En 2015, justo cuando Venezuela terminó de convertirse en un país que mataba a hambre o a bala y las personas huían en masa —los residentes en Panamá treparon de mil a seis mil en 2015—, Once sociedades de venezolanos fueron disueltas a principios de 2016, tras la publicación de investigaciones periodísticas que los vinculaban a Panamá. La otra cerró el 13 de abril de 2017.

Malpica Flores fue sancionado por la Ofac y por el gobierno de Panamá No fue el único.

En la lista hay empresarios, y contratistas del Estado sospechados de corrupción como el grupo involucrado en los negocios irregulares con alimentos del programa CLAP. También funcionarios públicos y sus testaferros coinciden en ambas listas: la Clinton y la del Registro Público de Panamá. Uno de ellos es Samark López Bello.

Hasta el año 2013, López Bello no era un nombre que sonara mucho cuando se hablaba de política en el seno del poder venezolano. Ese año empezó a aparecer en algunas publicaciones periodísticas por supuestos vínculos a actividades comerciales en el país, pero pasaba desapercibida su relación con el superministro y vicepresidente, Tareck El Aissami. El 13 de febrero de 2017, Ofac lo señaló como el testaferro y blanqueador de El Aissami. Entonces saltó a la fama mundial.

“López Bello es un líder clave para El Aissami y lava las ganancias de la droga”, dijo Ofac cuando anunció su inclusión en la lista conocida como Clinton. Sobre El Aissami, Ofac apuntó que “facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela (…) así como el control de rutas de drogas por los puertos de Venezuela”. Él negó todo: “Esta pretendida agresión infame, canallada del imperialismo (…). Acúsennos de lo que les de la gana, nosotros sigamos construyendo el sueño de Bolívar”, dijo mediante un video en su cuenta de Twitter.

Cinco años antes de eso, en 2012, López Bello tomó el control de una sociedad registrada en Panamá en 2002: Yakima Trading Corp., también señalada por Ofac.

Cuando el capital social había trepado a 10 millones de dólares, el 7 de octubre de 2015, decidieron trasladarla a Barbados, según consta en la escritura de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá. En la empresa, registrada por el bufete de abogados Vives y Asociados, López Bello comparte directiva con tres hombres que lo acompañan en muchas otras del mundo, especialmente Bahamas, Islas Vírgenes y, claro, Venezuela.

El 4 de febrero de 2012 abrió una gemela, donde se replica el agente residente y la directiva. El bufete renunció el 14 de febrero de 2017, cuando los vínculos de López Bello con la corrupción fueron públicos, y la sociedad fue suspendida por falta de actividad el 11 de octubre de 2019.

En las actas del Registro Público de Panamá no hay mucho más detalles sobre las sociedades, pero la investigación transnacional Paradise Papers aportó algunas pistas: a través de Yakima Trading Corp., López Belló selló negocios con Pdvsa.

Sus abogados dijeron a Armando.info que la sociedad fue creada para “proyectos a nivel internacional con el nombre de Profit, pero la empresa nunca tuvo actividad, ni cuenta bancaria”.

López Bello operó en Panamá por más de diez años, pero recién llamó la atención cuando la Ofac lo mencionó. El 16 de febrero de 2017, la Superintendencia de Bancos envió una circular a las entidades financieras donde les solicitaba verificar si mantenía “relaciones contractuales con su entidad bancaria”, si los procesos de debida diligencia se habían realizado como correspondía, de acuerdo a la regulación, y avisar si surgían cuentas o movimientos bancarios que lo involucraran.

La debida diligencia con López Bello evidentemente había fallado o su perfil de riesgo fue pasado por alto. Otra vez, no fue el único caso.

La debida diligencia es el proceso que bancos y abogados están obligados a hacer para conocer al cliente y evitar dar instrumentos legales para el lavado o corrupción a personas expuestas. Es obligación por ley y todos juran que lo cumplen, pero es evidente que aceptan incorporar a cientos de personas involucradas en negocios dudosos.

“Hasta que los gringos pusieron el ojo en Venezuela, los banqueros y abogados hicieron la vista gorda. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el dinero llegue”, dijo un asesor financiero venezolano residente en Panamá, que vio en primera fila el baile de los millones de la corrupción venezolana.

Abrir una sociedad en Panamá es legal y esconder plata en refugios fiscales no siempre es signo de delito. Algunas personas declaran sus fortunas al fisco y cumplen su parte del trato, pero donde hay un caso de corrupción o evasión, casi siempre hay una empresa o cuenta o deicomiso establecida en un paraíso fiscal. Como las de López Bello.

