¿Qué hay de nuevo? Después de meses de lucha política y del fracaso de la oposición en Venezuela y de sus aliados internacionales para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, ambas partes reconocen la importancia crítica de las fuerzas armadas del país para determinar el equilibrio de poder y el destino de los esfuerzos para lograr un acuerdo pacífico. ¿Por qué es importante? El apoyo militar es vital para la supervivencia de Maduro, y será esencial para la estabilidad de Venezuela en caso de una transición política. Si bien las conversaciones entre el gobierno y la oposición han avanzado de manera vacilante sin la participación militar, la resistencia de cualquier acuerdo final dependerá en gran medida del consentimiento de los oficiales superiores. ¿Qué se debe hacer? La cohesión de los altos mandos debería persuadir a la oposición para que deje de intentar separar a los militares, pero no debería cegar al gobierno del descontento en los cuarteles. Si se reanudan las negociaciones, las fuerzas armadas deberían participar en el diseño de acuerdos de poder transitorio que afecten a sus intereses y comprometerse a una futura estabilización. I. Panorama general En la contundente contienda por el poder en Venezuela, la lealtad de las fuerzas armadas será un campo de batalla decisivo. El alto mando sigue ofreciendo con frecuencia apoyo vocal a la dictadura de Nicolás Maduro. La oposición, encabezada por Juan Guaidó, que ha reivindicado la presidencia interina respaldada por Estados Unidos y numerosos Estados latinoamericanos, ha tratado desde enero de fracturar ese apoyo para obligar a Maduro a abandonar su cargo y celebrar nuevas elecciones. Este plan ha logrado exponer las profundidades del descontento en las bases militares, pero no en su objetivo principal. Maduro sigue en su lugar, a pesar de una tremenda contracción económica, la escalada de las sanciones estadounidenses y el aislamiento diplomático regional. A pesar de las protestas del alto mando, las intenciones de las fuerzas armadas son opacas. Sus obligaciones contradictorias y sus facciones en competencia hacen que sea incierto hasta qué punto permitirían que la economía del país o su seguridad interna caigan en un colapso total. Tampoco está claro en qué circunstancias podrían respaldar una solución negociada o qué papel podrían desempeñar en ese proceso. El ejército no sólo es el más obvio saboteador de una transición, sino también el único actor que puede salvaguardar el traspaso del poder de los numerosos grupos armados no estatales que también podrían querer frustrarlo. Las conversaciones patrocinadas internacionalmente sobre una transición política mediada han incluido a civiles cercanos a Maduro y Guaidó, pero no a nadie que represente a las fuerzas armadas como institución. El hecho de que la delegación del régimen no incluya a los militares es significativo, dado el alcance de su influencia política y económica en el país y su claro interés en proteger las prerrogativas que ha obtenido. El ejército no sólo es el más obvio saboteador de una transición, sino también el único actor que puede salvaguardar el traspaso del poder de los numerosos grupos armados no estatales que también podrían querer frustrarlo. La mejor oportunidad de Venezuela para un futuro pacífico después de Maduro es asegurar que las fuerzas armadas tengan un interés y una voz en la forma de una transición más temprano que tarde. II. ¿El corazón del chavismo? El último intento de cortar el vínculo militar con Maduro tuvo lugar el 30 de abril, cuando Guaidó y su mentor, Leopoldo López, a quien la policía de seguridad del estado sacó del arresto domiciliario para la ocasión, encabezaron un abortado levantamiento cívico y militar en Caracas. Sólo un pequeño número de soldados de bajo rango, junto con una figura más significativa, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, que entonces era jefe del servicio de inteligencia SEBIN, respondieron al llamado a la rebelión de Guaidó. Según Cristopher, ahora exiliado en Estados Unidos, el jefe de las fuerzas armadas, el general Vladimir Padrino López, conocía el complot, aunque no se sabe si lo aprobó o no. También sigue siendo un misterio si los altos mandos estarían dispuestos a entretener tal movimiento en el futuro. Maduro y su predecesor, el