Juan Francisco Sandoval es el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala (MP), una de las pocas instituciones que heredó el esfuerzo anticorrupción que el país emprendió hace más de una década de la mano de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), hoy extinta.
Esta entrevista resume dos conversaciones de Sandoval en las que el jefe fiscal se refiere a los ataques que la FECI y otras instancias del Estado guatemalteco siguen recibiendo de grupos de poder enquistados en sus diferentes ramas.
Dos conclusiones importantes se desprenden de estas conversaciones. Una de ellas es que, mientras el gobierno del expresidente Jimmy Morales desplegó gran cantidad de recursos para atacar a entes investigadores como la CICIG y FECI, el narcotráfico se fortaleció al interior de Guatemala.
La otra es que el sistema político guatemalteco sigue haciendo todo lo posible por desmantelar la cruzada anticorrupción, cuyo clímax ocurrió entre 2015 y 2016, cuando las investigaciones penales llevaron a la renuncia y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina, por acusaciones de corrupción, y cuando una chispa de indignación ciudadana llenó de manifestantes las plazas y calles del país.
Todo esto, a la luz de estas pláticas con Sandoval, parece ahora muy lejano.
InSight Crime: ¿Para qué sirvió todo el trabajo de organismos como la CICIG y la FECI? Una fue expulsada y la otra está ahí pero más vulnerable. Finalmente, el sistema de impunidad sigue funcionando igual, ¿no?
Juan Francisco Sandoval: Lo que todo esto permitió fue mostrar el fenómeno de la impunidad y atacarlo. Es cierto que nuestras instituciones no están tan robustecidas para hacerle frente a la reacción que tuvieron los señalados en las investigaciones.
Y lo que estamos viendo ahora es que quienes fueron señalados utilizan todas las armas que tienen a su favor: recorte del presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos (que fue la única que quedó allí cuestionándolos), la famosa comisión de la verdad del Congreso. La gente que queda trabajando aquí (en la FECI) es como la reserva del Ministerio Público.
IC: Estamos hablando de un país en que realmente el estado de derecho…
JFS: No existe. Hay un ataque sistemático a quienes luchamos contra la impunidad. Ataques al procurador, a esta fiscalía y a los jueces de mayor riesgo.
IC: La FECI y la CICIG expusieron los grandes esquemas de corrupción en el Estado, pero, ¿qué más ha hecho el Estado para que algo así no se repita?
JFS: Claro, porque una cosa es lo que se puede hacer desde la perspectiva de la persecución penal. A raíz de la visualización del fenómeno, ¿qué hizo el Estado para que ya no ocurriera ese fenómeno? Lo que hizo fue que pensó sofisticar más sus mecanismos, pero para asegurar la impunidad.
IC: En retrospectiva, la existencia de la FECI, los métodos técnicos de investigación, el apoyo político que se requería… ¿hubiera pasado todo esto sin CICIG?
JFS: No, nada. La comisión ofrecía respaldo político y técnico. Cuando vino la comisión, el Ministerio Público no hacía análisis criminales. Apenas estaban haciendo una oficina de protección de testigos. Ya la ley contra la delincuencia organizada llevaba tres años en vigor, pero ni siquiera realizábamos interceptaciones telefónicas. No había dinero y a nadie le preocupaba que hubiera dinero.
IC: ¿Y ahora es que el Estado guatemalteco como tal no tiene ninguna intención en fortalecer la lucha contra la corrupción?
JFS: Para nada. Es una regresión. Cuando yo fui a Honduras, hace como tres años, pensaba “Lo que ocurre aquí en Honduras no puede pasar en Guatemala”. Pero de hecho estamos peor.
El camino hacia la entraña de la corrupción
IC: ¿Cómo descubren la FECI y la CICIG todo el tema de la cooptación del Estado por grupos criminales y de corrupción?
JFS: La comisión descubría casos grandes de corrupción, pero eran aislados. Apareció una denuncia de contrabando en la aduana del puerto Quetzal, el caso que se llamó La Línea. Se interceptaron algunas líneas telefónicas que daban cuenta de que estaba operando una red que permitía el ingreso de mercadería sin pagar los tributos aduaneros.
Conforme se fue avanzando en la investigación se descubrió la participación de agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria. Los importadores necesitaban que se agilizara, porque ellos tenían que mover su mercadería.
Entonces presionaban a los importadores para que sintieran que, para movilizar sus productos, tenían que pagar los sobornos. Había dos situaciones: el pago del soborno para el funcionario público, y al final de cuentas el importador pagaba menos impuestos. Era un gana-gana.
