La retirada del Convenio de Estambul, demostrando así su falta de compromiso para prevenir la violencia contra las mujeres; juicios como el de Büyükada y encarcelamientos como los de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes, que muestran la voluntad de Erdogan de reprimir la protesta y la disidencia, son algunos ejemplos de la deriva de Turquía que el presidente Pedro Sánchez debe abordar en su próximo encuentro con su homólogo turco durante la VII Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.  

IDAED / Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente del Gobierno español para presentar algunos de los principales motivos de preocupación que tiene sobre Turquía.
“El permanente retroceso en la situación de los derechos humanos en Turquía, iniciado a raíz del intento de golpe de Estado de 2016 y  agravado a pesar de que ya en 2018 se levantó el estado de excepción, ha supuesto la incorporación a la legislación del país de numerosas disposiciones jurídicas que limitan el activismo pacífico, la libertad de expresión y de prensa y el derecho de manifestación y reunión pacíficas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La organización recuerda que también han entrado en vigor disposiciones antiterroristas excesivamente difusas que se utilizan para reprimir cualquier voz crítica en el país con acusaciones genéricas. De este modo se ha condenado o internado en prisión provisional por cargos relacionados con el “terrorismo” y sin pruebas, a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, profesionales de la abogacía y de la judicatura, académicos y opositores políticos, entre otros colectivos.

“El plan de acción en materia de derechos humanos adoptado recientemente por Turquía es insuficiente, y no llega a abordar las principales deficiencias de la situación de los derechos humanos y el estado de derecho”, denuncia Beltrán.

Por eso, Amnistía Internacional destaca los siguientes motivos de preocupación:

1. La decisión del Gobierno de Turquía de retirarse del Convenio de Estambul, alejándose así de las normas internacionales y poniendo gravemente en cuestión sus compromisos de prevención de la violencia contra las mujeres y de promoción de los derechos de las mujeres. Es necesario resaltar que la violencia contra las mujeres ha aumentado en Turquía durante la pandemia y existe una elevada tasa de feminicidios en el país. El Gobierno de España debe trasladar a las autoridades de Turquía que reconsideren dicha retirada.
2. El desarrollo del llamado juicio de Büyükada, en el que cuatro defensores y defensoras de derechos humanos (Taner Kiliç, Idil Esser, Günal Kurşun y Özlem Dalkiran) han sido condenados por cargos relacionados con terrorismo, pese a la ausencia absoluta de pruebas de actividad delictiva y el hecho de que las acusaciones han sido refutadas reiteradamente, incluso por las propias pruebas aportadas por la Fiscalía. El caso se encuentra en la Corte de Casación que podría emitir su fallo en cualquier momento. Estas condenas deben ser anuladas, y se debe poner en libertad a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogados, académicos y otras personas que han sido detenidas con cargos falsos.
3. La situación de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş, cuya liberación ha pedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sendos fallos. Demirtaş es un antiguo dirigente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) que lleva casi cinco años en prisión preventiva. Por su parte, Osman Kavala es una figura destacada y respetada de la sociedad civil que lleva cuatro años en prisión preventiva por cargos falsos. El Comité de Ministros del Consejo de Europa informó el pasado 17 de septiembre que iniciaría un procedimiento de infracción contra Turquía si Osman Kavala no era puesto en libertad inmediatamente. AI pide al gobierno de España que vote a favor de tal procedimiento en la próxima reunión que se celebrará entre el 30 noviembre y el 2 de diciembre, ya que se requiere de la votación favorable de 32 países.
4. La violenta represión de las protestas derivadas del nombramiento por parte del Gobierno del rector de la Universidad Boğaziçi, Dr. Melih Bulu, en la que se produjo una detención masiva de estudiantes y un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía al considerar terroristas a los manifestantes (principalmente estudiantes, antiguos alumnos y académicos).
5. Las medidas que restringen desproporcionadamente la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información en Turquía, con el objetivo de acallar las críticas, y, en concreto, el abuso sistemático del artículo 299 del Código Penal (referido a insultos al presidente) para perseguir a escritores, reporteros y columnistas.
6. La condena a seis años de prisión impuesta a la veterana abogada de derechos humanos Eren Keskin por “pertenencia a una organización terrorista armada”, en la causa relacionada con el periódico Özgür Gündem, cerrada en 2016.
7. La necesidad de que se aclare la suerte de los cientos de personas desaparecidas en Turquía y se dé por fin una respuesta a las Cumartesi Anneleri (“Madres de los Sábados”), que se han reunido ya más de ochocientas veces en una plaza pública para pedir justicia por sus seres queridos. Se deben abrir investigaciones efectivas sobre las denuncias persistentes y creíbles de desapariciones forzadas, de tortura y maltrato bajo custodia y que se exijan cuentas a los responsables.
8. La Ley de Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 7262), que entró en vigor el 31 de diciembre de 2020. Teóricamente se redactó para cumplir con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU y como respuesta a un informe de 2019 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero excede ampliamente el objetivo de prevenir la financiación del terrorismo y la proliferación de armas y está afectando gravemente la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se debe revisar, derogar o modificar sustancialmente.