difunto presidente y ex teniente coronel del ejército Hugo Chávez, se han esforzado por asegurarse de que no lo hagan. Durante dos décadas, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) han estado en el centro del credo revolucionario de la “unión civil-militar” en Venezuela. Chávez aseguró a los militares un mayor papel en la política y la economía en los términos de la Constitución de 1999. También impuso la lealtad al chavismo, como se conoce su doctrina política, en los cuarteles del ejército, a pesar de que la misma constitución estipulaba que los militares no debían abrazar ninguna “militancia política”. Consolidó el apoyo de los altos funcionarios al régimen-que se había filtrado en el período previo al fallido golpe de 2002- mediante el aumento constante de los privilegios de las altas esferas. Maduro, que asumió el poder en 2013 tras la muerte de Chávez, añadió aún más ventajas. Los altos mandos controlan ahora sectores de la economía, ocupan altos cargos políticos y administrativos y supervisan la seguridad interna del país (véanse las secciones III y IV infra). Guaidó buscó primero cambiar la lealtad de los militares a través de ofertas públicas de amnistía por crímenes del pasado y garantías de empleo futuro para aquellos oficiales dispuestos a contribuir “al restablecimiento del orden democrático”, como él mismo dijo en enero. El objetivo del enfoque era atraer a los comandantes individuales para que cambiaran de bando en lugar de involucrar al ejército en su conjunto en una transición política. Ante los repetidos fracasos y la aparente fidelidad de Padrino López a Maduro, Guaidó ha modificado ligeramente esta postura. Recientemente indicó que estaría encantado de sentarse con los militares para “hablar de la transición y forjar una posición común”. Los partidarios de la línea dura en el campo de la oposición siguen insistiendo, sin embargo, en que las fuerzas armadas acepten los objetivos políticos de la oposición, en primer lugar, la salida inmediata del poder de Maduro. No están dispuestos a tolerar los poderes económicos y políticos de los altos mandos, y piden abiertamente una intervención militar extranjera para derrocar al “narcoestado gobernante”. Al mismo tiempo, el papel de los militares en las negociaciones para resolver la batalla de Venezuela por el poder sigue estando mal definido. A partir de mayo, Noruega ha presidido las conversaciones entre los representantes de ambas partes. Las conversaciones de Oslo continuaron en julio en Barbados, sólo para que el régimen las suspendiera a principios de agosto, después de que Estados Unidos anunciara sanciones económicas y financieras más estrictas. La oposición, por su parte, anunció el 15 de septiembre que las conversaciones de Barbados habían terminado, sin cerrar completamente la puerta a futuras negociaciones. Hasta ahora, las negociaciones no han incluido ninguna representación directa de la administración Trump ni de las fuerzas armadas venezolanas, aunque está claro tanto para el régimen como para la oposición que cada uno de estos actores tiene la influencia ya sea para ayudar a forjar un acuerdo o para sabotear cualquier acuerdo. Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de que los militares venezolanos apoyen cualquier supuesto acuerdo de paz, ya que la amenaza que representan los grupos no estatales en el país ha aumentado. La estabilización del país durante y después de una transición requerirá la desmovilización de numerosos grupos fuertemente armados, incluyendo colectivos pro-gobierno, guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como poderosas organizaciones criminales locales conocidas como sindicatos. La situación se complicó aún más con el anuncio, el 29 de agosto, de que varios ex líderes de la guerrilla de las FARC estaban incumpliendo el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a Maduro de albergar y alentar a los insurgentes, y ha presentado su queja ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), al tiempo que ha dicho que también la presentará ante la ONU.  El régimen venezolano respondió que presentaría sus propias pruebas, que supuestamente demostraban que Colombia promueve el terrorismo contra Venezuela. III. Expansión de la fuerza Los datos oficiales sobre la FANB son escasos y, cuando están disponibles, suelen consistir en estimaciones más que en cifras precisas. Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas cuentan con entre 95.000 y 150.000 miembros profesionales activos. Cuando se incluyen los reservistas, según la misma fuente, el número de tropas de combate asciende a 235.000. Otras estimaciones de observadores especializados sitúan el tamaño total de las fuerzas armadas en 128.000 personas. Además del ejército, la marina, la fuerza aérea y la Guardia Nacional, cuyas funciones incluyen la seguridad interna y el control de fronteras, existe también una Milicia Nacional, un cuerpo de voluntarios comprometido con la defensa de la “revolución”. La milicia se emplea principalmente en programas de asistencia social, incluida la producción y distribución de alimentos subvencionados. Según el régimen, la milicia tenía 1,6 millones de miembros a finales de 2018. Un analista militar, sin embargo, dudaba de que “más del 10 por ciento de ellos tuvieran un entrenamiento militar serio”. Maduro ha dicho repetidamente que espera que cada miembro de la milicia esté armado, aunque hay pocas pruebas de que esto haya ocurrido hasta ahora. Recientemente anunció la incorporación de unos 30.000 milicianos a las fuerzas regulares, una decisión que al parecer provocó indignación entre los oficiales militares. Los militares estuvieron siempre presentes en la dictadura de Chávez, no es de extrañar, dados los antecedentes de Chávez […] pero su presencia en el régimen de Maduro, un civil, es cualitativa y cuantitativamente diferente. Como sugiere el papel de la milicia, las fuerzas armadas venezolanas en la época chavista cumplen funciones que van más allá de las tareas habituales de defensa del territorio nacional y de la soberanía, e incluso amplían su papel constitucional de “participación activa en el desarrollo nacional” (Artículo 328). De hecho, el propósito y la identidad de las fuerzas armadas se han vuelto inseparables de los de la propia “revolución bolivariana”. Los militares estuvieron siempre presentes en los gobiernos de Chávez, lo que no es sorprendente dados los antecedentes de Chávez, su participación en un golpe de estado fallido en 1992 y su apego general a un estilo de gobierno pretoriano. Pero su presencia en el régimen de Maduro, un civil, es cualitativa y cuantitativamente diferente. El carisma, la popularidad y las credenciales militares de Chávez le dieron una ventaja inusual en sus relaciones con las fuerzas armadas. Combinado con los privilegios que concedió a los militares y un presupuesto de defensa sostenido por los altos precios del petróleo, su personalidad lo convirtió en el líder indiscutible de los militares y en un hombre amado por las tropas de nivel medio y bajo. Partes de las fuerzas armadas disputaron su presidencia en el golpe de 2002, y durante su disputa de 2007 con el ex ministro de Defensa y antiguo aliado Raúl Isaías Baduel, pero Chávez salió victorioso de ambas batallas (Baduel ha estado encarcelado casi continuamente desde 2009). Maduro, un civil sin el magnetismo de su predecesor ni sus recursos financieros aparentemente ilimitados, ha tenido que recurrir a dar a los militares un poder y una autonomía cada vez mayores, al tiempo que exigía que los oficiales superiores mostraran lealtad al chavismo y a sí mismo. Sus círculos internos están formados en gran medida por militares: siete de los veinte gobernadores chavistas provienen de las fuerzas armadas, y en promedio entre el 20 y el 30 por ciento de los ministros de su gabinete han sido hombres y mujeres uniformados. IV. Un imperio económico Los estudios académicos indican que el presupuesto de defensa en dólares estadounidenses ha seguido aumentando bajo Maduro a pesar de la enorme contracción económica general desde 2013 y los indicios de que gran parte del nuevo equipo militar apenas está operativo. Pero el gasto en defensa es sólo una parte de la parte militar de la economía del país. Entre 2013 y 2017, Venezuela estableció unas catorce empresas militares en veinte sectores económicos, incluyendo la agricultura, la minería, el petróleo, la construcción, la banca, el turismo, los seguros y los medios de comunicación. Los oficiales ocupan puestos de responsabilidad en estos y otros negocios estatales. El capítulo venezolano de la organización internacional