La injerencia cubana en Venezuela ha recrudecido en los dos últimos años los métodos de tortura que emplea el régimen de Nicolás Maduro en la represión sistemática de la disidencia, incorporando «innovaciones» que aumentan el sufrimiento de las víctimas,.

Todo de acuerdo al informe anual del Instituto Casla, que han presentado este viernes en Madrid la directora de esta organización, Tamara Suju, y la exeurodiputada Beatriz Becerra.

La perforación de uñas en manos y pies para pasar los cables de las descargas eléctricas, el uso sistemático de bolsas plásticas para asfixiar a los torturados, el colgamiento con grúas sin tocar el suelo durante los interrogatorios, las lesiones en los genitales al ejercer violencia sexual o la intoxicación con sustancias psicotrópicas desconocidas son algunos de los ejemplos del ensañamiento que ha introducido la presencia de los llamados «isleños» en la cúpula del aparato represor, de acuerdo con el documento de la citada organización, con sede en Praga, que promueve la democracia y el estado de derecho.

Según Tamara Suju, «el régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante». Desde 2017, asegura, se están registrando «las torturas más terribles, porque la intención ahora es llevarlas al punto de pedir a sus familias que no denuncien, que no digan nada, porque cualquier cosa que dicen significa quitarles las visitas y los abogados durante meses».

Desde hace años, Suju viene trasladando los casos de torturas y la lista de sus responsables a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que abrió en 2018 un examen preliminar sobre la situación de Venezuela y que espera resolver a principios de este año su competencia sobre las denuncias, para entonces valorar la admisibilidad del caso.

Partiendo del «caos general» en que está sumida Venezuela, «donde la crisis humanitaria se cruza con la represión sistemática», el estudio del Instituto Casla se centra en el empleo de la tortura, en especial desde la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que dirige Iván Hernández Dala, y en cómo el régimen cubano y su estructura represiva han influido para que «los patrones de las torturas se incrementen, cambien o sean innovadores».

A lo largo de 2019, año en el que se produjeron acontecimientos como la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero o el fallido intento de sublevación de abril, el Instituto Casla recibió nuevos testimonios referidos a 83 víctimas directas de presuntas violaciones de derechos humanas y crímenes de lesa humanidad. «El 100% de las víctimas fueron torturadas en centros de detención o en zonas militares, con la particularidad de que 13 de ellas fueron trasladadas, además, a centros clandestinos de torturas donde podían realizarlas sin que sus gritos pudieran ser escuchados por otros testigos».

La citada Dgcim, bajo la influencia de oficiales cubanos, se ha convertido en el órgano represor de civiles y militares más cruel, estando presente en el 95% de los casos denunciados de detención arbitraria, tortura y violencia sexual, según el Instituto Casla.

«El recrudecimiento del crimen de la tortura y los terribles métodos aplicados en el 2019 fueron dirigidos en su mayoría por la Dgcim, involucrados también en hechos de represión que conllevaron a asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamiento forzado de personas, junto a la Guardia Nacional, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), las FAES (Fuerza de Acciones Especiales), la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y los colectivos (bandas de paramilitares armados por el régimen)».

La organización alerta en su informe de «la importancia que tiene la presencia cubana en la inducción y represión que lleva el régimen venezolano contra toda la población», basándose en testimonios de exfuncionarios de inteligencia y desertores, así como de militares y civiles que han indicado cómo participa el régimen de la isla en la inducción de la represión.

La cabeza que «organiza, controla y conoce todo sobre quiénes son, cuántos llegan, qué hacen y cómo participan» es el embajador de Cuba en Venezuela, explica el estudio, que recalca: «Nada sucede sin su conocimiento». «Los cubanos instruyen constantemente en técnicas de represión, intimidación y seguimiento, a miembros de la FANB e inteligencia, para que ellos realicen labores de investigación y espíen a sus propios compañeros y sus familias, a líderes políticos y sociales, y hacerle seguimiento directo al malestar social», continúa. Además, estas labores de inteligencia cubana se realizan «con pleno conocimiento» del ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) a cargo de Remigio Ceballos, y la propia Dgcim.

