El informe, elaborado por la comisión para derechos humanos y atención a las víctimas designado por el presidente interino Juan Guaidó, indica que pudo confirmar “estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas”.

RL / Idaed / Infobae

“Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la señora Michelle Bachelet desde la oficina de la alta comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos). Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana”, subraya.

El reporte añade que han observado “que las víctimas arbitrariamente ejecutadas en el año 2020 fueron en su totalidad hombres jóvenes, generalmente no mayores de 50 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos y habitantes de zonas populares con altas tasas de delincuencia”.

Además, aseguran que “todas las ejecuciones extrajudiciales fueron justificadas en las versiones oficiales asegurando que las muertes se produjeron en el contexto de presuntos ‘enfrentamientos con antisociales’ o de ‘resistencia a la autoridad’”.

También documentaron 232 “detenciones arbitrarias identificadas” en el 2020, además de tener “noticias” de otros 106 casos de personas que también habrían sido arrestadas. “No obstante, estas últimas se han excluido del conteo total debido a que no pudieron ser plenamente identificadas”, añade el reporte.

De ellos, 134 eran miembros de la sociedad civil, 42 trabajadores de la prensa, 23 profesionales de la salud, 14 defensores de derechos humanos, 11 miembros del equipo de Guaidó “y personas cercanas”, cuatro diputados y dirigentes políticos y cuatro agentes estatales.

En esta práctica, indica el informe opositor, participaron “diversos cuerpos de seguridad del Estado, frecuentemente adscritos” a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las FAES. “Es importante resaltar que un alto número de detenciones arbitrarias fueron cometidas en contextos de manifestaciones pacíficas”, concluye el documento.

La ONU, por su parte, reportó a mediados de mayo que las prácticas continúan en 2021.

Este grupo, constituido en 2019, determinó el pasado mes de septiembre que las autoridades y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

La entidad ha continuado con su trabajo desde entonces e indicó que identificó “más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Valiñas citó ejemplos como la operación policial que en enero se llevó a cabo en el barrio caraqueño de La Vega, “una de las más letales hasta la fecha”, en la que participaron 650 agemtes de las FAES y donde se perpetraron varios de los asesinatos reportados.

En su informe sobre la crisis venezolana, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, había pedido la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, consideradas por Estados Unidos como grupo terrorista.