de la sociedad civil Transparencia Internacional, informó que en 2017 oficiales encabezaban al menos 60 de las 576 empresas estatales, entre ellas la petrolera PDVSA, cuyo presidente es el general Manuel Quevedo de la Guardia Nacional. El régimen ha asignado el control exclusivo sobre partes sensibles de la economía nacional a los comandantes militares. Los oficiales dirigen puertos clave y, en algunas partes del país, operan “zonas económicas militares especiales” libres del escrutinio público. Desde 2016, el Ministerio de Defensa ha supervisado la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un programa gubernamental para la producción y distribución de alimentos, medicinas y otros productos básicos en todo el país. Junto con el Ministerio de Alimentación, encabezado por generales a lo largo de la presidencia de Maduro, esta “misión” es responsable del programa CLAP que proporciona paquetes de alimentos subsidiados a seis millones de familias. Los medios de comunicación venezolanos e internacionales han denunciado la corrupción sistémica en el programa CLAP, así como su abuso en nombre del control social. Los militares también han estado activos en la industria minera desde 2016. En ese año, el régimen de Maduro estableció el Arco Minero del Orinoco en el sur de Venezuela, generando una fiebre del oro y un auge en la extracción de otros minerales (por ejemplo, diamantes y coltán) que han traído olas de violencia y daño ambiental a la región. Ha declarado el Arco como “zona económica militar”, dando a las fuerzas armadas control no sólo sobre la seguridad en y alrededor de las minas, sino también sobre la extracción de minerales a través de una empresa militar, CAMIMPEG. La rápida expansión de las actividades económicas ha permitido que muchos oficiales de alto rango ocupen puestos que no están relacionados con sus funciones militares básicas. Según la Constitución de 1999, el presidente es responsable de los ascensos militares de grado igual o superior al de coronel y de los nombramientos militares de alto rango. Las dictaduras chavistas han enfatizado repetidamente la lealtad por encima de la competencia a la hora de determinar estos ascensos. Los nombramientos partidistas y la necesidad de que cada vez más oficiales de alto rango ocupen puestos estatales o económicos han inflado las altas esferas: se estima que Venezuela tiene más de 2.000 generales y almirantes activos y jubilados, en comparación con los más de mil de las más de un millón de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Los nombramientos militares de Maduro en junio y julio sugieren que su prioridad es sofocar el descontento en el hinchado cuerpo de oficiales manteniendo un equilibrio entre camarillas rivales, al tiempo que se asegura de que las líneas de mando en esta estructura tan pesada permanezcan borrosas. Padrino López permanece como ministro de Defensa, mientras que el Almirante Remigio Ceballos continúa sirviendo como comandante operativo de las fuerzas armadas; ambos son considerados cercanos a Maduro. Pero el puesto de comandante de las Fuerzas Armadas, en realidad el tercer puesto más importante de las Fuerzas Armadas, lo ocupa ahora el general Alexis Rodríguez Cabello, un aliado cercano de la segunda figura más poderosa del régimen, Diosdado Cabello. Maduro replicó este acto de equilibrio en los nombramientos más bajos de la jerarquía, con la mayoría de los nombramientos asociados con la facción presidencial, mientras que una minoría significativa está vinculada a Cabello. V. Las inclinaciones políticas Las preferencias políticas de las fuerzas armadas son objeto de una amarga disputa. Guaidó ha declarado que entre el 80 y el 85 por ciento de los oficiales del ejército apoyan un cambio político, añadiendo que sólo los altos mandos siguen siendo leales a Maduro. Sin embargo, a pesar de los reiterados llamamientos a la ruptura de filas, hasta ahora sólo unos 1.400 oficiales han desertado a los vecinos Colombia y Brasil desde principios de 2019, durante todo el tiempo que duró la operación de ayuda humanitaria de la oposición prevista para el 23 de febrero. Otros 25 que participaron en el intento de golpe de abril han pedido asilo en Brasil. Los salarios son una causa importante de descontento. El ejército venezolano está entre los peor pagados