El contacto directo y no regulado entre actores económicos poderosos y elementos de seguridad conlleva el riesgo de que se privaticen los servicios de seguridad del estado. Este riesgo puede intensificarse en Honduras por la historia de corrupción descontrolada en el país.
Pese a sus logros, la participación del sector privado en la lucha contra la extorsión plantea el problema de la inequidad en el acceso a la justicia.
El sector privado en Honduras, bajo la bandera de las cámaras regionales de comercio, unió fuerzas con la unidad élite antiextorsión del país en lo que resultó ser una colaboración fructífera. Pero la cooperación entre empresarios y fuerzas de seguridad del estado no es buena señal para las iniciativas nacionales contra la extorsión.
En Honduras, la corrupción está tan extendida que una depuración en la Policía llevada a cabo en los dos últimos años dejó por fuera a uno de cada tres agentes de la Policía Nacional. Como resultado de eso, pocos en la comunidad empresarial estaban dispuestos a denunciar el delito de extorsión. Así que en enero de 2015, la Cámara de Comercio e Industrias del departamento de Cortes (CCIC), con sede en la violenta ciudad de San Pedro Sula, tomó la decisión de actuar.
“Empezamos reuniendo a los más afectados [por la extorsión] que quisieran hablar, porque muchos se sentían intimidados o no querían hablar porque creían que la policía estaba involucrada”, explicó Eric Spears de la CCIC.
Para ese momento, los pagos por extorsión en Honduras se habían disparado a un estimado de US$200 millones anuales, de los cuales el grueso lo pagaba el sector privado.
“La tarea de la Cámara de Comercio era reunir las personas ideales con las víctimas del delito”, explicó Spears.
Las personas ideales eran altos mandos de organismos de seguridad del estado, y oficiales de la Fuerza Nacional Anti-extorsión (FNA), una división separada e independiente de la Policía Nacional.
“Formamos un grupo de grandes empresas, muchas de las cuales eran multinacionales que tenían rutas [de distribución] aquí. La cámara convocó al comando superior de la Policía y al Ejército, y ellos llevaron a expertos en extorsión”.
Un canal de comunicación exclusivo
“Hablar de extorsión era un tabú”, comentó Spears. “El problema era, nos dirían muchos: ‘Voy a denunciar el crimen [a la estación de policía] y quien me extorsiona es quien recibe mi denuncia’”.
Esa desconfianza era comprensible en esa época. Ómar Rivera, jefe de la Comisión de Depuración de la Policía en Honduras recordó que “la policía estaba prácticamente aliada con las pandillas [en ese entonces], especialmente con la MS13”.
Rápidamente el comité comenzó a operar a puerta cerrada, y cada empresa designó un miembro para integrar el comité; por lo general la misma persona encargada de pagar la extorsión en la empresa. Y comenzó a compartirse inteligencia; las empresas entregaban a las autoridades toda la información que podían. La información fue una mina de oro para que la FNA comenzara a desmantelar las estructuras extorsivas.
Las autoridades también prestaron servicios de seguridad personalizados al grupo de empresas participantes, planificando caravanas que escoltaran sus camiones de distribución a su paso por territorios controlados por pandillas para que pudieran hacer sus recorridos sin ser molestados.
El éxito del comité fue tal que eventualmente se disolvió.
“La información sigue circulando, sin necesidad de reunirnos”, comentó Spears. “El día que haya un cambio radical, convocaremos al comité de nuevo”.
Recuperando la confianza de las comunidades
En la ciudad de La Ceiba, el rol del sector privado en la campaña contra la extorsión pasó de entregar información a formar parte importante en el fortalecimiento de la confianza en la FNA. En la ciudad, sobre la costa de Honduras, residencia de unos 200.000 habitantes, cientos de negocios habían cerrado por causa de la extorsión a lo largo de los años.
Debido a la desconfianza de la población había muy poco que la FNA pudiera hacer para enfrentar la extorsión, y en 2016, la Fiscalía General y USAID lanzaron una campaña local con la intención de remediar este problema. Denominada “Corte la extorsión”, la campaña exhortaba a las víctimas de extorsión a denunciar ese delito ante la FNA. Se entregaron volantes, se pasaron anuncios sobre la línea de atención antiextorsión por emisoras de radio, y altos mandos de la FNA hicieron apariciones en televisión, instando a las víctimas a denunciar. Incluso se instaló un puesto público en la plaza central de La Ceiba.
“Al comienzo la gente no paraba [en el puesto]. Algunos tomaban un folleto y seguían su camino. Miraban con atención, dando vueltas alrededor del puesto, pero nadie se acercaba”, recuerda un director de una organización sin ánimo de lucro local, quien desea que se mantenga su anonimato. “Pero con el tiempo la gente empezó a parar, e incluso a sentarse”.
La clave del éxito de la campaña, afirma, fueron unos cuantos empresarios que se comprometieron a fondo a impulsar el cambio.
“La FNA y los empresarios comenzaron a reunirse. Lo que descubrimos es que no se necesitaban llegar a todos, sino a unos pocos abanderados que retransmitirían el mensaje de confianza a otros para que denunciaran.
“Entre ellos, unos cuantos levantaron la mano, líderes que dijeron ‘no más, vamos a ponerle la cara a esto’. Eso activó una fuerte campaña en el sector privado”.
La FNA hizo su parte, preparando sus casos con base en la interceptación de llamadas telefónicas y otras evidencias para que las víctimas no tuvieran que rendir testimonio en el juzgado.
“El entonces jefe de la FNA les dijo: ‘si no confían [en mis hombres], llámenme directamente. En lugar de presentar una denuncia, llámenme a mí, yo me haré cargo’”, recuerda el director de la ONG, y señala que el funcionario pasaba su número de teléfono personal.
Ayuda de los empresarios: ¿a qué costo?
Pese a sus logros, la participación del sector privado en la lucha contra la extorsión plantea el problema de la inequidad en el acceso a la justicia.
Los recursos de la FNA son limitados, y cada movilización de hombres y vehículos para las escoltas de protección a las grandes empresas era un costo de oportunidad, que desviaba tiempo y recursos restándolos a otros que los necesitaban.
Como admite el mismo Spears, “los beneficios no tuvieron un efecto derrame”, y los únicos que se beneficiaron con el comité fueron sus miembros. En La Ceiba, un estudio del centro Woodrow Wilson, de junio de 2017, señalaba que la división de la FNA “parece atender en su mayoría las necesidades de empresarios y élites económicas, mientras que la población general no expresó mayores esperanzas en relación con la extorsión, pues quienes tienen mayores recursos económicos son quienes reciben apoyo directo de las autoridades”.
Así que aunque la Cámara de Comercio percibió una reducción de la extorsión, “la percepción de la mayoría de la población… es que la extorsión y los delitos menores han aumentado”, observa el informe.
“Si aparece algo inusual pero que no tiene que ver con la extorsión, digamos, por ejemplo, un asalto, simplemente entro al grupo [de Whatsapp] y envío las coordenadas, y enseguida los altos mandos lo analizan en tiempo real… así se ha recuperado mercancía robada muchas veces”, comentó Spears sin prestarle importancia, lo que pone en evidencia la facilidad con la que esta colaboración puede pervertirse rápidamente.
