El más reciente informe de la ONU sobre Venezuela registró 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, 9 veces la tasa mundial.
“Señor, cuida a mi hijo”, suplicó Miriam al escuchar disparos lejanos, pero la tragedia estaba consumada: Luis, su único hijo, moría en manos de un escuadrón policial que aterroriza a las barriadas de Venezuela.
Balazos en el tórax apagaron las vidas de Luis, Jesse, Cristian y decenas más presuntamente ejecutados por la Fuerzas de Acciones Especiales, creadas en 2017.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió su disolución luego de reunirse en junio con familiares de víctimas. Desde 2018 la ONG de derechos humanos Cofavic, que asesora a los parientes de los afectados, recibió información de 831 supuestas ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de hombres jóvenes, que implicaría a la FAES.
Amanecía el pasado 13 de mayo cuando un agente mató a Luis Ariza, de 21 años de edad, en las Adjuntas, vecindario humilde de Caracas. Un parte interno de la FAES conocido por la AFP asegura que Luis caminaba con un revólver en la mano y que, no hizo caso a una orden de detenerse, disparó contra una comisión policial que lo abatió. Pero familiares aseguran que, inerte, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí.
Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo. La comisión lo vinculó con un homicidio, pero el mismo parte indica que la policía no tenía registrada el arma ni requería a Luis.
“Iba bajando a trabajar y cuando escucho el disparo sentí algo en el pecho. Lo único que dije fue ‘Señor, cuida a mi hijo’”, recuerda entre largos silencios Miriam, empleada bancaria de 39 años de edad que vive en el sector.
Luis había estado detenido tres meses en el contexto de protestas opositoras que dejaron 125 muertos en 2017.
Bachelet documentó los casos de seis jóvenes ejecutados por la FAES en represalia por manifestaciones a comienzos de 2019.
“¡Vivan la FAES!”
Nicolás Maduro activó la FAES el 14 de julio de 2017, en plenas protestas, para “proteger al pueblo del crimen y bandas terroristas” que relacionó con la oposición. Pero las denuncias de violaciones abundan: allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes, esto según Bachelet, las ONG, víctimas y documentos revisados por la AFP.
Bachelet teme que la FAES sea un instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.
“Como el régimen sabe que ha perdido popularidad en los barrios, para amedrentar manda a estos asesinos”, afirma Carmen Arroyo, quien tiene un hijo, Cristian Charris, y fue baleado el 24 de septiembre de 2018.
Pero Maduro, respaldado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en medio de la grave crisis socioeconómica, no se inmuta. “¡Todo el apoyo para la FAES! ¡Que viva la FAES!”, arengó tras acusar a Bachelet de mentir.
La AFP pidió al ministerio de Interior -del que dependen la FAES- un comentario sobre las denuncias de Bachelet, y no obtuvo respuesta. El régimen reportó 17.849 muertes por resistencia a la autoridad entre 2016 y mayo de 2019, que involucran a distintos organismos.
Para Bachelet, muchas “pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”. Una reestructuración de la FAES avanza, según fuentes oficialistas que denuncian represión y abusos.
Venezuela sufre una epidemia de violencia. Según el más reciente informe de la ONU, registró 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, 9 veces la tasa mundial.
Miedo
Las operaciones de la FAES -que tiene como jefe a Rafael Bastardo, quien fue sancionado por Estados Unidos- se caracterizan por su letalidad, asegura la ONG Provea.
Se ignora cuántos funcionarios tienen, aunque Maduro anunció que en 2017 llegarían a 1.000. De uniforme negro con una calavera bordada, encapuchados y con armas largas, toman barrios y retienen a la gente en sus casas, además de exhibir -según Cofavic- personas baleadas “para que sea ejemplarizante”.
Al borde de la tumba, Ruth Pérez llora desconsolada a su sobrino Johander, ejecutado el 1 de noviembre de 2019 en una incursión de presuntos agentes de las FAES.
Lo sepultaron al lado de su cuñado Wuilkerman Ruiz, fallecido en el mismo operativo en un edificio invadido en la favela caraqueña de Petare. Tenían 21 años de edad. Vecinos dijeron a la AFP haber visto a Johander arrodillado y con los ojos vendados.
Luego, confinados en sus viviendas, escucharon balazos y al salir, encontraron el cadáver. Esas versiones señalan que los policías lo acusaron de ladrón, lavaron el charco de sangre y movieron el cuerpo.
En otro lugar caía Wuilkerman en similares circunstancias. Ruth, de 35 años de edad, ya perdió a otros dos familiares, según ella en ataques de la FAES.
Su hermano Jesse, albañil de 29 años de edad, murió el 11 de julio de 2018 de un “proyectil único al tórax”, dice el acta de defunción; a Yondris, su sobrino de 18 años de edad, le dieron 3 tiros el pasado 14 de agosto, cuenta Ruth. Lo atribuye a represalias por sus denuncias.
Ruth creyó que mencionar a un agente su reunión con Bachelet salvaría a Yondris, a quien, sostiene, le fabricaron junto a Johander una acusación por posesión de drogas tiempo atrás.
“’Esa maldita vieja que se meta en sus asuntos (…). Voy a matar a toda tu familia y la última vas a ser tú’”, relata Ruth que le respondió. En vano, ha pedido protección oficial. Entre sepulcros destruidos y un ambiente sórdido, los dolientes no pudieron ver por última vez a Johander y a Wuilkerman.
Tras cuatro días de trámites y colectas para pagar los entierros, los cuerpos estaban descompuestos en bolsas negras.
Buscando justicia
La impunidad ronda 98% de los casos, señala Liliana Ortega, fundadora de Cofavic. Pero la Fiscalía asegura que 353 agentes están presos y 695 acusados por homicidio, tortura, arrestos ilegales y violación de domicilio, con 109 condenas, en causas abiertas desde 2017.
La AFP consultó al organismo si hay procesados de la FAES, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el 28 de octubre anunció el enjuiciamiento de 6 funcionarios por un doble homicidio el 6 de marzo.
En el barrio La Lira, de Petare, Carmen Arroyo accedió al expediente de su hijo después de un año. Barbero de 25 años y amante del baloncesto, Cristian murió de un disparo en el tórax cuando volvía a casa tras festejar su cumpleaños. Dejó tres niños que observan con naturalidad fotos suyas en el ataúd con el rostro herido.
Un testigo contó a Carmen que pidió manos en alto que no lo mataran. La FAES lo presentó como un criminal, pero no tenía antecedentes según un oficio del Cicpc, también acusado de ejecuciones.
La familia denuncia que agentes pusieron un revólver cerca del cuerpo y que una experticia no halló concordancia entre la ubicación de éste y la del arma.
Intentando limpiar su nombre, muchos firmaron un acta en La Lira, donde niños aprovechan un repentino chaparrón para bañarse, pues el agua por tubería es un vago recuerdo. Si “el policía que mató a mi hijo estuviera preso, tendría un poco de paz”, dice Carmen, quien a sus 52 años de edad estudiará abogacía buscando justicia.
Parientes y amigos cuelgan cada fin de semana, en el enmallado de la cancha, la camiseta con la que jugaba Cristian, lugar en el que el pintaron el rostro del joven en un mural, para no olvidarlo.