del mundo, haciéndose eco de la calamidad económica nacional: a los tipos de cambio actuales, los salarios de un general no superan los 10 dólares mensuales, mientras que los de los soldados de bajo rango son ligeramente superiores a los 2. Los bajos salarios, en combinación con los masivos intereses económicos de los militares, crean condiciones perfectas para la corrupción y el enriquecimiento ilegal. Un oficial de bajo rango que renunció recientemente explicó que los oficiales de rango medio “luchan con uñas y dientes” para ser nombrados en puestos administrativos que ofrecen acceso a recursos, mientras que los puestos dedicados al mando y entrenamiento de tropas despiertan mucho menos interés. Los controles de la corrupción no existen dentro de las fuerzas armadas, dijo, y la oportunidad de obtener ganancias ilícitas depende de las conexiones y la influencia política. Por otra parte, los controles sobre las actividades supuestamente subversivas dentro de las fuerzas armadas son draconianos. Las organizaciones locales de derechos humanos informan que al menos 100 soldados son prisioneros políticos. Como todos los prisioneros en Venezuela, son sometidos a tortura y malos tratos, como lo ha documentado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A finales de junio, tras su detención acusado de conspiración contra el régimen de Maduro, el capitán de navío Rafael Acosta Arévalo murió a causa de las torturas que se le infligieron. Pero, para muchos oficiales, las actitudes políticas están arraigadas en los principios y la tradición, más que en los temores y las perspectivas materiales. La mayoría de las fuerzas armadas parecen preferir evitar los riesgos de intervención armada en la vida política nacional, conscientes de que los seis golpes de Estado desde el final de la última dictadura militar han fracasado. Un analista político y ex miembro de las FANB le dijo a Crisis Group que después de casi dos décadas de imbuir la doctrina militar chavista, era poco probable que muchos soldados siguieran perteneciendo a la vieja escuela “institucionalista”, que sostenía que las fuerzas armadas eran en su mayoría apolíticas y estaban subordinadas al gobierno civil. Esta filosofía ayudó a Venezuela a mantenerse libre después de 1958 de las dictaduras militares que barrieron América Latina. Hoy en día, los funcionarios entienden su papel como un papel más amplio, que comprende la defensa, el desarrollo y la soberanía del país. Pero muchos de ellos también consideran la mala gestión económica del régimen de Maduro como la antítesis de esta misión. Estos oficiales están alarmados por las recientes encuestas que muestran que la popularidad de las fuerzas armadas está cayendo en picado, ya que más del 85 por ciento califica a la institución como desfavorable. Aun así, el desagrado de los altos funcionarios hacia el régimen y su voluntad de participar en actividades políticas no se han traducido en un apoyo generalizado a cualquier intento de golpe de estado. Los esfuerzos de la oposición a principios de este año para persuadir a los oficiales superiores a desertar al campamento de Guaidó sobre la base de ofertas de amnistías individuales por crímenes cometidos en el pasado les pareció a muchos oficiales una maniobra insultante que servía principalmente a los intereses de Estados Unidos. Desde entonces, los diplomáticos estadounidenses han admitido que la estrategia no ha logrado tranquilizar a los oficiales sobre los beneficios de una transición. En cambio, la mayoría de las fuerzas armadas parecen haber mantenido una actitud conservadora a favor del statu quo, prefiriendo evitar los riesgos de una intervención armada en la vida política nacional, no sólo por los peligros que corren, sino también porque son conscientes de que los seis golpes de Estado desde el final de la última dictadura militar han fracasado. Los soldados descontentos “no se convierten en partidarios de la oposición”, señaló el ex oficial. Varios oficiales de bajo rango consultados por Crisis Group observaron que el ministro de Defensa Padrino López estaba claramente comprometido con el chavismo y era personalmente leal a Maduro, pero que también respetaba la constitución y defendía el papel institucional de las fuerzas armadas contra los esfuerzos por convertir a los militares en