IC: ¿Eso era solo contrabando?
JFS: Conforme se siguió escuchando, se iba ascendiendo en la escala de funcionarios involucrados. Se empezó a descubrir que había una trama más grande aún. Con el tiempo apareció Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Y esa investigación permitió tener acceso a oficinas de gente involucrada con el gobierno. Y sí fue precisamente La Línea.
Es un caso emblemático, pero no muestra la criminalidad como luego lo demostraron otros casos. Los hallazgos en torno a La Línea permitieron entrar al entramado de sociedades que tenía en este caso la vicepresidenta de la república.
Cuando en abril de 2015 se descubrieron todas estas sociedades, éramos analfabetas, prácticamente, en la manera en que operábamos. Descubrimos un montón de nombres, información sobre un montón de cuentas, pero para ese momento no tenía ningún sentido.
Fue después de que la gente que trabajaba con Juan Carlos Monzón nos empezó a explicar en qué consistía ese grupo de sociedades cuando nosotros empezamos a descubrir qué sociedades controlaba Roxana Baldetti, y al darle seguimiento al perfil financiero vimos que era dinero que provenía, en aquel tiempo, de empresarios que estaban financiando campañas políticas. Pero no se hacía un reporte a la autoridad electoral.
IC: Esos empresarios eran los grandes nombres de Guatemala…
JFS: Eran empresarios legítimos. Dinero, posiblemente, legítimo. Pero ya cuando entraron en vigor los delitos electorales empezaron a quebrantar las disposiciones electorales.
En Guatemala está permitido el financiamiento privado de campañas hasta en un límite que no debe superar el 10 por ciento del techo de campaña, pero la modalidad consistía en maquillar la contabilidad que se presenta al Tribunal Supremo Electoral. Se gasta mucho más, pero se hace ver que se respeta el monto de la campaña.
Y aquí viene un doble negocio. Para el empresario, [aportar a la campañas electorales] significaba negociar las deudas que el Estado tenía con ellos por contratos de obras de gran envergadura que gobiernos anteriores les habían adjudicado pero no les habían pagado. De la administración anterior a la de Pérez Molina (2012-2015), la de [Álvaro] Colom (2008-2012), había quedado mucha deuda.
La manera que encontraron para cobrar esa deuda —durante la administración de Pérez Molina— fue cobrar un soborno del 5 al 15 por ciento del total de la deuda.
IC: ¿De aquí surge el caso que ustedes llamaron cooptación del Estado?
JFS: Sí, ese caso nos mostró cómo operaron en ocho dependencias del Estado, entre ellas el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud, la empresa portuaria nacional… Pero vimos que no se mezclaba el Ministerio de Comunicaciones, que es el que tenía el presupuesto más grande. Ese ministerio tenía su propia fuente de ingresos.
Crearon una maquinaria para la conversión de los recursos ilícitos, los sobornos, en recursos lícitos. El porcentaje más alto de la distribución de las comisiones era para la pareja presidencial, Otto [Pérez Molina] y Roxana [Baldetti]. Otro porcentaje le correspondía al equipo, conformado por funcionarios públicos que ellos tenían asignados en distintas dependencias. También debían tener relaciones con los bancos.
IC: ¿Y de ahí van al tema de los constructores?
JFS: Ajá. Nueve constructores de los grandes reconocieron que efectivamente ellos entraron al círculo vicioso del pago de comisiones a cambio de que les fueran pagando la deuda —de contratos adjudicados.
Entonces, por ejemplo, el capítulo de Odebrecht de aquí de Guatemala es el más pequeño de los sobornos, porque en realidad solo alcanzaron a medio construir una obra y se fueron. Pero era un soborno significativo de US$18 millones. Eso, en el esquema de sobornos en el Ministerio de Comunicaciones, era un soborno más.
IC: ¿Cuánto calcula usted que es el desfalco al Estado de Guatemala en todos estos casos que ha investigado la FECI?
Solo en el tema de cooptación del Estado eran unos US$19,5 millones. Súmele otros US$18 millones de Odebrecht, y otros US$37,7 millones del tema de los constructores. [Unos US$75 millones].
IC: ¿Qué pasó después? ¿Cuándo empezó la presión de los empresarios?
