El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, arremetió contra un fiscal y una jueza que permitieron que pueda volver a quedar en libertad Junior Roldán, al que el mandatario identificó como el número dos de Los Choneros, una de las bandas criminales protagonistas de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
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En un mensaje a la nación, Lasso advirtió que, “ahora, un fiscal corrupto y una mala jueza pretenden liberar a uno de los delincuentes más peligrosos del país”, capturado el pasado 15 de diciembre cuando era escoltado por más de 30 hombres armados a su salida de prisión, luego de obtener una libertad condicional.
Producto de ese operativo donde fue detenido Roldán junto a su numerosa guardia armada, en la que estaba un marino de la Armada de Ecuador, el cabecilla de Los Choneros fue denunciado junto a los demás por presunto tráfico ilícito de armas de fuego.
Sin embargo, el fiscal Julio Sánchez no formuló acusación contra Roldán al considerar que existen inconsistencias en los informes de la Policía y al entender que no hay suficientes indicios de convicción para sentarlo en el banquillo de los acusados.
Ante la decisión de este fiscal, la jueza María Guzmán, de la Unidad Multicompetente en Materia Penal de la parroquia de La Aurora, en el cantón (municipio) Daule, resolvió “con inusitada celeridad”, según Lasso, dejar en libertad a Roldán, junto a varios de los demás detenidos.
UNA VEINTENA DE PROCESOS
“¿A quién se le puede ocurrir liberar a tal delincuente?”, se preguntó el jefe de Estado sobre Roldán, quien además de tener una condena de 27 años de cárcel por asesinato, también tiene 20 procesos por asesinatos, tráfico de armas y químicos, delincuencia organizada y robo.
“Vamos a seguir combatiendo a corruptos, malos jueces y antipatrias”, afirmó Lasso, tras anunciar que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha ordenado la captura del fiscal Julio Sánchez, quien actualmente se encuentra prófugo y en busca y captura por parte de la Policía.
El magistrado no ha sido localizado ni en su domicilio ni en las oficinas de la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), ubicadas en la ciudad portuaria de Guayaquil.
NO ACATAN ORDEN DE MOMENTO
Por su parte, en una conferencia de prensa, el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Salinas, manifestó el rechazo de su institución a este tipo de decisiones que “afectan el arduo y valiente trabajo en la lucha diaria del Estado contra los grupos delincuenciales organizados”.
Salinas señaló que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, el ente estatal que administra y controla las 35 prisiones de Ecuador, no procederá a liberar a Roldán hasta que sepan con claridad su situación jurídica por parte de los magistrados a los que se les ha hecho consultas.
“No podemos permitir la impunidad. Todo el Ecuador fue testigo de un operativo policial en el que se encontraron personas que estaban en grupo, con armas de fuego y otros elementos. Por lo tanto, esperamos la acción contundente de la Justicia”, señaló Salinas.
En los últimos meses las acciones violentas de las bandas de crimen organizado se han recrudecido en Ecuador, especialmente en Guayaquil, señalada por el Informe Mundial de las Drogas de Naciones Unidas como una de las grandes puertas de Suramérica para la salida de cocaína hacia Europa.
Estas bandas también están detrás de la crisis carcelaria que ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en diversas y periódicas matanzas entre grupos rivales que se disputan el control interno de los centros penitenciarios.
