El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ampliar las medidas cautelares a favor de la ONG Provea y todos sus integrantes.
IDAED / TalCual.
Pese a que Provea ha recibido diferentes medidas cautelares a lo largo de los años, Cejil argumenta que es necesario ampliarlas ante la campaña de satanización que ha encabezado el gobierno de Nicolás Maduro a través de sus principales voceros.
«Solicitamos a la CIDH ampliación de las medidas cautelares a favor de todas las personas que forman parte de Provea, al ser blanco de una larga campaña mediática de desacreditación, difamación y amenazas por parte de altas autoridades venezolanas», publican en su cuenta de Twitter.
La campaña a la que hace mención el Cejil queda en evidencia en el canal del Estado, Venezolana de Televisión y más concretamente en el programa semanal del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello contra Provea
Prácticamente cada semana, Cabello dirige declaraciones contra Provea en ‘Con El Mazo Dando’. El también diputado de la Asamblea Nacional ha acusado a Provea y a otras ONG de ser una «fachada» para recibir financiamiento y promover una «guerra» contra el gobierno.
Según Diosdado, partidos políticos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo utilizan a las ONG para obtener dinero.
En este contexto, el pasado 13 de enero incluso pidió abrir una investigación contra el coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, por señalamientos de Uzcátegui sobre un financiamiento que recibió el PSUV por parte del gobierno británico.
«Maduro intenta criminalizar la cooperación internacional ocultando que su gobierno también la recibe, y en proporciones importantes. Por eso no te dirán que el PSUV también se benefició de fondos del gobierno británico», había comentado Uzcátegui.
Ya en 2015, CIDH había emitido medidas cautelares a favor de Uzcátegui, además de la coordinadora del Programa de Exigibilidad, Esperanza Hermida; la coordinadora de Investigación e Información, Inti Rodríguez; y el abogado Marino Alvarado; producto de que fueron víctimas de amenazas, hostigamiento y actos de violencia.
Posteriormente, en 2019 se otorgó otra medida similar para otro coordinador de Provea, Carlos Patiño, al considerarlo en una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