Más aún, explica que el G2 (inteligencia cubana) y Gruce (Grupo Estratégico Cubano) estarían implicados directamente en la tortura en Venezuela. Los «isleños», como los llaman los propios militares y funcionarios venezolanos, tendrían su propia sala de operaciones en las intalaciones militares conocidas como Fuerte Tiuna, en Caracas. Así mismo, cubanos acreditados con credenciales de la Dgcim «dan órdenes a generales venezolanos y entrenan a funcionarios de inteligencia, que se suman a cientos de personas en todo el país, y son conocidos como “Los Acreditados” o Dgcim paralelo», señala el informe.

El Instuto Casla recoge que entre 2018 y 2019 han muerto tres personas bajo custodia del Estado: el concejal Fernando Albán, el exmilitar Modesto Díaz y el capitán Rafael Acosta. «En estos dos últimos años las golpizas y torturas por días y semanas vienen acompañados de hambre, deshidratación, humillación y vejación tanto física como psicológica», explica la organización, que añade: «Las víctimas son privadas de alimentos y agua, y en muchos casos, cuando se las suministran, los obligan a comer del piso como animales».

Los nuevos métodos

Entre los patrones de torturas detectados en estos dos últimos, el estudio apunta las «esposas y ataduras por largos periodos de tiempo, fuertemente ajustadas para causar heridas a propósito en las muñecas e incluso parálisis en los dedos», así como las «asfixias y ahogamientos mediante el uso de bolsas plásticas». Mientras que en el periodo 2013-2017 ese método representaba el 6% de las denuncias de tortura con asfixia, en 2018-2019 fueron el 54,6%, con 106 víctimas.

Han aumentado las descargas eléctricas, con 93 personas sometidas a esa tortura en los dos últimos años, con «innovaciones» para aumentar el dolor como la perforación de uñas de las manos y de los pies para pasarles los cables de la descarga. A las víctimas se les pone o incrusta agujas u objetos metálicos en tetillas y genitales o debajo de las uñas para, a través de ellos, hacer las descargas, o se les mete cables en los testítculos o en el ano, explica el Instituto Casla entre otras técnicas.

También se dan dos nuevos patrones en los colgamientos de los torturados: en unos casos se les cuelga sin que toquen el suelo, atados con las manos delante o en la espalda por largos periodos de tiempo, y en otros dejando que apenas la parte delantera de los pies toque la superficie, en algunos casos llantas de ruedas de coche, permaneciendo días enteros en esa posición.

También hay novedades en la violencia sexual sobre las víctimas. Según el informe, en estos dos años el 34% de las víctimas tenían lesiones en sus genitales, producto de las torturas, como descargas eléctricas intensas y prologadas, o golpes y patadas.

A ello se suma el uso de sustancias psicotrópicas desconocidas. La organización ha obtenido testimonios de personas que dicen haber sido drogados o haberse sentido mareados mientras los torturaban o interrogaban. Se utilizan productos químicos que dan a tomar a las víctimas o polvos que colocan en heridas sangrantes de la piel.

En la variación de estos patrones, insiste el Instituto Casla, «han estado involucrados directamente los cubanos».

Otras novedades de estos años son la utilización de una cámara frigorífica en los sótanos de la Dgcim, las torceduras de miembros superiores e inferiores, la utilización de un camión blindado y de un ascensor en los sótanos de la Dgcim, o de centros de torturas clandestinos.

Beatriz Becerra pidió durante la presentación del informe que los países europeos se sumen a las denuncias ante la Corte Penal Internacional. «Son crímenes que no prescriben», señaló la exeurodiputada española, que pidio que esas torturas sean «investigadas y juzgadas».

En esa línea, Tamara Suju dijo que «ojalá algún país europeo se sumara a la denuncia ante la CPI», al tiempo que criticó a los eurodiputados españoles que se alinearon este jueves con Maduro en una votación (los de Unidas Podemos y EH Bildu, así como Carles Puigdemont y Tony Comín). «Los que están del lado de la tiranía son cómplices de crímenes de lesa humanidad y la historia se lo va a reclamar», advirtió.

Para la directora del Instituto Casla, es además «importante para los venezolanos, para la justicia internacional y las víctimas de estos crímenes» la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se someterá en marzo, dado el apoyo que ha brindado hasta ahora a la causa por la democracia en el país caribeño. «No nos podemos permitir que la OEA pase a ser un club de amigos, como era antes», apuntó.

ABC