Un reciente informe de Lupa por la Vida, proyecto de Provea y el Centro Gumilla, advierte de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad del Estado, en los cuales, subraya la organización, se ha visto una reconfiguración de su modelo represivo.
IDAED / El Nacional.
Una cifra que engloba esta situación da cuenta de la letalidad de los funcionarios policiales y militares: en 9 meses se han reportado 1.197 ejecuciones extrajudiciales en casi todo el territorio nacional. De esa cantidad 372 se registraron en el tercer trimestre de 2021.
Desde hace dos años el cuerpo de seguridad que más ha sembrado terror ha sido la FAES, que hasta provocó un llamado de disolución por parte de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, petición ignorada por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero en esta oportunidad, según el estudio de Lupa por la Vida, el cuerpo con más ejecuciones extrajudiciales es el Cicpc, con 114 muertes.
“En informes anteriores observábamos que el Estado persistía en su patrón letal, pero maquillaba el mismo sustituyendo a la FAES por el Cicpc, esta tendencia se mantiene este trimestre. Llama la atención la alta participación de componentes de la FANB, presuntamente responsables de 40 casos, lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana”, describe la organización, que precisa que julio fue el mes con más víctimas de este semestre con 137.
“Vale destacar que en la primera quincena de este mes se efectuaron diversos operativos policiales en las zona de la Cota 905 y El Paraíso de Caracas”, subraya el estudio.
Un informe del 13 de julio de Monitor de Víctimas da cuenta de los resultados de aquel operativo, denominado por el gobierno Gran Cacique Indio Guaicaipuro: de los 23 muertos identificados hasta esa fecha, solo 4 eran presuntos miembros de la banda del Koki. 15 de las víctimas no tenían relación con la megabanda y murieron en ejecuciones extrajudiciales o al ser alcanzadas por balas perdidas.
El estudio de Lupa por la Vida continúa al señalar que en agosto hubo una leve disminución de las ejecuciones con 120, mientras que septiembre cerró con 115.
“En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356”, explica el texto, y advierte que de esa data 242 víctimas fueron identificadas. Las otras 130 quedaron sin ser reconocidas al momento del monitoreo y sin el contexto en que ocurrieron los asesinatos.
Lupa por la Vida advierte que de las 242 víctimas identificadas 121 tenían edades de 18 a 30 años; 51 entre 31 y 50 y 3 eran menores de 18 años. Se destaca además el asesinato de 5 mujeres en ese período.
Para la organización, estos datos confirman patrones como que la mayoría de las víctimas son jóvenes de zonas pobres, es decir, hay un foco de discriminación y criminalización. “Se requiere una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables”, subraya Lupa por la Vida entre sus conclusiones.
