Venezuela está llevando a cabo su campaña militar más organizada en años contra lo que asegura es un grupo criminal que opera dentro de su frontera cerca de Colombia. El conflicto ha obligado a más de 5.000 venezolanos a huir. Tanto la ONU como diferentes ONGs han denunciado graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en Venezuela contra civiles.
RL / Idaed / Mundo.es
El avance de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de las Fuerzas Especiales de la Policía de Nicolás Maduro (FAES) en la zona de combate fronteriza ha provocado las primeras denuncias de ejecuciones, ametrallamiento de viviendas familiares desde helicópteros y saqueos contra la población civil. Los reportes militares chavistas, en cambio, aseguran que durante los seis días de enfrentamientos contra guerrilleros rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se oponen a los aliados de Caracas. han neutralizado a “cinco terroristas”.
La denuncia de más peso la ha realizado Isabel Remolina tras el asesinato de cinco familiares en La Victoria, epicentro de los enfrentamientos y el municipio donde los guerrilleros dinamitaron la aduana. Sus palabras fueron recogidas por un periodista local: “Fueron asesinados vilmente ayer en La Victoria, en el barrio 5 de Julio. Fueron sacados mis familiares por grupos del FAES del gobierno bolivariano, que revisaba todas las casas en el sector. Se metían a las casas supuestamente buscando guerrilleros.
A mis familiares se los llevaron y aparecieron tirados en el campo, uniformados con los uniformes de los grupos irregulares. A mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas, armas. A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera, a su esposo también. A su cuñado también, gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, gente que se dedicaba al trabajo de campo, como mi tío Emilio Ramírez y mi tía, Luz Dey”.
Naciones Unidas ha reclamado en reiteradas ocasiones la disolución de las FAES, defendidas y potenciadas por el “hijo de Chávez”pese a que la ONU las considera batallones de exterminio. “Todo indica que estaríamos ante una nueva masacre en un contexto de crímenes de lesa humanidad en Venezuela“, protestó Provea, prestigiosa ONG de derechos humanos.
“Se asemeja a la (histórica) masacre de El Amparo en 1988, perpetrada por policías y militares donde se asesinó a 14 pescadores y se presentaron como guerrilleros”, añadió el activista Marino Alvarado.
“La opacidad que impera en el conflicto de Apure facilita que hechos como este, que han ocurrido permanentemente como patrón en Venezuela, se repitan. Exigimos investigaciones serias con resultados públicos“, insistió Javier Tarazona, director de FundaRedes.
Una opacidad que salta hecha añicos por los testimonios de los miles de desplazados que cruzan el río hasta el municipio colombiano de Arauquita huyendo de los desmanes gubernamentales. A primeras horas del día cruzaban las canoas cargadas de gente con sus pocos enseres, hasta los cerdos se llevaban ante el temor de ser saqueados por los militares.
“Continúa la dictadura mintiendo sobre el ataque a la soberanía más grave perpetrado por las FARC en años“, protestó el presidente encargado, Juan Guaidó, apoyado en un vídeo viral en el que Maduro invitaba a Venezuela a los jefes guerrilleros Iván Márquez, un habitual del Palacio de Miraflores desde la llegada al poder de Hugo Chávez, y Jesús Santrich.
Las alianzas del chavismo con ambos guerrilleros y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el más fuerte en la zona, explican qué está ocurriendo en la frontera con Colombia. Las fuerzas militares venezolanas apoyan a las FARC en su lucha contra las disidencias comandadas por Gentil Duarte en una zona geoestratégica clave para el narcotráfico.
“Por más fábulas y cuentos de camino que fabrique la prensa de la derecha mundial, la FANB defenderá la soberanía de Venezuela y expulsará a cualquier grupo irregular armado colombiano de nuestro territorio. La canalla mediática da signos de desespero“, pontificó Jorge Arreaza, canciller chavista.