protagonistas de las batallas políticas de Venezuela. Un ejemplo de ello es su insistencia en 2015 en que se respeten los resultados de las elecciones legislativas, que el régimen perdió. Padrino López ha ocupado el cargo durante cinco años, más que nadie desde que Chávez subió al poder. Su capacidad para gestionar el funcionamiento interno del ejército y las crecientes exigencias que se le imponen refuerzan su legitimidad percibida. Después de desertar en abril, Cristóbal Figuera escribió una carta a Padrino López reconociendo el liderazgo del general pero urgiéndole a servir “en el camino de la reconstrucción del país”. Desde entonces, Padrino López ha emitido con mayor frecuencia votos de lealtad al régimen, en particular tras las afirmaciones sobre su papel clandestino en el intento de golpe de Estado del 30 de abril, pero sus declaraciones pueden parecer a menudo calculadamente ambiguas. A mediados de agosto, pidió a la oposición que volviera a las negociaciones, a pesar de que el régimen se había retirado, una de las varias ocasiones en las que parecía estar enviando un mensaje codificado al régimen. Su respuesta a las acusaciones colombianas de que Venezuela estaba detrás del rearme de los disidentes de las FARC también fue notablemente menos belicosa que la de los políticos civiles. Cuando Maduro anunció la “alerta ámbar” a lo largo de la frontera, Padrino estaba visiblemente ausente, habiendo sido enviado de visita oficial a Nicaragua. Algunos comentaristas creen que la relación entre los dos hombres es algo tensa, a pesar de la ratificación de Padrino como ministro. Las alianzas cambiantes de Venezuela bajo el dominio chavista también han dado forma a nuevas afinidades geopolíticas dentro de las fuerzas armadas. Estados Unidos, una vez una de las principales fuentes de equipo militar de Venezuela, prohibió todas las transferencias comerciales de armas al país en 2006, argumentando que Caracas no había cooperado con los esfuerzos antiterroristas. Desde que la prohibición estadounidense entró en vigor, Rusia se ha convertido en uno de los aliados militares más cercanos de Venezuela, distribuyendo entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en equipo militar, incluyendo rifles de asalto, aviones de caza, tanques y sistemas de misiles, entre 2004 y 2012. Las maniobras militares conjuntas, el uso naval ruso de los puertos e instalaciones venezolanos y el envío de cerca de 100 efectivos militares rusos a Venezuela en marzo, al parecer para realizar tareas de mantenimiento del equipo militar, subrayan la proximidad entre los dos altos mandos. Sin embargo, es la influencia de Cuba sobre la inteligencia y la contrainteligencia militar de Venezuela la que tiende a despertar la indignación de la oposición, aunque el alcance exacto de la huella cubana es difícil de determinar y a menudo está distorsionado con fines políticos. La experiencia cubana ha sido fundamental para ayudar al régimen de Maduro a perfeccionar su habilidad para detectar señales de rebelión militar. Los cubanos también se encargan de la seguridad personal del presidente, estimada entre quince y veinte guardias. Fuentes de la oposición en Venezuela y del gobierno de Estados Unidos dicen que puede haber 25.000 efectivos de seguridad cubanos en el país, aunque la dictadura de Cuba ha negado participar en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Por su parte, el ex jefe de inteligencia Cristopher dijo en una entrevista reciente que el papel de Cuba dentro de los servicios de inteligencia militar es “un mito”. Otros funcionarios del gobierno anterior y actual también descartan las afirmaciones de que los cubanos ejercen una influencia tan amplia. VI. Los militares y las negociaciones A pesar de la insistencia de Noruega en que ambas partes eviten las declaraciones públicas sobre las conversaciones, fuentes del gobierno y de la oposición indican que la agenda ha consistido en seis puntos. Entre ellas figuran la duración del mandato restante de Maduro; el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional y la reducción de la función de la Asamblea Constitucional Nacional; las fechas de las posibles elecciones; el contenido de las reformas electorales y la composición de una nueva junta directiva para el Consejo Nacional Electoral; y el levantamiento de las