La reacción es una respuesta a las pretensiones de seguir usando esa instancia para conspirar contra el país desde el extranjero.
El dirigente de extrema derecha Henry Ramos Allup, dijo que la oposición al gobierno debe dejar atrás el capítulo de la extinta Asamblea Nacional de 2015, instancia auspiciada por intereses desestabilizadores de la institucionalidad venezolana, dentro y fuera de nuestro país.
Ramos Allup dio a conocer su opinión en un mensaje difundido a través de las redes sociales, en el que coincidió con lo expresado días atrás por el Secretario General de Un Nuevo Tiempo, Angelo Palmieri, quien exhortó a dar por “concluido” el ciclo de ese parlamento electo hace 9 años.
“Ciertamente Ángelo Palmieri. La AN 2015 fue elegida el 6 de diciembre de 2015, su período de vigencia comenzó el 5 de enero de 2016 y finalizó el 5 de enero de 2021 y pese a todos los acosos, cumplió de la mejor manera posible”, escribió el expresidente de esa AN.
Ángelo Palmieri dijo en una entrevista a AlNavío que en UNT creen que la AN de 2015 cumplió su papel y ya no hay ninguna justificación para que continúe en funciones. “El país nos exige que cumplamos con nuestra responsabilidad y le hablemos con claridad y con miras al futuro”, sentenció.
El pasado 23 de diciembre la Asamblea Nacional decidió solicitar al fiscal general de la República que aplique la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista a los exdiputados del extinto parlamento de 2015.
El presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, presentó una carta enviada por dirigentes opositores relacionados con la extinta AN al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y jefe de misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, solicitándole recursos para sus “funciones”.
“Estos descarados lo que están es buscando la manera de que su dueño, Palmieri, les apruebe los dineros que no les pertenecen, sino que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, subrayó.
La solicitud de investigación se hizo contra las dirigentes opositoras Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, que se autodenominan presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la inexistente AN.
Contra estas personas se ha solicitado la aplicación de la ley, y la inhabilitación política, extinción de dominio y acciones penales.
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