Un juzgado de lo mercantil debe decidir si da la custodia de este dinero al presidente interino o si se lo entrega a Nicolás Maduro. Inglaterra acaba de dar una victoria parcial sobre el oro a Guaidó.

Idaed / Larazon

El 23 de enero de hace ya tres años un tal Juan Guaidó, entonces desconocido, se proclamó presidente “interino” de Venezuela tras el fraude de unas elecciones (la Comunidad Internacional no las reconoció) que habían dado la victoria a Nicolás Maduro. Desde entonces este opositor, que entró en los telediarios de todo el mundo, emprendió una batalla internacional con dos derivadas: la política -que los Estados lo reconocieran como el legítimo líder del país bolivariano (y, aunque con matices, lo hicieron más de 50)- y la económica, hacerse con los activos de Venezuela en el exterior. En España tiene pendiente nada menos que 25 millones de euros sobre los que los tribunales todavía deben decidir.

El pleito por este dinero se inició por un nombre. El registro mercantil de Madrid cambió de propietario en mayo de 2019 (tres meses después de que Pedro Sánchez anunciara oficialmente el reconocimiento de Guaidó) unos activos repartidos en varios bancos españoles que pertenecían a la Corporación Venezolana de Guayana. Ésta es una empresa pública, una de las más solventes del país, que explota minerales en esa zona y quedó en manos de Enrique Castells a quien Guaidó designó como administrador. Pero Maduro, que se niega a que el líder opositor se haga con la riqueza en el extranjero, emprendió en 2020 una batalla legal para que la designada fuera Rocío Falcón, según fuentes conocedoras del estado del procedimiento. Sucede que recientemente Castells ha fallecido con lo que, con la teoría sobre la mesa, no se podría nombrar a uno nuevo, pues Guaidó ya no está en la Asamblea, por lo que se ha generado un limbo importante en el proceso.

En el combate están dos pesos pesados de la abogacía: el despacho Cremades y Calvo Sotelo defiende los intereses del presidente interino, mientras que Lupicinio abogados va de la mano del actual régimen bolivariano. La encrucijada judicial se basa en saber quién es el representante legal que puede acceder a estas cuentas repartidas entre el Banco Sabadell, Cajamar y BBVA. 

Cuando las entidades bancarias observaron la bicefalia que se había producido en la Corporación consignaron el dinero en dos Juzgados (el de 1ª Instancia número 13 de Madrid y el número 86) a la espera de qué decidía el juez del procedimiento principal. Éste, que se sigue en el Mercantil 9 de la capital, determinará quién es el administrador legítimo y marcará el futuro del dinero.

Una decisión que no ha sido nada fácil en otros Estados en los que Guaidó también se ha lanzado a pleitear. Por ejemplo, en Reino Unido donde acaba de conseguir una victoria parcial, tras un largo camino por 31 toneladas de oro que hay depositadas en el Banco de Inglaterra (uno de los mayores proveedores del servicio de custodia de este metal a nivel mundial).

Allí sucedió lo mismo, ambos dirigentes venezolanos nombraron juntas directivas paralelas del banco venezolano y los tribunales británicos llevaban años debatiendo si el hecho de que Guaidó estuviera reconocido le hacía de forma inequívoca apto para acceder al valioso metal.

Este mes de diciembre la Corte suprema de Reino Unido (máxima instancia judicial) le dió la razón al presidente interino, pero remitió a la División Comercial el caso para que eventualmente determinara si Guaidó es reconocido como jefe de Estado por el Gobierno de Boris Johnson o si también lo ha sido como jefe del gobierno. Toda una paleta de matices sobre la que los tribunales no tienen la llave maestra.

“Si estos países permiten situaciones como la de este gobierno interino prospere, esto podría dar lugar a que otros con situaciones similares hagan lo mismo”, explica Mª Isabel Puerta Rivera, profesora de Ciencias Políticas del Valencia College (Orlando, Estados Unidos) y especializada en Venezuela.

El opositor venezolano ha ganado ya batallas por ejemplo en Estados Unidos, donde se quedó con la administración de una filial de la petrolera venezolana PDVSA llamada Citgo tras el reconocimiento del entonces presidente Donald Trump. 

Lo mismo que sucedió en Colombia cuya empresa estatal venezolana Monómetros (que produce y distribuye fertilizantes para el mercado colombiano) recayó en sus manos. Esta joya, que tenía en nómina a más de 1.400 empleados, se declaró en quiebra el pasado mes de septiembre para acogerse a un rescate de las autoridades del país.

El líder opositor siempre ha defendido que su único interés es preservar los activos venezolanos para evitar el expolio del Gobierno de Maduro, pero su gestión de algunas de estas filiales ha comenzado a sembrar dudas en el último año.

“Ahí es donde está el problema. Nombrar las Juntas ‘ad hoc’ y que los gobiernos reconozcan su legitimidad supone manejar una situación muy complicada cuando hay un concepto [presidente encargado] además que legalmente tiene muchas limitaciones”, expone Puerta Rivera. Guaidó acaba de conseguir ser ratificado en el cargo en Venezuela, pero con ciertas tensiones internas.

“El mensaje es: vamos a seguir apoyando el interinato, pero vamos a tratar de limitar las posibilidades de que su manejo de los recursos provoque desconfianza”, dice la experta.

Lo que hayan decidido otros países no tiene por qué ser el espejo de lo que determinen los tribunales en España, indican fuentes del procedimiento. De hecho, el dilema español es mucho más complicado. “La necesidad de preservar la seguridad de los españoles y las empresas que están allí, en esto es muy distinto de lo que puede ser Alemania o Reino Unido”, aclara Ysrael Camero, historiador y miembro de la oposición en Venezuela entre 1999 y 2018. “Esto marca un poco la aparente contradicción del Gobierno español, es un tema de necesidad”.

“Aquí en España hay un trato ambiguo porque se reconoce y tiene su sede aquí la representación diplomática de Guaidó, en manos de Antonio Ecarri, pero no tiene abiertamente un trato del Ministerio de Asuntos Exteriores como lo tiene un embajador de pleno derecho”, subraya también Eduardo Troconis, profesor de Derecho Internacional público en la Universidad Carlos III de Madrid y exdiputado venezolano. “Una cosa es el reconocimiento de ese Estado y otra cosa es la eficacia de ese reconocimiento”, dice.

Con todas estas aristas, los jueces tendrán que hacer equilibrios para decidir sobre el dinero de Venezuela en España que, por el momento, la vista previa sigue pendiente de señalar.