sanciones internacionales, junto con las reformas económicas y de derechos humanos. A largo plazo, el compromiso de las fuerzas armadas con un proceso de paz sería necesario para garantizar que ninguno de los diversos grupos armados no estatales del país represente una amenaza importante para la seguridad a medida que avance la transición. Todos los negociadores han sido políticos civiles activos o jubilados cercanos a Maduro o Guaidó. Una posible debilidad notable del proceso hasta ahora es la ausencia de representantes militares. Tampoco parece que se haya discutido el papel de los militares en una posible transición, a pesar de que el consentimiento militar sería crucial para su éxito y para la estabilización económica. A largo plazo, el compromiso de las fuerzas armadas con un proceso de paz sería necesario para garantizar que ninguno de los diversos grupos armados no estatales del país represente una amenaza importante para la seguridad a medida que avance la transición. Este riesgo, una vez más, se ve agravado por el anuncio de un nuevo grupo de disidentes de las FARC, posiblemente con sede en Venezuela, lo que podría conducir a un empeoramiento de la disputa fronteriza con Colombia. Si el régimen se aferra a su decisión de no incluir a los militares en futuras conversaciones, se corre el riesgo de que los negociadores confundan la representación política formal con el equilibrio de poder real. Los políticos pueden simplemente esperar que las fuerzas armadas apoyen cualquier eventual acuerdo entre las dos partes. Pero en Chile, tras la salida del dictador Augusto Pinochet en 1990, y en Nicaragua tras las elecciones de ese mismo año, las negociaciones con los militares resultaron ser un elemento esencial para garantizar la estabilidad. En ambos casos, las fuerzas políticas tuvieron que hacer concesiones con respecto al papel de los militares en el futuro del país, su relativa independencia del control civil y la continuación de algunos privilegios económicos. Un acuerdo viable para una transición política en Venezuela deberá, con toda probabilidad, incluir disposiciones detalladas de este tipo sobre el papel de las fuerzas armadas en la transición y posiblemente dentro de un gobierno interino; un plan a medio plazo para salvaguardar la autonomía militar y las perspectivas de carrera de los oficiales; y objetivos a largo plazo con respecto a la transformación de una institución partidista en una institución apolítica bajo estricto control civil. Con la presencia de las fuerzas armadas en la mesa de negociaciones, las partes podrían elaborar planes relativos a las estructuras de mando de las fuerzas armadas, los procesos de toma de decisiones y las tareas operacionales durante la fase de transición, a fin de evitar que las fuerzas armadas se utilicen con fines políticos. Al abordar explícitamente el papel de las fuerzas armadas durante y después de una transición, el régimen y la oposición pueden aumentar las probabilidades de que todas las partes respeten un acuerdo y que ninguna facción militar intente descarrilarlo. Los debates también deberían extenderse a la cuestión de la proliferación de grupos armados no estatales o de milicias cuasi-estatales. El compromiso de las fuerzas armadas de pacificar el país y restaurar su monopolio sobre la fuerza legítima será esencial para evitar un conflicto prolongado y de baja intensidad en el que participen paramilitares chavistas, guerrilleros colombianos y bandas del crimen organizado, especialmente en el caso de un traspaso de poder. Garantizar el apoyo de los militares a esta misión de estabilización a condición de que permanezca subordinada al control civil y regida por estrictas normas de derechos humanos será un elemento crucial en la planificación de un futuro pacífico en Venezuela. Al abordar explícitamente el papel de las fuerzas armadas durante y después de una transición, el régimen y la oposición pueden aumentar las probabilidades de que todas las partes respeten un acuerdo y que ninguna facción militar intente descarrilarlo. Tener en cuenta las verdaderas relaciones de poder en el país es un requisito previo esencial para el éxito de las conversaciones de paz. Ignorarlos es arriesgarse a repetidas muestras de disidencia armada por parte de soldados fuertemente politizados. NoticiasIsrael