembre de ese año Esteban Pérez Ramos, aspirante a diputado indígena por la oficialista Fundación para la Capacitación, Integración y Dignificación del Indígena (Fundacidi), contra los resultados de los comicios en el estado Amazonas.

Pérez Ramos denunció que la «anómala» cantidad de votos nulos registrados en este proceso lo viciaba y, por lo tanto, pedía su repetición.

En su sentencia n.° 22 la Sala Electoral ni siquiera analizó los señalamientos y se escudó en el hecho de que el demandante no cumplió con el requisito de retirar y publicar el cartel de emplazamiento para declarar la «perención de la instancia».

No se puede olvidar que el máximo juzgado aún no se ha pronunciado en relación a las denuncias de compra de votos en el estado Amazonas que el chavismo esgrimió hace siete años, que sustentaron la decisión del organismo rector del Poder Judicial de impedir la posesión de los cuatro diputados de la citada entidad.

Esta sentencia inició un conflicto con el Parlamento controlado por la oposición y abrió las puertas al cerco y bloqueo que las salas Constitucional y Electoral le impusieron, impidiéndole, a través de más de un centenar de sentencias dictadas durante los últimos cinco años, ejercer sus potestades.