A la vez que sale de la Isla el jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles), Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal que desestimara uno de los casos más grandes de confiscación por sospecha de actividad criminal tramitado en tiempos recientes en el Distrito de San Juan.
Se trata del caso que involucra a Banco San Juan International (BSJI), una institución bancaria foránea que opera desde Puerto Rico y a la cual el gobierno federal le incautó varias cuentas que tenían aquí y en Nueva York por un total de $53,082,824.19 bajo alegaciones de que era dinero producto de transacciones prohibidas con Venezuela.
Como parte del acuerdo, el BSJI pagará un millón de dólares como restitución, confirmó la fiscalía federal.
La moción del 5 de febrero del fiscal David O. Martorani Dale indica que el gobierno y los representantes de la entidad financiera llegaron a un acuerdo mediante el que el gobierno federal le devuelve todo los fondos incautados y se desestiman todos los reclamos que el gobierno hacía sobre ese dinero.
El documento, ni ningún otro en el expediente, da detalles de lo que ocurrió, pero la notificación de la fiscalía se produce después de que la jueza Aida Delgado Colón decidió un asunto aparentemente colateral en el caso.
En septiembre del año pasado, Martorani Dale sometió una solicitud de incautación sobre el dinero, en lo que es un proceso civil, y a la vez confirmó que había una investigación criminal paralela corriendo sobre el asunto.
Según la alegación de septiembre, en abril de 2017 de BSJI firmó un acuerdo de credito con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) para un prestamo de $519 millones.
BSJI le habría informado falsamente al Banco de la Reserva y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que tenían los fondos depositados en un fideicomiso, como indicaba el acuerdo con PDVSA.
Con esta falsa representación, habrían permitido que PDVSA lavara por lo menos $73.8 millones ya que el dinero entró al sistema bancario estadounidense como si fueran los supuestos pagos de un préstamo que, según las autoridades federales, no existió.
El FBI había allanado el banco en febrero de 2019 y, en ese momento, Leff dijo que entidades y personas vinculados con el gobierno de Venezuela ‘movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo’.
Hector Vázquez Muñiz, principal oficial financiero del banco, había dicho que la entidad había ‘tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones’.
PDVSA mantiene una batería de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc. Esta última es del cabildero Manuel ‘Manny’ Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rosselló y quien tuvo un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico a través de la Compañía de Fomento Industrial por $690,000 que expiró en junio de 2019.
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