Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los penalistas más conocidos de América Latina, señalado como ‘el Messi’ del derecho penal, asegura que este tipo de sanciones no impiden que se cometa el delito y viola los derechos humanos. Cadena perpetua para violadores es demogogia populachera: Raúl Zaffaroni

La cadena perpetua para violadores de menores es un debate que se ha dado no solo en Colombia, sino en varios países que registran un alto índice de abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.

Para algunos se trata de una medida necesaria y pertinente para asegurar que, por un lado, quien cometa este delito tenga una sanción de por vida y evitar dejarlo en libertad bajo el riesgo de que perpetre este acto de nuevo contra otros menores de edad. 

Así mismo, consideran que una condena perpetua puede ser disuasoria. Con este tipo de argumentos, el Senado aprobó el pasado mes de junio el proyecto de cadena perpetua contra violadores de menores. Recientemente, el presidente Iván Duque anunció la promulgación de un acto legislativo para dar luz verde a este proyecto.

Pero son muchos los detractores, entre ellos abogados y jueces expertos en derecho penal que han puesto reparos a esta propuesta, ya que pagar prisión de por vida se considera una violación de los derechos humanos y, en el caso de Colombia, va en contravía de la Constitución.

Así mismo, explican que este mecanismo no es necesariamente disuasorio para quien vaya a cometer el delito, con la premisa de que el violador no piensa en la pena que va a pagar cuando comete el abuso.

Por eso, varios congresistas y juristas, así como el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, han presentado una demanda ante la Corte Constitucional para que ponga freno a este proyecto.

Este debate se ha generado en muchos países donde el dilema ético se plantea entre la protección de los menores y los derechos del criminal.

Según el reconocido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, este tipo de propuestas son «demagogia populachera». Zafaroni explicó, que «los violadores de niños son tipos que están cerca de una psicopatía y eso no se va a controlar con una amenaza de pena más grave».

Agregó que, para su percepción, la pena perpetua es una violación a los derechos humanos. «La pena tiene que ser grave, pero en algún momento tiene que poner la posibilidad de extinción. Eso de que si se piensa que un psicópata violador de niños va a abrir el Código Penal antes de violar un niño para ver si violarlo o no violarlo le cuesta más o menos, eso es un reduccionismo economicista.

O sea, vamos por el mundo con el Código Penal como si fuera el menú de un restaurante y vemos cuántos nos va a costar cada cosa. Y si nos cuesta muy cara, no la hacemos.

El violador de niños es alguien que tiene una patología muy marcada y eso no se va a corregir porque le ponga una pena o más pena», explicó Zaffaroni.

A la pregunta de si está errando el presidente Iván Duque por dar luz verde a esta norma, argumentó que en polítíca se busca lo que dé votos y lo que no. «Los políticos en Colombia, Argentina o donde sea quieren votos y más allá de si eso sirve o no sirve. Así se reforman los códigos, ¿qué se le va a hacer?», concluyó con resignación.

A pesar de lo anunciado, en Colombia se debe esperar un año para obtener la reforma de la Constitución, un acto legislativo que entra a regir cuando se publica en el diario oficial sin necesidad de la sanción del presidente.

Esto significa que el Gobierno tiene un año para expedir una ley en la que reglamente cómo se va a expedir la prisión perpetua, lo cual será todo un reto, ya que un amplio grupo de penalistas, políticos y ciudadanos intentan poner freno mediante una demanda que reivindique los derechos humanos en el país, reclamando que hay una violación internacional a los derechos humanos en la cadena perpetua.

Zaffaroni es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2016 y hasta 2022. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina (2003-2014), se desempeñó en la judicatura durante más de dos décadas.

También fue diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente (1996) y vicepresidente tercero de la Comisión de Redacción de la Asamblea Nacional Constituyente.

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