Una nueva forma de “pranato” carcelario se estaría gestando dentro de los calabozos de las comisarías de policía en Venezuela. Motines, fugas, extorsiones y masacres serían la prueba de la disputa por el poder en esta improvisada subestructura el sistema carcelario, que involucra a funcionarios corruptos.
Un violento motín ocurrido el pasado 24 de mayo en los calabozos de la policía del municipio Páez, en el estado estado Portuguesa dejó como resultado 29 reclusos muertos y 14 uniformados heridos, y desnudó la sangrienta y criminal realidad que se vive en estos centros de reclusión preventiva en Venezuela.
Versiones publicadas en algunos medios de comunicación aseguran que el enfrentamiento entre policías y presos se originó porque los reclusos estarían haciendo una serie de peticiones “peculiares” que no fueron aceptadas por las autoridades.
De acuerdo con fuentes locales, los reos exigían la destitución del director de la comisaría, Guillermo López, pedían materiales para construir una piscina, el ingreso de mujeres, licor y cigarrillos. Se trata de beneficios, que han sido aceptados por las autoridades en muchas prisiones y centros de reclusión preventiva gobernados por “pranes”.
Luego del rechazo de las autoridades a la solicitud del pran de la comisaría, Wuilfredo José Ramos Ferrer, este preso tomó como rehenes a los familiares que visitaban a otros reos. Esta situación habría motivado la intervención de la fuerza pública, específicamente de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, considerado el escuadrón de la muerte del gobierno.
El resultado de la acción desproporcionada de las autoridades ha sido calificado como una masacre por algunas ONG, como Una Ventana a la Libertad.
No obstante, el secretario de seguridad ciudadana de Portuguesa, Óscar Valero, aseguró que se trató de un “intento de fuga” y una “riña entre bandos”.
Situaciones de violencia, con una responsabilidad poco clara de los funcionarios policiales, son frecuentes. Una semana antes del incidente en los calabozos de Polipáez, 13 reos escaparon de una delegación policial en el estado Lara, tras someter a varios funcionarios y asesinar a una oficial. De nuevo, las FAES y la policía de Lara intervinieron, ejecutando a siete de los fugados en medio de los operativos de recaptura.
Las escenas de fuga, motines y matanzas dentro de los calabozos policiales en Venezuela parecen evidenciar una falencia dentro del sistema de detención venezolano, que deja en evidencia la ausencia del Estado y las tensiones entre autoridades policiacas y los presos que se disputan el control de los rentas criminales que se generan desde estos recintos.
Las leyes venezolanas establecen que los detenidos en estaciones de policía, tan solo deberían permanecer por 48 horas en los calabozos policiales. Pero esta normativa no se cumple por una contraorden de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien impide que los presos sean trasladados a las prisiones tradicionales.
Mientras que en las cárceles venezolanas hay aproximadamente 51.000 presos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Servicio Penitenciario, Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, estima que 55.000 reclusos están distribuidos en 500 calabozos policiales ubicados en todo el país.
Esta decisión gubernamental ha mudado las irregularidades de las cárceles (hacinamiento, violencia, corrupción, pranes) a estos reclusorios temporales. Organizándose bajo la figura del pranato carcelario; en los calabozos ya hay grupos estructurados que controlan economías criminales desde adentro hacia afuera de las prisiones. En la mayoría de las ocasiones, con complicidad de funcionarios.
Por otro lado, los bajos salarios de los policías los llevan a asociarse con los presos en algunas actividades criminales, a su vez se ven beneficiados por el cobro de tarifas para permitir el ingreso por de personas, comida, entre otros, de forma ilegal. El caso de la fuga en Lara mostró que la mayoría de estos policías son jóvenes recién graduados, con poca experiencia y mal remunerados.
Este tipo de relación entre la autoridad y los nacientes pranes dentro de las comisarías, sería uno de los detonantes de la disputa de poder entre el Estado y los privados de la libertad, que terminarían como motines dentro de las instalaciones. Una vez, los internos empiezan a hacer peticiones desproporcionadas, la policía responde reprimiendo las movilizaciones.
Con armas y granadas dentro de las comisarías, del caso Portuguesa, y la acción de las autoridades, los resultados son todos, menos pacíficos.
Adicionalmente, ambos casos (Portuguesa y Lara) también podrían evidenciar como el Estado recurre al uso de la letalidad policial contra los líderes de estas nuevas estructuras de prisiones, ante la imposibilidad de controlarlas debido a sus presuntos vínculos entre funcionarios y líderes dentro los calabozos, hecho que habrían denunciado familiares de algunos de los internos.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones rechazó estas prácticas y recordó que el derecho a la vida es inviolable y está consagrado en la constitución venezolana.
Las nuevas prácticas criminales desde los centros de detención preventiva en Venezuela ratifican el fortalecimiento del crimen organizado no solo en las prisiones, sino también en estos espacios que se han consolidado como una suerte de cárceles paralelas, pese a que no cuentan con recursos ni con infraestructura carcelaria.
