La Policía Nacional arrestó en septiembre en Madrid a Rafael Alfredo Sarría Díaz, un ciudadano venezolano acusado por EEUU de ser el testaferro del número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. La detención se produjo en el marco de un conflicto familiar, pero el caso amenaza con abrir otro incendio para el Gobierno bolivariano en los tribunales españoles. El yerno de esta persona de confianza del régimen chavista avisa en su denuncia de que cuenta con “información confidencial” debido a la “cercanía” de su suegro con altos dirigentes de su país.

IDAED / Antilavado de Dinero.

Diosdado Cabello es la persona más fuerte del Gobierno venezolano, solo por detrás del presidente Maduro. Fue uno de los militares que protagonizaron junto a Hugo Chávez el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Desde su conquista del poder siete años después, Cabello no ha dejado de desempeñar cargos de la máxima relevancia, incluida la vicepresidencia del Gobierno o la presidencia de la Asamblea Nacional. Actualmente, es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Las acusaciones de EEUU

Estados Unidos sigue la pista a su presunto testaferro Sarría desde al menos 2018. Apenas dos días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Departamento del Tesoro estadounidense adoptó nuevas sanciones contra Cabello, su entorno más directo y tres empresas relacionadas con Venezuela. Esta decisión afectaba también a su hermano José David, a su mujer, Marleny Josefina Contreras, y a Rafael Alfredo Sarría, por considerarle “testaferro” de la familia.

Las compañías señaladas son 11420 Corp., Noor Plantation Investments y Sai Advisors, todas ellas con sede en el estado norteamericano de Florida y vinculadas a Sarría. Washington explicó que con ello pretende atacar a “las figuras clave de la red corrupta de Cabello”, a la que ha acusado de narcotráfico, malversación y blanqueo de capitales. “El pueblo venezolano sufre por la corrupción política de quienes refuerzan su poder mientras se llenan los bolsillos”, sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Sarría vive en Madrid desde hace años, en concreto en la exclusiva urbanización de lujo de La Moraleja. Los tribunales españoles mantienen varias líneas de investigación por blanqueo de capitales sobre ciudadanos venezolanos, muchos de ellos afectos al régimen bolivariano. Se les acusa de haberse enriquecido gracias a la corrupción en su país y su posición privilegiada y haber invertido sus fortunas en propiedades inmobiliarias en España. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional afirman a este periódico que no tienen ninguna causa abierta contra Sarría actualmente.

Atestado 1572/21

Su detención en Madrid se produjo por un conflicto familiar. Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre. Minutos después de las 13:00, una dotación de Policía de la comisaría de Fuencarral-El Pardo se personó en un domicilio, situado cerca del centro comercial La Vaguada. Habían sido alertados de una fuerte discusión entre dos hombres. Se trataba de Rafael Sarría, de 56 años de edad, y su yerno, de 30 años y también venezolano. Los detalles de la pelea quedaron recogidos en el atestado 1572/21 al que ha tenido acceso El Confidencial.

“Tengo conocimiento de muchos hechos e información confidenciales que, en caso de hacer públicos, causarían una gran alarma social”

La hija de Sarría está en proceso de separación de su marido y abandonó la casa en la que vivían ambos y se mudó con sus padres a La Moraleja. Se llevó con ella a la hija que tienen en común. El 30 de septiembre acudió para recoger enseres personales. Cuando llamó a la puerta, su todavía marido miró por la mirilla y abrió pensando que la mujer estaba sola. Pero su padre, Rafael Sarría, había ido con ella y se situó en el ángulo muerto para que no se le viese. Accedió a la casa increpando y amenazando a su yerno. Este le instó a que no entrara, pero hizo caso omiso.

Según el yerno, Rafael Sarría le amenazó: “Si sabes lo que te conviene, no te metas en esto, tú no sabes quién soy yo”. En la casa estaba una asistenta que confirma esta versión. Sarría admitió haber entrado, pero niega haber ejercido violencia contra nadie. Ante la llegada de los policías, la hija del presunto testaferro de Cabello relató que su expareja la había amenazado y zarandeado días atrás y manifestó en ese momento que quería denunciarlo por malos tratos. Argumentó que si no lo había hecho antes, fue por miedo a represalias.

Denuncias cruzadas

La mujer contó a los agentes un episodio reciente en el banco de un parque donde su marido se enfureció y comenzó a dar golpes con una piedra y dar gritos: “¡Aquí se hacen las cosas como digo yo y se acabó!”. Los policías le explicaron los pasos a seguir y le ofrecieron asistencia médica, pero la joven la rechazó. El resultado de la intervención policial fue llevarse como detenidos tanto al presunto testaferro de Cabello como a su yerno “en base a los hechos descritos y al considerar los agentes actuantes que ambos revisten el carácter de delito”. Los dos quedaron en libertad horas después.

Este incidente se investiga en dos juzgados. Por un lado, lo que tiene que ver con los presuntos malos tratos del yerno, y por otro, la denuncia presentada por este contra su suegro, Rafael Sarría, por amenazas y “maltrato de obra”. “Quiero poner en conocimiento que como consecuencia de mi matrimonio tengo conocimiento de muchos hechos e información confidenciales que, en caso de hacer públicos, causarían una gran alarma social por lo que doy absoluta credibilidad hacia mi persona y mi familia en Venezuela”, dice este joven.

El 24 de septiembre ya había acudido a la comisaría de Fuencarral-El Pardo para denunciar que su mujer se había ido de casa y se había llevado a su hija de seis años con ella sin su consentimiento. Alega que desde ese momento comenzaron las amenazas de su suegro contra él y su entorno. Insiste en que posee “información confidencial, máxime cuando el denunciado tiene gran poder económico y político debido a su cercanía con el Gobierno imperante actualmente en Venezuela y es reclamado por las autoridades norteamericanas por hechos delictivos”.