La persecución del régimen de Nicolás Maduro a los venezolanos no tiene límites. Huir de la miseria en busca de un mejor futuro era considerado una “traición”, volver devastado como consecuencia de la pandemia es catalogado como un “crimen”.

La dictadura se ha hecho oídos sordos cuando se trata de combatir la delincuencia, grupos guerrilleros y células terroristas pero despliega los cuerpos de seguridad del Estado para criminalizar a los venezolanos que ejercen el derecho de entrar a su país.

El canal estatal del régimen, Venezolana de Televisión (VTV), publicó la noche de este viernes un tuit en el que anunciaba el despliegue de un operativo de la policía científica en la parroquia San Juan de Caracas para “buscar a venezolanos que ingresan ilegalmente al país”.

El tuit fue eliminado horas después. Sin embargo, el mensaje estaba en total sintonía con lo que ya han anunciado públicamente dirigentes oficialistas.

Freddy Bernal, quien ejerce como “protector” del estado Táchira, dijo a finales de junio que las personas que hicieran uso de zonas distintas a los puntos de control para ingresar a Venezuela serían trasladadas a la Fiscalía y “terminarían en la cárcel” por “burlar el cerco epidemiológico”.

El régimen culpa a los venezolanos que regresan del exterior de propagar el coronavirus en el país.

Régimen viola DD. HH. y la Constitución

El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, dijo a PanAm Post que esta medida es totalmente ilegal desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos. Recordó que el artículo 50 de la Constitución garantiza que “los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna”.

Destacó además que el vínculo jurídico de la nacionalidad es catalogado como un derecho humano y, por lo tanto, es inconstitucional, arbitrario y violatorio de los DD. HH. que se persiga a los venezolanos por entrar al territorio nacional o que se les impida ingresar a su país, a pesar de las restricciones fronterizas debido a la pandemia.

“Cualquier actuación del Estado o del CICPC, cualquier política de Freddy Bernal, cualquier declaración presidencial o de altos funcionarios del régimen que se haya hecho al respecto va en contra de la Constitución y de un derecho humano reconocido por la Constitución”.

Discriminación contra enfermos de COVID-19

El régimen ha dado un giro al discurso frente a la migración venezolana que, según las más recientes cifras de ACNUR alcanza los 5,2 millones de personas. El plan de propaganda gubernamental denominado “Vuelta a la patria” parece haber quedado en el pasado.

Desde que empezaron a aumentar los casos de la COVID-19 en el país, los funcionarios de la dictadura han pretendido culpar a los venezolanos retornados del repunte de la pandemia, invocando un supuesto “bioterrorismo” para judicializarlos.

José Vicente Haro advirtió que en Venezuela se está produciendo una discriminación grave como política de Estado contra las personas que tienen coronavirus y han sido diagnosticadas tras volver del exterior.

“Ellos (funcionarios del régimen) han dicho que estas personas podrían ser perseguidas y criminalizadas, penalizadas, procesadas judicialmente por ser ‘bioterroristas’. Son personas que entran al país con coronavirus sin saber que lo tienen pero con el pasar de los días son diagnosticadas.

Parte del discurso político es que se trata de personas que premeditadamente regresaron a su país a transmitir el virus. Piensan que lo hacen intencionalmente o quieren hacer creer que lo hacen intencionalmente”.

La situación podría ser incluso más compleja. La organización InSight Crime recuerda en un análisis publicado en su página web que Freddy Bernal ha señalado a los migrantes que cruzan “ilegalmente” la frontera como una “amenaza”. También señala que el pasado 22 de julio, Bernal anunció que 36 traficantes de personas y 209 migrantes habían sido arrestados sin ofrecer más detalles.

«Vendetta» contra Los Rastrojos

InSight Crime plantea que el “combate selectivo” del régimen contra presuntos traficantes de personas, que cobrarían a los migrantes para ingresar al país por las llamadas «trochas», y contra grupos irregulares en la frontera, obedecería a una “vendetta” contra el grupo paramilitar Los Rastrojos, según una fuente de la ONG que pidió permanecer en anonimato por motivos de seguridad.

“Bernal, se supone, está enfrascado en una vendetta personal contra Los Rastrojo, que controlan parte del contrabando y el tráfico de migrantes en Táchira. Junto a miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad de exterminio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el funcionario se ha grabado en video explorando los caminos ilegales y destruyendo herramientas que Los Rastrojos estarían usando para transportar a personas”.

Concluye el análisis de InSight Crime que el régimen de Maduro, representado por Bernal en la frontera del estado Táchira, no ha mostrado el mismo entusiasmo para perseguir a otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por el contrario, sostiene el informe que la dictadura venezolana ha ayudado activamente a estos grupos a cambio de un porcentaje de sus ganancias ilícitas.