JFS: En el esquema de financiamiento y de recepción de beneficios en la administración gubernamental estaban involucrados los grandes empresarios del país, la cúpula del CACIF [Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras], los grandes medios de comunicación, el grupo Alba Visión que es de Ángel González, el Grupo A que es el de Erick Archila, que era el ministro de Energía y Minas…
Entonces, de alguna manera tenían que reaccionar. En una entrevista de Plaza Pública al excomisionado Iván Velásquez (jefe de la CICIG entre 2013 y 2019), él dice: “A finales del 2016, llegan conmigo los empresarios y dicen: ‘Ya aprendimos la lección’. Entonces ya párenle, que no volverá a ocurrir”.
IC: Pero la CICIG no les creyó…
JFS: Yo creo que alguien que opera con transparencia no les va a decir: “Ah, bueno. Borrón y cuenta nueva”. Lo que se estaba estableciendo era como un círculo vicioso del ejercicio electoral del 2011; operaron de la misma manera en el año 2015… Quien financió al FCN —el partido del expresidente Jimmy Morales, señalado por CICIG y FECI en casos de corrupción— fue la cúpula empresarial del país.
Los más pesados. Ese es el origen de este intento de reversión. Ellos empezaron a sumar esfuerzos para atacar esa lucha contra la impunidad.
IC: ¿Usted es de los que cree que la llamada primavera chapina [como algunos medios llamaron a las manifestaciones populares contra la corrupción] de 2015 dio todo de sí?
JFS: En 2015 confluyeron muchas cosas positivas para el panorama anticorrupción. Teníamos una fiscal general comprometida; estaba el comisionado Iván Velásquez, con todo el apoyo que ganó la comisión en su momento.
El embajador de Estados Unidos y la administración en Estados Unidos tenían otro juego geopolítico internacional; era otra administración. Todas las fuerzas estaban a favor de entrarle de lleno, pero poco a poco todo fue cambiando… Ganó Donald Trump en Estados Unidos… Pero el fin de la comisión [CICIG] se dio más por la aversión del gobierno Morales. Que en uno de los casos más pequeños que teníamos nosotros apareciera involucrado el hermano y el hijo del presidente de la república [Morales] fue como una dosis más para esta atmósfera de regresión.
IC: ¿Es entonces cuando el gobierno Morales se le viene encima a la CICIG y al MP?
JFS: Sí; desde entonces la tarea de inteligencia del gobierno, la tarea en materia de relaciones internacionales, era ganar adeptos en contra de la comisión. Y ese es el resultado de lo que hay ahorita: un ambiente de polarización.
El equipo de militares de línea dura que asesoraban a Morales creo que ganaron en mucho, porque lograron dispersar todo ese ambiente que había en 2015-2016, y lograron atemorizar a la población civil. Y todo esto favoreció muchas situaciones, porque mientras estábamos ocupados aquí en nuestros líos, en las zonas del país que son propicias para el narcotráfico se restablecieran rutas.
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Mientras el ejército estaba aquí [en Ciudad de Guatemala] haciendo cosas que no debía en contra de la CICIG, se dio vía libre para el incremento del narcotráfico. Hay zonas del país en donde el Estado no existe: por ejemplo, a Huehuetenango [oeste de Guatemala] nosotros no podemos ingresar.
Inteligencia al servicio del narco
IC: ¿Se refiere a que hay zonas que son contraladas por el crimen organizado?
JFS: Por el narco. Es el caso de Los Huistas [en Huehuetenango], por ejemplo, que tienen vínculos con algún cartel mexicano. Los pocos que pudieron ser detenidos eran personas que estaban por aquí en la capital. No pudimos entrar ni siquiera cuando pedimos apoyo de la DEA; ellos mismos dicen “ahí no nos metemos”.
Nunca pudimos entrar a Huehuetenango. Íbamos en helicóptero con cualquier cosa, pero ellos tenían gente armada en la región.
IC: ¿Esta falta de Estado y presencia del narcotráfico tiene que ver con lo que pasó en Izabal, donde supuestamente narcotraficantes mataron a tres militares y luego se decretaron estados de sitio?
JFS: Se dio un estado de sitio en 22 municipios de 6 departamentos, que son corredores para el narcotráfico. O sea, en la región entre Izabal y El Petén, que es paso natural para México, no hay control del Estado. Si usted quiere pasar algo que no quiere que nadie vea, se lo lleva por Izabal y Petén.
Esa parte del país es la franja transversal del norte. Es la región donde en los años setenta el ejército desplazó a la población civil, y ellos se apoderaron de toda esa región. Es un paso natural, sin control gubernamental.
Idaed