Los datos rastreados muestran que en la gran mayoría de las volteretas del poder en Venezuela para quedarse con tajadas de dinero público, hubo una sociedad panameña. El exviceministro de energía Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas —requerido por la Justicia en varios países por supuesto soborno y lavado— aparece como directivo de Pomerol Investments Group S.A. y vinculado a varias más. El empresario argentino que pasó de ser un minorista de productos de laboratorio a un potente proveedor del Gobierno venezolano, Juan José Levy, está vinculado a Sunblaze Foundation y usó los servicios de Mossack Fonseca. La plataforma incluyó hasta al propio Hugo Chávez: en el pago de sobornos del Lava Jato, Odebrecht le depositó al publicista Joao Santana 35 millones de dólares en la sociedad panameña Shellbill Finance S.A. para desarrollar su propaganda electoral.

Los refugios fiscales son más de cien en el mundo. El poder chavista echó mano de casi todos. Islas de ensueño, como Seychelles y Bahamas; colonias de algún país poderoso, como las Islas Vírgenes Británicas del Reino Unido; estados como Delaware y Nevada en Estados Unidos. Y naciones soberanas, como Suiza y Panamá.

Todos ellos permiten a sus protegidos cercar sus privilegios: no pagar impuestos, no rendir cuentas, esquivar controles en sus países, además de mover dinero sucio. En la trama chavista hay un ejemplo perfecto para mostrar cómo se usan: el de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los hechos sucedieron entre 2004 y 2016, involucran cientos de millones de dólares de Pdvsa, una madeja de sociedades anónimas registradas en Panamá y cuentas bancarias asociadas en el principado de Andorra.

La trama, investigada y expuesta por autoridades de España y Venezuela, tiene como uno de sus actores principales a Diego Salazar Carreño, un venezolano con tips excéntricos como grabar un disco de boleros o gastar seis mil euros en una sentada en un bar de París. Pero eso no fue lo que lo hizo participar de esta cuestión, sino su parentesco con quien comandó Pdvsa durante diez años: es primo hermano de Rafael Ramírez.

Lo que hizo Salazar Carreño junto a otros colaboradores y funcionarios de la petrolera —siempre según los registros judiciales— fue cobrar sobornos por contratos públicos y, para no dejar rastros, pedir el pago en cuentas bancarias de Andorra a nombre de las sociedades panameñas.

Así, estos hombres unieron hilos entre puntos como Malta, Andorra, Panamá y China como máquinas perfectas, hasta formar una telaraña entreverada de países con nombres como Highland Asset Corp. —registrada en Panamá el 20 de abril de 2007— y números como AD66 0006 0008 2512 0026 9407 —una cuenta en Andorra a nombre de esa sociedad—, por donde circulaba dinero cuyo origen fue ese tanque de parir dólares que supo ser Pdvsa.

Dos mil millones de euros viajaron por 37 cuentas bancarias a nombre de 13 empresas panameñas, para integrar los pagos de sobornos al mercado lícito y cerrar el círculo del delito. A través de ellas, además, compraron bienes inmuebles por más de 20 millones de dólares.

“Las empresas constituyeron un entramado en las que se observó una triangulación en cuanto a los socios, directivos, bienes y activos manejados (…) los ciudadanos fungen en dichas empresas como socios, posteriormente traspasan el paquete accionario a otra empresa en la cual también son socios, y continúan vendiendo las acciones entre sí (…). Circulan entre éstas, pasan de una empresa a otro, y al patrimonio personal de los socios, para regresar a manos de otra empresa o algún otro socio, con lo cual logran disfrazar o enmascarar el origen de los bienes y activos”, expuso el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela basado en informes de la Policía y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, entre otros.

El caso está siendo investigado en Venezuela, España, Estados Unidos y Andorra. Salazar Carreño fue detenido en Venezuela en 2017 luego de haber sido acusado por la Fiscalía de Nicolás Maduro por blanqueo de capitales.

Los abogados de Salazar Carreño dijeron que “no existe procedimiento judicial alguno en el que se señale que exista alguna cuenta bancaria vinculada al Sr. Salazar Carreño que haya recibido fondos provenientes de Pdvsa”.

La justicia venezolana sostuvo que está vinculado a una red criminal que supuestamente blanqueó más de 1.400 millones de dólares en comisiones ilegales a cambio de contratos con Pdvsa. Su primo, Rafael Ramírez, también señalado por esos hechos, ha defendido la inocencia propia y la de su pariente. Ramírez, que fue uno de los colaboradores clave de Chávez, está enfrentado actualmente con Maduro.

A pesar de toda la evidencia, en Panamá no se conoce ninguna investigación que involucre dinero público de Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción está investigando un caso donde hay una venezolana, pero vinculado a plata ecuatoriana: Petroecuador. Ese es otro de los beneficios del Hub.

DiarioLibre