La empresa pública que gestiona el petróleo de Venezuela, PDVSA, contrató por 8,8 millones de euros al bufete de Baltasar Garzón debido a sus buenas relaciones con el chavismo y por recomendación del despacho Squire Patton Bogss, que defendió a un sobrino de Nicolás Maduro procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
RL / Idaed / theobjective
El escrito oficial de PDVSA desvelado en exclusiva por THE OBJECTIVE y en el que se autoriza la contratación de Ilocad incluye el siguiente párrafo: «Para adelantar una acción legal, tanto civil como penal, el despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales y específicamente el Dr. Alfredo Anzola, ha identificado en España el despacho Ilocad SL, ubicado en la ciudad de Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han mantenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha».
El escrito no detalla en qué consisten esas buenas relaciones contractuales previas entre el despacho Ilocad y el chavismo ni por qué Squire Patton Boggs juzga que de todos los bufetes españoles el más cualificado es el del «prestigioso» Garzón. Tampoco explica qué labor ha hecho el bufete estadounidense para Venezuela para que su recomendación sea decisiva. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto tanto con Ilocad como con Alfredo Anzola para recabar sus versiones, pero no se ha obtenido respuesta.
Squire Patton Boggs, además de llevar pleitos de PDVSA o sus filiales, pilotó la defensa en 2015 de un pariente del presidente venezolano acusado de narcotráfico en EEUU. Se trata de Efraín Campos Flores, uno de los dos ‘narcosobrinos’ de la esposa de Maduro que han sido condenados a 18 años de prisión por intentar introducir 800 kilogramos de cocaína en el país.
En el caso de Campos Flores intervinieron tres letrados de dicho bufete, desde el 8 de noviembre de 2015 hasta el 17 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que el sobrino de Maduro solicitó la renuncia de sus defensores. Entre ellos figuraba Alfredo Anzola, el letrado que recomendó a PDVSA contratar al despacho del «prestigioso» Garzón.
Campos Flores no explicó nunca por qué renunció al despacho norteamericano vinculado a PDVSA, pero se especuló con diversos motivos: las implicaciones del bufete con el gobierno de Venezuela, presidido por la familia directa del acusado. Pero había otro motivo: EEUU exige conocer el origen de los fondos recibidos por los bufetes en caso de narcotráfico para evitar el uso de dinero sucio. Squire Patton Boggs dijo haber trabajado gratis. Luego, tras declararse insolvente el sobrino y pedir abogado de oficio, se incorporaron a su defensa dos exfiscales del bufete Boies, Schiller & Flexner.
Pese a ello, un empresario venezolano y contratista del estado bolivariano, Wilmer Ruperti, se jactó en 2016 de haber pagado las costas de dicho proceso. Y se da la circunstancia de que Ruperti financió a Ilocad ese mismo año con 1,8 millones de euros (dentro de una minuta más amplia) para defender al general Hugo Carvajal de los intentos de extradición a EEUU tras ser detenido en Aruba.
Distribución de drogas
Los ‘narcosobrinos’ de Cilia Flores, la esposa de Maduro, no eran unos traficantes cualesquiera. En el juicio celebrado en noviembre pasado, un jurado vio su complot como una conspiración masiva de distribución de drogas. Según la sentencia, a partir de agosto de 2015 los sobrinos «trabajaron con otros en Venezuela, México, Honduras y otros lugares, incluido un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización terrorista, en un esfuerzo por despachar grandes cargas de cocaína a través de aviones privados desde las instalaciones controladas por el presidente venezolano en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela».
Las comunicaciones electrónicas interceptadas en los teléfonos de los acusados también demostraron, entre otras cosas, que habían participado en un plan para solicitar sobornos a los deudores de la empresa estatal PDVSA a cambio de promesas de que un primo, Carlos Erik Malpica-Flores, haría que PDVSA aprobase y pagase determinadas deudas.
El caso de los narcosobrinos pivota sobre el baúl de secretos del extraditable Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. Su oferta de confesiones sobre la guerrilla colombiana o las actividades criminales de Irán o Hezbolá se mira con desdén desde la justicia española. Pero tales aventuras terroristas las financió el régimen bolivariano con la droga para desestabilizar al imperio yanqui, según figura en los informes de
EEUU. El narcotráfico es el señuelo que pone EEUU para extraditarlo y extraerle precisamente esos secretos: la guerra sucia de Caracas. Y Carvajal es un testigo de excepción.
