José Ignacio Hernández, procurador especial del gobierno interino, puso su cargo a la orden este miércoles debido a diferencias de opinión sobre la aprobación del límite máximo del fondo de litigio que realizó la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero.
Hernández envió una carta al presidente interino de la República Juan Guaidó en la que le manifestó su preocupación por ejecutar pagos con el fondo de litigio sin establecer primero una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República.
«La aprobación de la Asamblea Nacional al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República», escribió en Twitter.
Aumento del fondo de litigios
En la carta que se filtró en las redes sociales, Hernández recomendó no ejecutar pagos basados en el acuerdo del 28 de enero. Precisó que esto podría dar pie a una investigación sobre el destino del patrimonio público. Situación que podría generar en el procurador responsabilidad penal en un futuro.
También reclamó que para tomar una decisión sobre el fondo es necesario contar con un consenso político que no se dio en la Asamblea Nacional. El partido Primero Justicia y la Fracción 16 de Julio salvaron su voto en la sesión.
El procurador interino lamentó que luego de meses de reuniones, cartas y conferencias, no se pudo llegar a un verdadero consenso. Además, señaló que la Procuraduría no cuenta con un verdadero apoyo del gobierno interino.
«En todo caso, ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo. Con la urgencia que requiere atender más de 50 litigios y proteger los activos de Venezuela», indicó.
La Asamblea Nacional aprobó el martes un aumento del monto del fondo de litigios, de 2 millones de dólares pasó a un máximo de 20 millones de dólares.
La decisión del Parlamentó se basó en lo dispuesto en los artículos 187, numeral 3, y 333 de la Constitución.
Dicho dinero se utilizará para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero, tanto de 2019 como de 2020.
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